ALICANTE. La polémica suscitada por la adjudicación de las viviendas de protección oficial (VPO) de iniciativa privada construidas por la cooperativa Residencial Les Naus en Playa de San Juan se cobra la primera consecuencia efectiva con la renuncia de la funcionaria municipal que ejercía como directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, al desempeño de ese cargo. La decisión, comunicada este mismo jueves según confirman fuentes consultadas, se habría justificado en su intención de no perjudicar a sus familiares, después de que trascendiese que dos de sus hijos habían resultado beneficiarios como compradores de dos de las viviendas de dicha promoción como socios cooperativistas.
En todo caso, la funcionaria seguirá vinculada al ayuntamiento al regresar a su puesto como jefa del área de Contratación: la responsabilidad que ejercía hasta mayo de 2024, cuando se produjo su nombramiento en el proceso de selección puesto en marcha por el equipo de gobierno para disponer de hasta tres puestos de directores generales. En ese mismo proceso se produjo la selección de Vicente Seguí como director general de Empleo, Fomento Empresarial y Nueva Economía; y Luis Gaona como director general de Proyectos y Obras.
Pérez-Hickman ya ejercía como jefa de Contratación en el momento en el que se produjo la adjudicación de la parcela municipal en la que se ha levantado la promoción de viviendas objeto de la controversia. Ese solar, situado entre la avenida Historiador Vicente Ramos y las calles Las Redes y Asunción Valdés, fue subastado por el Ayuntamiento de Alicante en un proceso que se alargó entre 2018 y 2022, como ha venido informando este diario. El proceso de enajenación quedó paralizado en 2018 por el equipo de gobierno del Partido Popular (PP) después de que se produjese una impugnación sobre las bases de la convocatoria, en lo que respecta a la inclusión del factor establecido como cláusula de desempate en caso de que varios licitadores obtuviesen la misma puntuación en la baremación de sus propuestas. Esa cláusula consistía en primar al licitador que hubiese registrado su propuesta en primer lugar.
No obstante, la cooperativa Residencial Les Naus acudió a los juzgados para revertir esa anulación y logró que el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) dictase una sentencia a su favor en la que se conminaba al Ayuntamiento a recuperar el proceso manteniendo sus condiciones iniciales. Finalmente, la cooperativa resultó adjudicataria del solar, lo que propició que iniciase el proceso de construcción y que mantuviese el sistema de registro de socios cooperativistas que había instaurado incluso antes de concurrir al concurso, a principios de 2018.
Como ha trascendido, entre esos socios cooperativistas que habrían adquirido y escriturado viviendas de la promoción figuran la actual edil de Urbanismo, Rocío Gómez, que se convirtió en concejal del Partido Popular (PP) en las elecciones de 2023 (cinco años después de que se produjese su inscripción en la cooperativa, según fuentes consultadas) tras figurar en el número 3 de la lista municipal como una de las nuevas incorporaciones a la candidatura promovida por el propio alcalde, Luis Barcala. Además de Gómez y de los hijos de la ya exdirectora general de Organización, también habrían sido socio beneficiario de una de las viviendas uno de los hijos de otro funcionario que ejerce como arquitecto municipal.
Proceso de adjudicación
Como informó este diario este jueves, fuentes de la cooperativa responsable de la promoción, liderada por Fraorgi, apuntaron a consulta de Alicante Plaza, que el proceso de inscripción de socios de la cooperativa se abrió a principios de 2018 en un sistema regido por el orden cronológico de registro, y que ese listado se tuvo que renovar después, ante el retraso en la culminación de proceso de adjudicación del solar, que llevó a algunos socios a retirarse al haber adquirido otra vivienda. En todo caso, las mismas fuentes explicaron que en la concesión de esas viviendas se exigía a los socios una declaración responsable en la que acreditasen que cumplían los requisitos para optar a una VPO: estar censado en el municipio, no disponer de otra vivienda, destinar ese inmueble a residencia habitual y no superar un nivel de renta equivalente a más de 5 veces el IPREM.
Además, añadieron que, después, fue la Conselleria de Vivienda la que filtraba los contratos tras realizar las correspondientes comprobaciones sobre esos requisitos, cruzando los datos del nivel de renta con la información facilitada directamente por el Ministerio de Hacienda antes de emitir los correspondientes visados o de rechazarlos, en el caso de que se detectase algún incumplimiento. De ahí que las mismas fuentes negasen posibles anomalías.
Entre tanto, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, anticipó este jueves que había ordenado la apertura de un expediente de averiguación de hechos respecto al procedimiento seguido para la adjudicación de esas viviendas de VPO que, en realidad, no depende del propio ayuntamiento, sino de la cooperativa que promovió su construcción y de la Conselleria de Vivienda. En todo caso, garantizó que, en el caso de que se detectase alguna sospecha de irregularidad, se daría traslado de los hechos a la Fiscalía.
En la misma línea, la portavoz del grupo municipal del PSOE, Ana Barceló, adelantó que su intención era también la de elevar una manifestación de hechos a la Fiscalía para que se esclareciese lo sucedido. Todo, al margen de que los tres grupos del eje progresista que ejercen funciones de oposición -PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem- también anunciasen este jueves su intención de forzar la convocatoria de un pleno extraordinario para que el alcalde compareciese y ofreciese explicaciones. Al tiempo, al menos Compromís planteó su intención de solicitar la creación de una comisión de fiscalización sobre el mismo asunto.
