ALICANTE. Nueva vuelta de tuerca en la fiscalización sobre el uso de las viviendas de protección pública (VPP) de promoción privada construidas sobre un solar subastado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022 en el distrito de Playa de San Juan. El grupo municipal de Compromís ha instado este lunes a promover la inspección de esos 140 inmuebles con todos los mecanismos de los que dispone la administración, como el uso de la Policía Local, con el fin de determinar si esos pisos levantados por la cooperativa Residencial Les Naus están siendo utilizados como residencia habitual, a la vista del hallazgo de anuncios de alquiler en portales inmobiliarios.

En este sentido, el portavoz municipal de la coalición valencianista, Rafa Mas, ha instado al alcalde de Alicante, Luis Barcala, a investigar el uso de las viviendas de VPP "con los medios municipales al alcance, ya sea a través de Policía Local o Aguas de Alicante", al aludir a la posibilidad de que se analicen los consumos de agua para concretar si las viviendas están habitadas en la actualidad o si se han destinado de manera irregular al mercado del alquiler, ya que se trata de una posiblidad prohibida en los decretos autonómicos que regulan el uso de la VPP.  

"Aunque desde Compromís apuntamos a Luis Barcala como responsable directo e indirecto de esta presunta trama corrupta que emana de su gobierno, especialmente de Urbanismo, le instamos a revisar hoy mismo piso a piso, las viviendas de VPP para comprobar si los propietarios viven allí, como marca la normativa, si los propietarios que han sido agraciados por estas VPP de lujo en la playa de San Juan viven allí, o no, o incluso si se están alquilando, algo que sería ilegal, siendo uno de los métodos de comprobación el consumo de agua", ha apuntado Mas. "Señor alcalde de Alicante, si usted quiere investigar, investigue, no haga tantos aspavientos ni titulares ni vídeos. Póngase a investigar, aunque repetimos, desde Compromís, pensamos que el responsable directo e indirecto es usted", ha incidido.

En este sentido, Mas ha insistido en que el expediente de averiguación de hechos anunciado por el alcalde el pasado jueves debe incluir la revisión sobre el empleo de esas viviendas con el fin de aclarar la posible existencia de irregularidades, a la vista del hallazgo de distintos anuncios en los que se publicita el arrendamiento de pisos en esa promoción con precios que ascienden a los 1.600 euros mensuales por un sexto piso. Esos anuncios, según fuentes de Compromís, han sido eliminados poco tiempo después de que la propia coalición los haya hecho públicos.

Al margen de ese expediente de aclaración de hechos en curso por parte del Ayuntamiento, ya se dispondría de un primer informe certificado por parte de la Dirección Territorial de Vivienda en el que se dejaría constancia de que los compradores-adjudicatarios de esas viviendas sí cumplen con los requisitos establecidos para optar a una VPP, como informó este diario el viernes. Entre esas condiciones, básicamente figuran destinar la vivienda a residencia habitual, no disponer de otra vivienda en propiedad, estar censado en Alicante y disponer de unos ingresos anuales (en el cómputo de la unidad familiar) que no superen 6,5 veces el IPREM. Con todo, la misma conselleria, a través de la Secretaría Autonómica de Vivienda solicitó la elaboración de un segundo informe de comprobación para contar con garantías definitivas sobre el cumplimiento de esas condiciones.

Todo, después de que trascendiese que la ya exconcejal de Urbanismo, dos hijos y un sobrino de la ya exdirectora general de Organización Interna y un arquitecto municipal hubiesen sido adjudicatarios de viviendas de esa promoción como socios cooperativistas de Residencial Les Naus. Al margen de ello, como también ha informado este diario, entre los adquirientes de esas viviendas, también inscritos en la cooperativa, figuran igualmente hijos del notario que registró la escritura de la compra del solar, varios hermanos de distintas familias, policías locales de Alicante y Sant Joan d'Alacant, profesionales sanitarios, al menos una persona vinculada a un cargo autonómico, las hijas del dirigente de una entidad nacional de asesores fiscales, otras personas vinculadas con el sector inmobiliario o con una floristería, entre otros.