ALICANTE. Un trámite administrativo puede tener la culpa. El Decreto de Sequía de la cuenca del Segura, que faculta al Gobierno para adoptar medidas extraordinarias desde que se aprobó en 2015, vence a finales de mes, el próximo domingo. Si no se prorroga antes, esas medidas dejarán de tener vigor. Y entre ellas se cuenta una fundamental para los agricultores alicantinos: la posibilidad de bonificar el precio del agua desalada a la que están obligados a recurrir.
La última vez que se prorrogó el Decreto fue el 22 de septiembre de 2017, para extender su vigencia al año hidrológico 2017/18, que termina este domingo. El 1 de octubre empezará el nuevo, y si no se ha prorrogado el Decreto, las medidas excepcionales que habilitaba dejarán de estar en vigor. La Comisión Provincial del Agua de Alicante, formada por representantes de la Diputación, ayuntamientos, instituciones, regantes y técnicos, tiene previsto pedir al Gobierno la citada prórroga en su reunión del próximo martes, pero para entonces el Consejo de Ministros que se celebra este viernes ya debería haber adoptado una decisión.
El pasado mes de junio, de hecho, ya con la actual ministra de Medio Ambiente (ahora Transición Ecológica), Teresa Ribera, el Ejecutivo inició los trámites para aprobar la prórroga, que sería la cuarta. En un comunicado, el Ministerio señaló que "la prórroga está condicionada a la evolución de la situación", y no parece que esta haya cambiado demasiado: el Segura es la cuenca que menos volumen de agua almacena, con 258 hectómetros el pasado lunes (el 22,6% del total de su capacidad, que es de 1.140).
La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), el órgano dependiente del Ministerio que administra la cuenca y que desde el cambio de Gobierno preside Mario Urrea, ya ha pedido al Ejecutivo que prorrogue las medidas. El propio Urrea señaló el pasado día 3, en un encuentro con el consejero murciano de Agricultura, que era fundamental que el Gobierno prorrogase las medidas antes del 30 de septiembre, fecha en la que termina el año hidrológico en curso. Lo que va a aprobar la Comisión del Agua (o al menos, está en el orden del día de su reunión) es sumarse a esa petición.
Porque fuera de las medidas excepcionales, el Gobierno no podría subvencionar el agua desalada, tal como está haciendo en la actualidad, y el precio final para los usuarios de la planta de Torrevieja se dispararía. La Directiva Marco del Agua de la Unión Europea impide bonificar la desalación, tal como advirtió la exministra Isabel García Tejerina durante una visita a la provincia el pasado mes de marzo. Según dijo entonces, Bruselas ya ha llamado la atención a España por este motivo, aunque confiaba en poder mantenerlas a corto plazo por las medidas excepcionales del Decreto. Desde que entraron en vigor y hasta ese momento, el Gobierno ha pagado 17 millones de euros para bonificar el precio del agua producida en Torrevieja y las dos plantas de Alicante, según dijo.
El diputado provincial de Ciclo Hídrico y vicepresidente de la Comisión del Agua, Francisco Sáez, consideró en declaraciones a Alicante Plaza que "la prórroga del Decreto es fundamental, porque el Segura y el Júcar son las dos cuencas que menos volumen almacenan, y porque es una herramienta que permite bonificar el agua desalada". Otras medidas que permite ejecutar este decreto son la regulación de pozos de sequía en la cuenca, y una mayor inversión en infraestructuras hídricas para mejorar la distribución del caudal. "Si no se prorroga, estamos muertos", señaló.
El decreto, según el diputado provincial, "no es la solución, pero sí una ayuda muy importante" para los agricultores y ayuntamientos de la provincia, especialmente los que están dentro de la cuenca del Segura. "También regula las cesiones de derechos dentro de la cuenca" (la posibilidad de que una comunidad de regantes ceda parte de sus derechos a otra si así lo acuerdan), "aunque lo ideal sería que la permitiese también entre cuencas, dado que en la provincia estamos divididos entre el Segura y el Vinalopó". En cualquier caso, lo más probable es que si el Consejo de Ministros aprueba la prórroga, lo haga en los mismos términos que el Decreto original.
Por otra parte, Sáez recordó que este mismo miércoles la Comisión de Medio Ambiente de la Diputación aprobó la concesión de ayudas a trece comunidades de regantes de la provincia para subvencionar obras necesarias. En total, la institución provincial ha destinado más de 600.000 euros a este capítulo. "Todas las solicitudes han sido atendidas", destacó el diputado de Ciclo Hídrico.