ALICANTE. Controversia y reacciones. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ordenó este miércoles la apertura de un expediente de aclaración de hechos en relación con la adjudicación de viviendas de una promoción de vivienda protegida (VPO) de iniciativa privada construida en la zona de La Condomina de la Playa de San Juan que se inició en 2018, tras la subasta de un solar de propiedad municipal, después de que haya trascendido la adjudicación de pisos de esa promoción a la concejala de Urbanismo, a los hijos de la directora general de Organización Interna, y a un arquitecto municipal a través de una noticia publicada por el diario Información. Al respecto, el primer edil ha recalcado, a través de un comunicado, que "llegará hasta el final" por si se pudiera haber cometido alguna irregularidad en este proceso y que pondrá en conocimiento de la Fiscalía "la menor sospecha" sobre la tramitación de este expediente urbanístico.

"Que nadie tenga ninguna duda de que no me va a temblar el pulso para tomar las medidas que haya que tomar. Vamos a llegar hasta el final por si se pudiera haber cometido alguna irregularidad en la tramitación del expediente", ha destacado Barcala. "Y, por ello, este mismo miércoles pedí al secretario general del Ayuntamiento que iniciara un expediente de averiguación de hechos", ha añadido. "Aclarar que, si este equipo de gobierno tiene la menor sospecha, llevaremos el asunto a la Fiscalía sin ninguna duda", ha proseguido el primer edil. Barcala también se ha comprometido "a informar con todo detalle de la tramitación del expediente durante el proceso de elaboración y hasta su conclusión".

El informe de averiguación de hechos ordenado por el alcalde requiere información a la Concejalía de Urbanismo, a la Concejalía de Patrimonio y a la Concejalía de Contratación. A estos departamentos municipales se les solicita que informen de la relación de personal que ha participado en el el expediente urbanístico, sea cual fuere la condición de funcionario, personal laboral o su puesto en dicha área. El responsable designado para instruir este informe de aclaración es el secretario general del Ayuntamiento de Alicante, según concretan las mismas fuentes.

Además, el primer edil, Luis Barcala, ha abundado en esas mismas explicaciones, en respuesta a la pregunta in voce formulada por la portavoz socialista, Ana Barceló, en el transcurso del pleno ordinario de enero, este jueves. En este sentido, ha señalado que el secretario general, como instructor del expediente, ya ha girado escritos a las distintas áreas que han intervenido en el procedimiento para conocer quién tuvo intervención en el expediente de adjudicación de la parcela y que, además, también había solicitado el listado de los adquirientes de las viviendas de esa promoción. Además, ha garantizado que va a llegar hasta las últimas consecuencias respecto a ese expediente de averiguación de hechos y que se dará traslado del informe al conjunto de los grupos políticos, al margen de que lo dirija a la Fiscalía, en el supuesto de que se detectase alguna anomalía.

Esa respuesta se ha registrado después de que Barceló haya anticipado su intención de formular su propia denuncia o manifestación de hechos en Fiscalía para solicitar el esclarecimiento del proceso y de que haya llegado a solicitar el cese o destitución de la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez. En esta línea, Barceló ha instado al primer edil a comparecer en un pleno extraordinario y a poner en marcha una comisión de investigación para dar explicaciones y fiscalizar qué ha ocurrido con la adjudicación de vivienda de VPO en Alicante. "Barcala debe dar explicaciones ante la magnitud de este escándalo y exigimos la dimisión o el cese de la concejala de Urbanismo. Se debe investigar si se ha traficado con información privilegiada y si ha habido trato de favor en la adjudicación de vivienda pública, cuando miles de alicantinos no pueden acceder a un recurso habitacional", ha apuntado, a través de un comunicado posterior a su intervención en el pleno.

En el transcurso de la sesión, Barceló ha preguntado al alcalde si determinadas personas, entre ellas la actual concejala de Urbanismo, "contaron con algún tipo de ventaja al conocer los trámites y si alguien ha utilizado su posición dentro de la institución municipal para realizar tratos de favor". "¿Hay más amigos o familiares del PP que han resultado beneficiados?", ha preguntado. Además, ha añadido que "el plan de Barcala para construir 6.000 viviendas en Alicante en colaboración con la Generalitat Valenciana está bajo sospecha y no nos fiamos", ha apuntado, a colación del compromiso de desbloqueo de varios secotres urbanísticos de iniciativa privada pendientes de ejecución en la ciudad, como Las Lomas del Garbinet, el PP I/4 en La Albufereta o el sector de la OI/2 en el que se incluye la ejecución del Parque Central, entre otros sectores como el PAU 3, al margen de las distintas actuaciones de promoción de vivienda de protección pública a desarrollar por la Generalitat, enmarcadas en el Plan Vive.

