ALICANTE. La controversia desencadenada en torno a las viviendas de VPO de promoción privada construidas en un solar municipal de Playa de San Juan subastado por el Ayuntamiento de Alicante en un proceso que se alargó entre 2018 y 2022 no dejó de alimentarse este viernes a partir de las actuaciones desplegadas por el conjunto de formaciones políticas. Solo un día después de que trascendiese que la hasta ahora edil de Urbanismo, los hijos de la jefa del área de Contratación y un arquitecto municipal habían resultado adjudicatarios-compradores de esos pisos como socios de la cooperativa Residencial Les Naus que las ejecutó se precipitaron la exigencia de ceses y de explicaciones de la Conselleria de Vivienda por parte del PSOE; la solicitud de informes adicionales sobre la concesión de viviendas públicas municipales por parte de Compromís; el registro de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por parte de Sumar; y hasta la sugerencia de que se llevase a cabo una modificación normativa para garantizar la transparencia en las adjudicaciones por parte del mismo alcalde, el popular Luis Barcala.
De hecho, ese torrente de movimientos propició que también se pronunciase el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, para asegurar que los adjudicatarios-compradores de esos pisos cumplían los requisitos normativos establecidos para acceder a una vivienda de protección pública, después de recabar un informe de comprobación de esa circunstancia al Servicio Territorial de Vivienda en Alicante. En concreto, esas condiciones consisten en estar censado en el municipio en el que se sitúa la vivienda, no disponer de otro inmueble en propiedad, destinar ese piso al uso de residencia habitual y no disponer de una renta que supere 6,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
De este modo, ese servicio territorial fue el que se encargó de evaluar que los socios cooperativistas cumplían esos requisitos para visar los contratos de adjudicación como condición imprescindible para que pudiesen elevarse a escritura pública, y quien, junto al departamento municipal de Urbanismo y Patrimonio, giró visita de inspección a las viviendas de la promoción para acreditar que cumplían las condiciones del proyecto presentado en cuanto a metros cuadrados y servicios para aprobar su calificación como VPP. Ese trámite se cumplimentó en julio de 2025, según fuentes consultadas.
En todo caso, lo cierto es que los últimos datos conocidos sobre los perfiles de los socios cooperativistas adquirientes de las viviendas continúan arrojando aspectos llamativos. Al margen del caso de la hasta ahora edil de Urbanismo, Rocío Gómez, que se inscribió como socio cooperativista en agosto de 2018 (cinco años antes de convertirse en concejal), del arquitecto municipal y de los hijos de la ya exdirectora general de Organización Interna -que presentó su renuncia al cargo este jueves para regresar al puesto de jefa del área de Contratación-, entre los adquirientes también figuran dos hijos del notario que escrituró la constitución de la cooperativa y la compra del solar municipal, así como el mismo representante de Fraorgi, la gestora de la cooperativa.
Además, también constan policías locales, al menos otra funcionaria municipal más, trabajadores sanitarios, personas vinculadas a cargos autonómicos y varios miembros de distintas sagas familiares. Así, en el listado de adjudicatarios-adquirientes constan al menos tres hermanos de una misma familia, dos hermanos de otra, y tres hermanos más de una tercera, según pudo constatar este diario. Todos ellos se habrían inscrito en el listado de socios habilitado por la propia cooperativa desde 2018, a partir de los solicitantes que habían quedado fuera de otra promoción de vivienda libre previa también impulsada por Fraorgi en el PAU 5. Ese listado tuvo que renovarse y actualizarse en 2022, cuando se completó el proceso de subasta del solar municipal, después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) conminase al Ayuntamiento a retomar la convocatoria que había quedado anulada en 2018, como viene informando este diario.
Precio inferior
Cerca de la mitad de los miembros de ese listado se renovaron entonces con la incorporación de nuevos socios siguiendo el orden cronológico de inscripción, según fuentes de la cooperativa. Y todos aportaron sus respectivos compromisos de que cumplían las condiciones para poder acceder a una vivienda de protección pública. Un extremo que después corroboró el Servicio Territorial de Vivienda, como se ha dicho, sin que ese reconocimiento conlleve la concesión de ningún tipo de ayuda económica pública individual, ni tampoco ninguna aportación que contribuyese a sufragar los costes de la construcción de las viviendas. De este modo, según fuentes de Vivienda y de la entidad gestora de la cooperativa, la única ventaja económica que habría supuesto la adjudicación de esas VPP consistiría en la posibilidad de haber adquirido una vivienda a un precio inferior al de mercado, toda vez que el solar en el que se construyeron se vendió a un precio público tasado en función de los módulos regulados por ley para la VPP y, por tanto, no expuesto a valoraciones del mercado. En concreto, la parcela se enajenó por 6.673.574 euros (impuestos incluidos) abonados por la cooperativa.
Con ello, el precio de venta de las viviendas construidas habría sido inferior al de una vivienda de las mismas características en el mercado libre. Y más si se tiene en cuenta que la promoción la ejecutó una cooperativa, a precio de coste, sin margen para el beneficio industrial. De este modo, el precio medio por una vivienda con dos plazas de garaje y trastero ascendió a 215.000 euros, según la propia entidad gestora, cuando una vivienda libre en ese mismo emplazamiento podría llegar a rondar los 350.000 euros.
Listado propio
¿Existía alguna obligación respecto al funcionamiento del sistema de inscritos para acceder a las viviendas de VPP? En principio, el listado y su control dependía únicamente de la propia cooperativa promotora del residencial, según fuentes de la propia entidad gestora, sin que existiese ningún control municipal o autonómico sobre su configuración o su orden, como sucede con todas las promociones de VPP de iniciativa privada, según apuntan fuentes del departamento autonómico de Vivienda.
El único requisito que sí existía era el de que los solicitantes se inscribiesen en el registro autonómico de demandantes de vivienda del que dispone la EVha: una condición vigente hasta 2023 que no conllevaba ninguna reserva ni orden de prelación, ni tampoco suponía recibir ningún aviso respecto a promociones de VPP en curso para poder acceder a ellas. De hecho, según fuentes de Vivienda, esa circunstancia fue la que motivó que se eliminase ese requisito en 2024, que sí se mantiene en el caso de las viviendas de protección pública promovidas directamente por la administración destinadas a colectivos vulnerables. Es decir, las viviendas sociales. Así, esa condición se mantiene para los solicitantes de vivienda de los pisos de VPP cedidos por los promotores en los proyectos del Plan Vive que se rigen por la fórmula de la permuta. En ellos, las empresas adjudicatarias del suelo público adjudican sus propias viviendas de protección pública, mientras que es la Generalitat quien adjudica las que pasan a formar parte del parque autonómico de vivienda como fórmula de pago por el suelo en cada una de esas promociones.
