ALICANTE. La polémica suscitada en torno a la adjudicación de viviendas de VPO de iniciativa privada construidas sobre un solar subastado por el Ayuntamiento de Alicante en el distrito de Playa de San Juan también lleva a Vox, Compromís y Sumar a incrementar la presión sobre el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), con el registro de varias iniciativas paralelas.
En primer término, el grupo municipal de Vox se ha congratulado de que se haya producido la dimisión de la funcionaria municipal que ejercía como directora general de Organización Interna, después de que trascendiese que sus hijos habían resultado beneficiarios de viviendas de dicha promoción. "Ayer exigimos el cese de la directora general, que hoy mismo ha dimitido, así como la vacancia del puesto hasta que se investigue y se esclarezca todo porque lo que más nos preocupa es que un representante o un cargo se aproveche de su condición de servidor público y pasar por encima del derecho de otro alicantino. Hablamos de alguien que era jefe de servicio de Contratación durante el proceso de adjudicación del suelo y no podemos permitir la más mínima duda", han señalado fuentes del partido que preside Santiago Abascal, en alusión a la funcionaria que, ahora, ha regresado a ese mismo puesto en el área de Contratación.
Al tiempo, Vox se refiere a la situación de la concejal de Urbanismo, Rocío Gómez (también beneficiaria de una vivienda como socia cooperativista) para señalara que "por lo que sabemos inició los trámites en 2018 y, con independencia de que estéticamente no tenga cabida, lo que nos preocupa y que vamos a investigar es si durante su mandato de concejal ha intervenido en algún trámite, de manera directa o indirecta, relativo a la construcción y adjudicación de los pisos. Queremos que se descarte cualquier tipo de conflicto de intereses. Los alicantinos merecen la verdad, caiga quien caiga". Por último, las mismas fuentes señalan que "ya hemos solicitado a la Generalidad Valenciana el listado de adjudicatarios de las viviendas para averiguar si alguien que haya podido tener relación con el procedimiento es adjudicatario. Los alicantinos, como el resto de españoles, estamos hartos de la corrupción del sistema bipartidista y vamos a exigir la depuración de todas las responsabilidades y vamos a seguir muy de cerca el expediente de averiguación de hechos que anunció el alcalde", han concluido.
En segundo término, el grupo municipal de Compromís ha solicitado, también este viernes, un doble informe al Patronato Municipal de la Vivienda y al departamento municipal de Patrimonio sobre viviendas públicas y de protección oficial a colación de la controversia por las VPO de Playa de San Juan. Su portavoz municipal, Rafa Mas, ha señalado que "esto no ha acabado aquí. Acabamos de registrar una solicitud de información de forma urgente", ya que, según ha añadido, "queremos saber procedimiento, listados y posibles adjudicatarios de las 15 viviendas dependientes del Patronato Municipal de la Vivienda destinadas a jóvenes, del Portón, así como de las 14 futuras viviendas de San Gabriel, también del Patronato, además de las 13 viviendas de Rabasa para alquiler asequible, esta última a Conselleria". A su juicio, "se ha destapado una trama, la trama de las VPO, la trama de la vivienda pública en la ciudad de Alicante y vamos a ir hasta el final, porque como dijimos ayer, estamos hartos de la corrupción, hartos de que Alicante vuelva a estar señalada por corrupción, por especulación que emana del propio Ayuntamiento", ha apuntado.
En paralelo, Compromís también ha solicitado otro informe al departamento de Patrimonio municipal sobre el solar municipal vendido para construir las viviendas de la promoción de la polémica, "ya que Patrimonio tiene competencia en la gestión, defensa y control
de los bienes municipales", según apunta en su petición. "Patrimonio debe informar acerca del suelo destinado a VPO, si procede del Patrimonio Municipal del Suelo (PMS), que tiene un régimen jurídico especial. En este sentido, cualquier acto posterior relevante (venta, cumplimiento de cargas, destino del suelo) exige control patrimonial, verificar el cumplimiento de las condiciones impuestas en la enajenación o venta, así como garantizar que el suelo mantiene el destino legalmente protegido (VPO)", apunta la solicitud.
Así, Compromís apunta que "el informe debe contener: origen del suelo (si procede o no del PMS), título de transmisión (venta, concesión, derecho de superficie, etc.), condiciones de la venta, destino obligatorio a VPO, plazos de edificación, precio máximo, prohibición de transmisión, cumplimiento o incumplimiento de dichas condiciones, existencia de cargas, reversión o cláusulas resolutorias, situación registral e inventarial del bien, consecuencias jurídicas en caso de incumplimiento (resolución, reversión)", según concluye el escrito registrado ante el Ayuntamiento.
Por último, la plataforma Sumar en la Comunitat Valenciana ha dado traslado de los hechos a la Fiscalía a través de un escrito por el que solicita que se inicien averiguaciones con el fin de concretar si "la adjudicación de viviendas públicas a cargos políticos, funcionarios municipales y familiares directos de altos cargos, dentro de un mismo procedimiento" puede constituir indicio de delito que justifican la
intervención del Ministerio Fiscal, a fin de esclarecer si el procedimiento de adjudicación respetó estrictamente los requisitos legales y reglamentarios, si se desarrolló conforme a los principios de igualdad y transparencia, si se garantizó la imparcialidad de los órganos intervinientes, y si no incurrió en desviación de poder, tráfico de influencias, prevaricación administrativa u otras infracciones penales", según detalla el escrito firmado por los co-coordinadores del colectivo, Xavier López y Carmen Padilla.