Sea como fuere, Barceló ha señalado que "vamos a fiscalizar con lupa la cesión de parcelas al Consell a través del Plan de Vive de Mazón, asumido ahora por Pérez Llorca, para que la vivienda pública se adjudique a quien realmente lo necesita, y no a quien tenga información privilegiada", ha añadido la portavoz. "Estamos hablando de decencia política y le exigimos que inicie una comisión de investigación con participación de los grupos de la oposición para garantizar la máxima transparencia, porque su gestión está bajo sospecha", ha finalizado.

Por su parte, el portavoz adjunto de Vox, Mario Ortolá, también ha cuestionado al primer edil sobre si se piensa cesar a la directora general de Coordinación -una funcionaria que ejercía como jefa del área de Contratación en el momento en el que se produjo la subasta de solar municipal en el que se levantó la promoción, según apuntan las primeras informaciones del mismo diario- a colación de esa inforamación y ante el hecho de que también se hubiese visto envuelta en otra controversia por su participación en un tribunal de selección de personal cuando, a su juicio, no podía participar en él por una cuestión de incompatibilidad. Al respecto, Barcala ha sostenido que aplazaría cualquier tipo de decisión sobre posibles ceses hasta disponer de información sobre ese expediente de averiguación de hechos.

Por lo pronto, fuentes de Vox ya se habían pronunciado respecto a la misma controversia a través de un comunicado previo al desarrollo del pleno, para manifestar que "cuando desde Vox facilitamos la designación de órganos directivos como los directores generales, exigimos que fueran personas ejemplares y, por ello, antes las graves informaciones conocidas esta mañana, pedimos al alcalde el cese inmediato de la directora general, María Pérez-Hickman y la vacancia del puesto y por tanto, la no designación del mismo a otra persona hasta que este asunto quede totalmente aclarado. De hecho, ya solicitamos un informe, que aun no hemos recibido, acerca de la viabilidad legal de su designación en tribunales de oposiciones", han apuntado fuentes del grupo municipal. 

"Por otro lado, exigimos que se lleven a cabo todas las actuaciones de averiguación para conocer el listado de adjudicatarios de esas viviendas. Adelantamos que nuestro grupo municipal va a solicitar inmediatamente esta información en los órganos competentes. Para nosotros es un golpe a la confianza muy duro y va a tener consecuencias", apunta el comunicado. "Respecto a la vivienda de la edil, estamos estudiando el procedimiento de adjudicación de la vivienda y sus tiempos. Ya conseguimos el cese de un concejal de gobierno y no nos va a temblar la mano de exigir otro si se ha cometido alguna irregularidad", añaden las mismas fuentes de Vox, en alusión a la exigencia de cese del ya exconcejal de Hacienda y Deportes, Toni Gallego.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha aludido a una situación de "corrupción" en el ayuntamiento para sostener que su formación ya había registrado una solicitud ante la Generalitat para que se facilitase información sobre el listado de beneficiarios de las viviendas de esa promoción. Al tiempo, ha emplazado a Barcala a constituir una comisión de investigación al respecto. De nuevo, el primer edil ha reiterado la misma respuesta facilitada en sus dos intervenciones previas para incidir en que no se adoptará ninguna decisión hasta que pueda disponerse de esa recopilación de información. Sea como fuere, el propio Mas también ha incidido -en declaraciones posteriores a su intervención en el pleno- que se había alcanzado un acuerdo entre los tres grupos políticos del eje progresista para forzar la solicititud de celebración de "un pleno extraordinario para que el alcalde de explicaciones sobre la adjudicación de las VPO, desde cuándo el alcalde tiene información sobre este hecho, y si conocía el alcalde que existiera un informe de un alto cargo de Patrimonio paralizando estas adjudicaciones definitivas", ha apuntado.

"Además, le preguntamos si considera que una concejala que cobra más de 60.000 € debe ser beneficiaria de una VPO, o familiares de directores generales que cobran 80.000 €. A su vez, si piensa -respecto al plan Vive- repartir más viviendas entre los altos cargos. El alcalde es responsable, la pieza angular de esta nueva trama urbanística", ha añadido. "Vuelve la corrupción al Ayuntamiento de Alicante, que pensábamos que estaba desterrada, y vuelve con más fuerza que nunca con adjudicaciones de pisos de VPO a personas vinculadas con el Partido Popular", ha concluido.

