ALICANTE. El PSOE de Alicante aumenta la presión sobre el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), y la extiende a la Conselleria de Vivienda a cuenta de la controversia suscitada en torno a la adjudicación de las viviendas de VPO construidas sobre una parcela municipal subastada entre 2018 y 2022 en Playa de San Juan. Lo hace con el despliegue de actuaciones en varias direcciones: desde la crítica política por el ocultismo que rodearía al proceso, a la exigencia de destituciones y la recopilación de información con el objetivo de elevar una denuncia tanto a la Fiscalía como a la Agencia Antifraude.

Así lo han detallado este viernes la portavoz municipal del PSOE, Ana Barceló, y el portavoz de la comisión gestora del PSOE en Alicante y diputado autonómico, José Díaz, en una comparecencia pública 24 horas después de que trascendiese que la edil de Urbanismo, Rocío Gómez, y los hijos de la jefa del área de Contratación (que ya ha dimitido de su cargo como directora general de Organización Interna) y un arquitecto municipal hubiesen resultado beneficiarios de la compra de esas viviendas como socios cooperativistas de la promotora que los construyó, Residencial Les Naus.

Por partes. En primer término, Barceló ha denuncia de la falta de transparencia que, a su juicio, habría presidido todo el procedimiento desde 2018 con la subasta del suelo de titularidad municipal situado entre las avenida Historiador Vicente Ramos y las calles Las Redes y Asunción Valdés. En esta línea, ha señalado que en los pliegos de esa subasta -que se convocó cuatro meses después del acceso de Luis Barcala a la Alcaldía, tras la dimisión del socialista Gabriel Echávarri- no se incluyeron los mecanismos de control y de baremación con publicidad y transparencia respecto a los criterios de adjudicación de las futuras viviendas, como habría sido deseable al tratarse de suelo público destinado a la construcción de VPO "por mucho que se trate de una promoción de iniciativa privada", ha recalcado. "Es indecente que mientras numerosas familias apenas pueden pagar el alquiler, y cuando muchos jóvenes se están marchando de Alicante por no poder acceder al mercado de la vivienda, se organice un pelotazo urbanístico desde el propio Ayuntamiento. Hay que saber quién ordenó que en el pliego municipal para enajenar la parcela no se estableciera ningún tipo de control sobre cómo se adjudicarían estas viviendas", ha añadido.

En este sentido, ha señalado que el grupo municipal del PSOE ya planteó entonces la creación de una comisión de seguimiento para poder controlar cómo se gestionaba esa adjudicación y el uso del suelo a enajenar. Sin embargo, según ha señalado, la propuesta quedó rechazada por el PP y no se le dio curso. Así, ha lamentado, no sabemos "qué criterios ha seguido la promotora" que encabeza la cooperativa para adjudicar esas viviendas, más allá "de lo que su responsable ha declarado a los medios de comunicación, cuando ha dicho que le llamaban para apuntarse y que tenía exceso de demanda". Además, ha calificado la controversia como "el escándalo urbanístico de los más importantes en la ciudad de Alicante en la etapa de Barcala", en un contexto en el que "sufrimos una emergencia habitacional importante con 5.500 familias registradas en el EVha para adquirir una vivienda y cada día se marchan de la ciudad jóvenes y familias por no poder acceder a un alquiler asequibles y menos a una vivienda".

"Nos encontremos con una promoción de lujo levantada en la Playa de San Juan con un alto precio en el mercado libre", ha señalado. "Desconocemos si hay más concejales, más familiares del PP y qué va a pasar a partir de ahora pero hay un responsable que es Barcala", ha insistido Barceló, quien ha insistido en el registro de la solicitud de firmas necesaria para que se produzca la convocatoria de un pleno extraordinario en el que el primer edil pueda faciliar explicaciones al respecto. Pero no solo eso. Además, ha exigido la dimisión o cese de la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, que entró a formar parte en la corporación tras las elecciones municipales de 2023 como número 3 de la candidatura del PP, en una incorporación propiciada como apuesta personal del primer edil. Al tiempo, ha reclamado que se aparte a la funcionaria municipal que ejerce como jefa del área de Contratación "por la quiebra de confianza" que habría supuesto la controversia respecto a la adjudicación de viviendas a sus hijos. "No basta con que presente su dimisión como directora general de Organización Interna", ha señalado Barceló. "Por prudencia y hasta que se aclaren los hechos, el alcalde debe apartarla de un cargo de tantísima responsabilidad por la falta de confianza que genera", ha incidido. 

Explicaciones de Vivienda

Por su parte, el portavoz de la comisión gestora de la agrupación del PSOE en Alicante, José Díaz, ha apuntado que el grupo parlamentario del PSPV en las Cortes también ha registrado una solicitud para que se facilite el expediente completo respecto a la adjudicación de las viviendas visadas por las Conselleria de Vivienda. Además, ha añadido que también se ha requerido a la presidenta de las Cortes para que se inste al Ayuntamiento a remitir copia del expediente completo desde la subasta del solar municipal con el fin de tener acceso a toda la información disponible. Y, al tiempo, ha concretado que también se había registrado una petición de comparecencia de la propia vicepresidenta primera del Consell y consellera de Vivienda, Susana Camarero, para que dé cuenta ante el parlamento autonómico del procedimiento de control seguido por su departamento en el visado de los contratos de esas viviendas.

"Camarero tiene que aclarar si ha habido un trato de favor hacia determinados adjudicatarios de viviendas públicas o si ha habido una ausencia de controles por parte de la Generalitat. Tiene que dar explicaciones sobre qué papel ha jugado el Consell de Mazón y de Pérez Llorca en la adjudicación de pisos de lujo en la playa de San Juan", ha señalado Díaz. En ese sentido, se ha preguntado si este es el precedente de lo que pretende instaurar el PP con el Plan Vive, normalizando la ausencia de controles para poder adjudicar vivienda pública de forma arbitraria y facilitar que los propietarios puedan venderla después en el mercado libre sin ningún tipo de controles de la administración.

En este sentido, ha expresado la preocupación del PSPV ante el hecho de que el Ayuntamiento de Alicante haya puesto a disposición de la conselleria hasta cinco parcelas municipales con el fin de que se produzca su enajenación para la construcción de vivienda de protección pública en el marco de ese programa, "la gran apuesta del expresidente Carlos Mazón que ha asumido Pérez Llorca", ha señalado. Así, ha anticipado que, tras la recopilación de toda esa información, si se constata la existencia de algún tipo de anomalía, el PSPV presentará una denuncia ante la Fiscalía y ante la Agencia Antifraude para que se inicien averiguaciones sobre el proceso seguido en la adjudicación de esas viviendas.