ALICANTE. La polémica suscitada a cuenta de la adjudicación de las 140 viviendas de protección pública (VPP) de promoción privada construidas sobre un solar del distrito de Playa de San Juan subastado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022 suma nuevos elementos que, previsiblemente, acabarán desencadenando en la apertura de un proceso judicial. Cuando menos, así lo interpretan tanto los representantes de la plataforma Sumar en la Comunitat, como el grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante, que ya han dado traslado de la información conocida hasta el momento para que se determine si en el desarrollo de esa promoción pudo concurrir algún tipo de delito.

A grandes rasgos, los dos escritos coinciden en señalar las mismas presuntas anomalías. El escrito registrado por Sumar el pasado viernes ante la Fiscalía Anticorrupción en Madrid alude a la posible existencia de desviación de poder, tráfico de influencias y prevaricación administrativa, al margen de remarcar la posibilidad de que la exdirectora general de Organización Interna, hubiese incumplido el deber de abstención al no apartarse del expediente en su etapa como jefa del área de Contratación (el puesto que ocupaba en el momento en el que se subastó el solar de la promoción, y al que ha regresado ahora) a la vista de que sus dos hijos y un sobrino habrían sido compradores de esas viviendas como socios cooperativistas.

Por su parte, el escrito del PSOE, presentado ante la Fiscalía Anticorrupción de Alicante este lunes, señala la existencia de indicios la comisión de hasta cinco delitos distintos: los de prevaricación administrativa, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y conflicto de intereses, estafa, fraude a la Administración y fraude de ley con relevancia penal, como ya ha informado este diario. Además, señala a los posibles responsables de su hipotética comisión. Se trataría de la exconcejal de Urbanismo, Rocío Góméz (también adquiriente de uno de los pisos); contra la exdirectora general de Organización Interna; contra el arquitecto municipal (también socio cooperativista); contra el administrador único de Fraorgi (la sociedad gestora de la cooperativa) y contra los miembros que formaban parte de la Junta de Gobierno tanto en 2022, cuando se aprobó la adjudicación de la subasta en favor de la cooperativa, como en febrero de 2025, cuando se aprobó una última modificación contractual respecto a ese acuerdo de adjudicación.

A esas dos denuncias debe sumarse ahora la anunciada este lunes por la propia Conselleria de Vivienda, después de constatar, en una segunda revisión del proceso de comprobaciones de las condiciones de los solicitantes, que uno de los funcionarios encargados de asumir esa tarea había validado el contrato de su propia esposa -que, además, trabaja como arquitecta en el Ayuntamiento de Alicante- obviando que él formaba parte de la unidad familiar y que, en consecuencia, sus ingresos también debían computar a la hora de valorar si se superaba en 6,5 veces el IPREM: el indicador económico de referencia para la compra de VPP. En esta línea, al margen de abrir un expediente disciplinario con suspensión de empleo y sueldo, el departamento autonómico prevé trasladar también los hechos a la Fiscalía para que depure posibles responsabilidades penales.

Ahora será la Fiscalía quien determine si procede abrir diligencias previas de indagación a partir de la información incorporada en esos escritos, al margen de la investigación interna ordenada por el alcalde de Alicante, Luis Barcala, el pasado miércoles, con el fin de desentrañar si pudo cometerse algún tipo de irregularidad en la tramitación del expediente relacionado con la subasta del suelo y con el contrato de adjudicación. Es decir, la única intervención sobre la que tendría responsabilidad el Ayuntamiento, al margen de la concesión de licencia para el desarrollo de las obras de la promoción.

A esa averiguaciones también podrían sumarse las que pudiesen desprenderse de los trabajos a desarrollar en las comisiones de investigación solicitadas por los grupos parlamentarios de PSPV-PSOE y Compromís en les Corts, y por los grupos del eje progresista (PSOE, Compromís y EU Podem) en el Ayuntamiento de Alicante, quienes también han registrado una solicitud para que se celebre un pleno extraordinario en el que el alcalde ofrezca explicaciones adicionales a las ya anticipadas hasta ahora.

Alquileres, ventas, evaluaciones...

Por lo pronto, lo cierto es que todavía existirían varias cuestiones por esclarecer, a partir de la información que se ha ido conociendo hasta el momento. Entre ellas, si los socios cooperativistas que compraron esas viviendas pueden haber promovido su alquiler a terceros, como alertó este lunes el grupo municipal de Compromís, a la vista de los anuncios publicados en portales inmobiliarios, lo que constituiría un incumplimiento respecto a las condiciones que rigen para los propietarios de una VPP toda vez que esas viviendas deben destinarse únicamente a un uso como residencia habitual.