La adjudicación, según la promotora

Por su parte, fuentes de la cooperativa responsable de la promoción de viviendas, Residencial Les Naus (liderada por Fraorgi), han apuntado, a consulta de Alicante Plaza, que el proceso de adjudicación de los 140 pisos incluidos en esa promoción habría sido el mismo que se sigue en cualquier otro proyecto de VPO de iniciativa privada para sostener que se cuenta con un listado de interesados como socios cooperativistas que data del año 2018, cuando se puso en marcha inicialmente el proceso de subasta del solar de propiedad municipal en el que se ha ejecutado el complejo: una parcela situada entre la avenida Historiador Vicente Ramos y la calle Las Redes.

En esta línea, la mismas fuentes han sostenido que cerca de la mitad de los solicitantes inscritos de partida, acabaron desistiendo tras el retraso que sufrió la adjudicación del solar, después de que el equipo de gobierno acordase la anulación de la subasta ante la polémica suscitada respecto a la cláusula establecida como medio para dilucidar posibles empates en la puntuación obtenida por los licitadores: un sistema por el que se preveía que la adjudicación se decantaría en favor de la primera propuesta que se hubiese registrado en orden cronológico de presentación. El proceso se retomó en 2022, después de que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) avalase el procedimiento con las mismas condiciones previstas de partida (incluida la cláusula de desempate). Para entonces, según las mismas fuentes, se renovaron alrededor de la mitad de los interesados, ordenados cronológicamente en función de la fecha de su incorporación a la cooperativa, como se habría procedido en el conjunto de proyectos residenciales para la construcción de vivienda libre liderados por Fraorgi en el PAU 5 de Playa de San Juan, como sería el caso de Residencial Viride, por ejemplo. Entre esos socios interesados que también habrían adquirido una de las viviendas de la promoción en el centro de la polémica figurarían policías locales, trabajadores sanitarios o incluso de consellerias, según las mismas fuentes. 

En todo caso, las mismas fuentes han incidido en que, además de que la propia cooperativa exigiese a los socios solicitantes inscritos que acreditasen que cumplían las condiciones económicas y patrimoniales para optar a una VPO (básicamente, estar censados en el municipio, no ser propietario de otra vivienda, destinarla a vivienda habitual, no tener una renta superior a 6,5 veces el IPREM) mediante una declaración responsable, en último término, los contratos de adjudicación -y la consiguiente compra- acaban elevándose después a la Conselleria de Vivienda para que se produzca la comprobación de esos requisitos y se produzca su visado. En ese trámite, según apuntaron, se analizaría las condiciones de los solicitantes cruzándose con los datos económicos de renta facilitados directamente por el Ministerio de Hacienda por lo que no existiría posibilidad de manipulación, recalcaron.

Por último, han señalado que las viviendas de la promoción objeto de la controversia se habrían vendido por un precio medio de 215.000 euros con dos plazas de garaje y trastero, lo que supone un importe un 12% de media más barato que el valor máximo del módulo establecido para la VPO en el decreto regulador anterior, de 2.200 euros/m2 útil, por el hecho de haberse ejecutado como cooperativa destinada a cubrir costes.

Críticas políticas 

Por lo pronto, la controversia ya ha suscitado reacciones por parte de la ministra y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, quien ha asegurado este jueves que el caso de la adjudicación de las viviendas de esa promoción privada de VPO evidencia "para qué sirve la escasa política de vivienda que practica la derecha cuando gobierna", según recoge la agencia Efe. La secretaria general socialista ha manifestado que la única promoción de vivienda de protección pública construida en Alicante en los últimos 25 años "ha sido repartida entre concejales, técnicos municipales y familiares del Partido Popular". Una situación que ha calificado de "escándalo" y que, a su juicio, "demuestra que al PP solo le interesa la vivienda cuando sirve a intereses propios".

En declaraciones a los medios durante su visita a Chiva (Valencia), Morant ha lamentado que, "un día más, queda claro que la vivienda no es una prioridad para el Partido Popular" y ha asegurado que este caso evidencia "para qué sirve la escasa política de vivienda que practica la derecha cuando gobierna". "El PP no solo es incapaz de construir vivienda pública en la Comunitat Valenciana, sino que además, cuando lo hace, adjudica esas viviendas a cargos del propio partido", ha dicho para añadir que los socialistas estarán vigilantes sobre los hechos.

Por su parte, la portavoz adjunta de Compromís en Les Corts, Aitana Mas, también se ha pronunciado sobre la polémica para señalar que el episodio de la adjudicación de esas VPO es "otro ejemplo de la nefasta" política de vivienda del PP. "Es indecente en un momento en el que la inflación ha disparado los precios de la vivienda hasta un 23% el PP esté repartiendo pisos a la propia concejala de Urbanismo y a aquellos que rodean al PP, cuando la gente no puede llegar a final de mes y no pueda pagar la hipoteca", ha incidido. "Nada nuevo bajo el sol, pero otra decepción del PP que siempre ha primado su propio interés con prácticas oscuras", ha añadido.