BENIDORM.- (M.G./A.B/ EFE).- Principio de acuerdo entre el Ayuntamiento de Benidorm y la familia Murcia-Puchades para ejecutar la sentencia que obliga al consistorio a indemnizar con unos 350 millones de euros a los propietarios de los terrenos del sector APR-7 de Serra Gelada por la pérdida de edificabilidad tras la declaración del parque natural. En resumen, habría un pago inicial de 60 millones de euros, un periodo de carencia de cinco años y a partir de esa fecha, 2031, el consistorio debe reserva un 8% del presupuesto para pagar la cantidad restante. Mientras, el consistorio tiene la posibilidad de compensar esa cantidad con terrenos de aprovechamiento urbanístico materializable en suelo urbano que tengan la condición de solar edificable y estén libres de cargas de urbanización.

Ambas partes han puesto sobre la mesa dos propuestas de acuerdo muy similares para ejecutar la resolución judicial, que han sido analizadas este jueves en una reunión urgente celebrada en el consistorio. Y ambas vienes a recoger las pretensiones ya anunciados: el consistorio buscaban plazos largos para evitar un impacto desmesurado en las cuentas anuales que comprometiera la gestión del día a día; la promotora la posibilidad de cobrar también en especie; es decir, en suelo.

Y ahora parece que ha llegado el acuerdo. El encuentro ha tenido lugar después del periodo de audiencia concedido por el pleno municipal a las partes para explorar una fórmula pactada de cumplimiento del fallo judicial. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) fija una indemnización de 283 millones de euros por los aprovechamientos urbanísticos de esos terrenos, a la que se suman intereses que elevan el importe total de la deuda a alrededor de 350 millones.

Tanto la propuesta municipal como la presentada por las empresas de la familia Murcia-Puchades coinciden en establecer un pago inicial de 60 millones de euros antes del 31 de diciembre de 2026, que podría cubrirse con el primer crédito solicitado por el Ayuntamiento de Benidorm de 55 millones al Ministerio de Hacienda.

Tras ese primer abono se contempla un periodo de carencia para el pago del principal hasta el 31 de diciembre de 2030, durante el cual el ayuntamiento podría amortizar o no parte de la deuda pendiente.

A partir del 1 de enero de 2031, el consistorio debería comenzar a amortizar anualmente el principal y los intereses correspondientes.

Para ello, la propuesta de los propietarios plantea que el ayuntamiento reserve al menos el 8 % de su presupuesto anual, mientras que el texto elaborado por la administración local concreta que ese porcentaje se calcularía sobre los recursos corrientes ordinarios previstos en el estado de ingresos de las cuentas municipales.

Los documentos también contemplan la posibilidad de satisfacer mediante suelo edificable el importe de los intereses generados hasta la fecha, que las partes sitúan entre unos 67 y 70 millones de euros, según los cálculos incluidos en cada propuesta.

En ese caso, el ayuntamiento podría compensar esa cantidad con terrenos de aprovechamiento urbanístico materializable en suelo urbano que tengan la condición de solar edificable y estén libres de cargas de urbanización.

Las propuestas prevén un plazo de cinco años para identificar esos suelos, que podrían situarse en ámbitos urbanísticos como el sector PP2/1, Murtal 1, Ensanche de Levante o el PAU 1, entre otros.

El posible acuerdo se enmarca en la ejecución de la sentencia relacionada con los terrenos del APR-7 de Serra Gelada, cuya edificabilidad quedó anulada tras la protección ambiental de la zona, lo que dio lugar a un largo litigio entre los propietarios y el consistorio. Las partes continúan analizando las condiciones del acuerdo, que en caso de concretarse debería ser aprobado por el pleno municipal y posteriormente homologado judicialmente en el proceso de ejecución de la sentencia. 

Gráfico de resumen de las dos propuestas