Al tiempo, también deberá concretarse cómo se ha procedido a la venta o alquiler de los locales comerciales instalados en los bajos de la urbanización, con qué precios y a quiénes se han vendido o arrendado. En tercer lugar, deberá completarse el proceso de evaluación del proceso de visado de los contratos de compra de las 140 viviendas, en el que no se descarta que afloren nuevas anomalías a la vista de las primeras conclusiones ya anticipadas por la Conselleria de Vivienda. Por lo pronto, según fuentes consultadas, el mismo funcionario expedientado por, presuntamente, beneficiar a su mujer, habría intervenido en la comprobación de las condiciones de gran parte de los casos. 

Además, también deberá concretarse qué grado de participación pudo tener la exconcejal de Ubanismo, Rocío Gómez, en la tramitación del expediente concesión de licencia de obra de la promoción. Gómez se inscribió como socia cooperativista en Residencial Les Naus en 2018, cinco años antes de convertirse en concejal, tras las elecciones de 2023. No obstante, no se ha detallado si pudo intervenir en el otorgamiento de ese permiso, toda vez que la subasta del solar se cerró en 2022 y la licencia de obra se tramitó con posterioridad. De igual modo, también debe evaluarse si la propia Gómez incumplió una de las condiciones establecidas para comprar una VPP: no tener ninguna vivienda en propiedad. Por lo pronto, el escrito de denuncia del PSOE apunta que la exregidora informó en su declaración de bienes tras tomar posesión del acta de concejal que era poseedora de una vivienda. Está por ver si en esa declaración se refería ya a la vivienda de Residencial Les Naus.

Al tiempo, también deberá esclarecerse si la actual jefa del área de Contratación incumplió su deber de abstención, en el supuesto de haber participado en la reunión de la mesa en la que se acordó la adjudicación del solar a Residencial Les Naus, a pesar de que sus dos hijos y su sobrino estuviesen inscritos como socios en esa cooperativa. Se trata, de hecho, de otro de los extremos apuntados por el PSOE en su denuncia.

De igual modo, deberá especificarse por qué motivo se variaron las condiciones del contrato de adjudicación de ese solar en la reunión de la Junta de Gobierno celebrada el 4 febrero de 2025, como también apunta el PSOE en el escrito de manifestación de hechos presentado en Fiscalía. En concreto, según el PSOE, en ese momento se posibilitó que "en el espacio libre de parcela" adjudicada en 2022, se pudiese promover "la construcción de una o más piscinas con una superficie total de lámina de agua de, al menos, 600 metros cuadrados".

Además, en ese mismo momento, según los socialistas, también se extendió el plazo para que Residencial Les Naus solicitase la certificación definitiva de la promoción como de VPP ante la Conselleria de Vivienda hasta julio de 2025, lo que habría beneficiado a los adquirientes de las viviendas, en la medida en que permitía que se produjese la entrada en vigor del Decreto del 180/2024, de 10 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el régimen jurídico de las viviendas de protección pública de la Comunitat Valenciana, en el que -como señala el PSOE- se suprime "la calificación permanente" y se pasa "a un régimen de protección de 30 años". Además, se "aumenta el limite de renta para acceder a vivienda protegida, la baremación (IPREM) pasa de 6,5 en 12 pagas a 6,5 en 14 pagas", según añade la denuncia del grupo socialista.

Deberá dilucidarse igualmente si era posible que el Ayuntamiento de Alicante pudiese introducir mecanismos de control y seguimiento  de los adjudicatarios de las viviendas desarrolladas en el solar subastado que complementasen las comprobaciones a cargo de la Conselleria de Vivienda. Y, en ese caso, por qué no se incorporaron en las bases del proceso de subasta, como denuncia el PSOE que no sucedió. 

También deberá concretarse el momento concreto que se tomó como referencia para evaluar la capacidad económica de los socios cooperativistas compradores de las viviendas de la promoción. Por lo pronto, fuentes de Vivienda indicaron que la fecha de baremación de esa renta es el momento en el que se produce la solicitud de visado del contrato. En el caso de la promoción de Residencial Les Naus, esas solicitudes se registraron desde mediados de 2025, según fuentes de la cooperativa.