ALICANTE. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, vuelve a pronunciarse sobre la controversia suscitada en torno a la adjudicación de las viviendas de VPO construidas por una cooperativa en una parcela pública subastada por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022 en el distrito de Playa de San Juan, de la que han resultado beneficiarias la edil de Urbanismo, Rocío Gómez, y los hijos de la jefa del área de Contratación y un arquitecto municipal. Lo ha hecho este viernes, tras participar en la presentación de la Media Maratón de Aguas de Alicante, en una comparecencia sin preguntas en la que no ha informado sobre decisiones que pudiesen comportar ceses o destituciones, más allá de la dimisión por voluntad propia registrada el mismo jueves por la funcionaria municipal que ejercía como directora general de Organización Interna, que regresa ahora a su puesto como jefa del área de Contratación.
El primer edil no ha llegado a referirse a su situación concreta, aunque sí ha aludido a la de la edil de Urbanismo. Al respecto, ha señalado que, con la información de la que disponía hasta el momento, su inscripción en la cooperativa que promovió la construcción del edificio, Residencial Les Naus, se produjo en 2018. Es decir, "cinco años antes de que se convirtiese en concejal", ha apuntado. Además, ha explicado que, hasta ahora, no se ha encontrado ninguna evidencia de su participación en el expediente urbanístico relacionado con las obras de esa promoción, toda vez que la licencia de obra mayor para su ejecución se concedió en 2022. Es decir, "un año antes" de que Gómez -ahora de baja por maternidad- se convirtiese en cargo público. En todo caso, ha insistido en que su intención es llegar hasta el final del proceso de averiguaciones con el objetivo de adoptar las decisiones que resulten oportunas "caiga quien caiga", entre las que ha reiterado la posibilidad de acudir a Fiscalía para presentar una denuncia. "Repito: actuaré con la mayor rapidez, caiga quien caiga", ha recalcado.
"No podemos consentir que en un tema tan delicado como la vivienda y en estas circunstancias, con la alarma que generan la falta y la necesidad de vivienda, un asunto como éste relacionado con la vivienda social pueda quedar bajo la más mínima sospecha", ha concluido Barcala. "Tenemos la obligación y la responsabilidad de actuar con total contundencia y no me va a temblar el pulso. Actuaré con la mayor rapidez posible, caiga quien caiga y sea cual sea la responsabilidad exigible a todos los niveles", ha sostenido.
Por lo demás, ha vuelto a emplazar cualquier otro movimiento a la conclusión del informe de aclaración de hechos que ordenó abrir este mismo miércoles, para la que ya se había solicitado toda la información disponible sobre el expediente urbanístico y de contratación relacionado con la subasta de esa parcela municipal a los departamentos de Urbanismo, de Patrimonio y de Contratación. Al respecto, ha asegurado que se ofrecerá el contenido de ese dictamen al conjunto de los grupos de la oposición en el momento en el que esté finalizado. Y, además, también ha asegurado que se procederá a la mayor brevedad posible a la convocatoria del pleno extraordinario solicitado también por las formaciones opositoras con el fin de que se faciliten explicaciones, después de que las formaciones solicitantes maticen el contenido concreto que se pretende que se dé a conocer en esa sesión, según ha apuntado.
Eso sí, ha insistido en que el aspecto concreto de la supervisión de la adjudicación de esas viviendas queda bajo responsabilidad de la Generalitat, a través de la Conselleria de Vivienda. En ese punto, ha concretado que la tramitación de los expedientes por "la asignación o adquisición de la condición de beneficiario de esas viviendas de protección oficial" corresponden "a la Generalitat Valenciana".
Modificación legislativa
En este sentido, ha reiterado su preocupación ante la posibilidad de que pudiese haberse concedido vivienda de VPO a algún solicitante que no cumpliese los requisitos necesarios para ello. De ahí que se haya mostrado contundente al asegurar que no estaba dispuesto a tolerar que se concediese "una vivienda social" -aunque las VPO de Playa de San Juan no lo son, sino que son VPO de promoción privada- a quien no cumple las condiciones requeridas, en detrimento de alguien que sí se encuentra en una situación vulnerable y que no puede acceder a la compra de una vivienda. En esta línea, ha ido un paso más allá y ha emplazado tanto a la Generalitat como al Gobierno Central a promover las modificaciones legales que resulten oportunas para procurar que exista un procedimiento basado en la transparencia para la baremación y entrega de las viviendas de VPO en las promociones que se desarrollen en el futuro. Es más, ha aludido de forma directa al Plan Vive puesto en marcha por la Generalitat, con la particularidad de que el ayuntamiento se ha adherido a ese programa con la cesión de cinco parcelas municipales con el propósito de que se liciten para que promotores privados construyan vivienda de protección pública (VPP).
"Es ésta una oportunidad magnífica para exigir que todos los requisitos para acceder a una vivienda social y la tramitación de todos estos procesos se lleven a cabo con la más absoluta transparencia", ha destacado Barcala. "No podemos permitir que estos procedimientos no sean claros y transparentes para todo el mundo y, por tanto, es necesario modificar la normativa autonómica al respecto", ha abundado. En esta línea, el primer edil ha subrayado que la legislación autonómica "tiene que garantizar que sólo y exclusivamente aquellas personas que cumplen los requisitos acceden a una vivienda social. No voy a permitir que alguien que no debe acceder a una vivienda social, la consigue y deje sin esa vivienda a alguien que realmente la necesita", ha enfatizado.
"Y esto lo digo no sólo por la promoción de La Condomina, sino por todas promociones que Ayuntamiento, Generalitat e iniciativa privada promuevan en la ciudad", ha agregado. "Y hago un llamamiento para que todos los municipios exijamos exactamente lo mismo. Estoy convencido de que será bien recibido por la Generalitat y por el Gobierno de España. En esta situación de alarma habitacional, no se puede poner bajo sospecha el actual proceso de sacar vivienda social al mercado", ha proseguido.
