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La familia Murcia Puchades pide la ejecución forzosa de los 352 millones de euros de Serra Gelada de Benidorm

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BENIDORM. Un día más con novedades en el pago de la indemnización millonaria a la familia Murcia Puchades. El Ayuntamiento de Benidorm ha celebrado este lunes una junta de portavoces tras el pleno para informar sobre los últimos pasos sobre la condena por los terrenos de la APR-7 de Serra Gelada. Y no son positivos.

La defensa de las empresas Murcia Puchades Expansión SL y Urban Villajoyosa 2000 SL ha solicitado la ejecución forzosa de la sentencia por la que el Ayuntamiento está condenado a 283 millones de euros más intereses. Estos se calculan en unos 25.203 euros diarios, por lo que estiman que ya estaría en los 352,6 millones de euros, según ha podido confirmar este diario. Así se recoge del escrito dirigido a la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Alicante, número 3, presentado el pasado 23 de enero. 

Este escrito llega después de diferentes fallos que se han sucedido en las primeras semanas del año y de las que precisamente se han dado cuenta en el pleno, como el rechazo del recurso de amparo del Tribunal Constitucional o la denegación de la suspensión de la ejecución de sentencia solicitada por el Consistorio.

Según recoge el escrito, al que ha tenido acceso Plaza, el 1 de septiembre de 2025 comenzó a correr el plazo para el cumplimiento voluntario "si no había comenzado a correr ya antes". Con todo, señalan que el Ayuntamiento tuvo conocimiento de la firmeza hace nueve meses, tiempo en el que no tienen constancia de que "haya desarrollado actividad alguna tendente al cumplimiento de esta resolución judicial, es decir, al pago de la cantidad fijada y sus intereses". 

Para la defensa, el Consistorio debería haber concluido ya el procedimiento de modificación presupuestaria necesaria para hacer frente al pago ordenado por la sentencia. Y asegura que cualquier superávit de la tesorería municipal tiene que ser destinado a la indemnización. Igualmente, son conscientes de que esto no sería suficiente, por lo que consideran que el Ayuntamiento ya tendría que estar solicitando un préstamo del Estado a través del Fondo de Financiación de Entidades Locales y recuerdan que existe la posibilidad de que las corporaciones locales soliciten al Estado el acceso a medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez. 

Intereses

Para la defensa, los intereses empiezan a contar desde la reclamación de la indemnización, que remontan a 16 de febrero de 2018. Desde entonces y hasta el 31 de diciembre de 2022 calculan un 3% al día. Mientras que desde el 1 de enero de 2023 hasta ahora, lo suben al 3,25%. En total, 69.565.797,12 euros en intereses.

Conflicto de décadas

Los dueños de este suelo firmaron un acuerdo con Vicente Pérez Devesa de alcalde en 2003, y fue prorrogado ya con el gobierno de Agustín Navarro en 2010 y 2013. De este modo, trataban de dar salida a una situación creada con el nuevo PORN, que declaraba Serra Gelada como parque natural y, por tanto protegido desde 2005. En él, se establecía las compensaciones por no poder edificar en sus parcelas, sin embargo, estas indemnizaciones nunca llegaron a ejecutarse sin antes una sentencia judicial.

El convenio se comprometía a compensar con edificabilidad en otras parcelas a los propietarios por esos terrenos, que el Plan General de 1963 reconocía como urbanos. El PP comenzó la revisión de oficio de este convenio en 2021 y el dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC) avaló la nulidad del acuerdo. En noviembre de 2022 se aprobó por el pleno con el voto a favor de los populares y la abstención de PSOE y Ciudadanos.

No obstante, los informes aportados en aquel entonces consideraban que la indemnización económica no tiene cabida por parte del Consistorio por reconocer a dichos propietarios derechos de aprovechamiento urbanístico, que no se ha patrimonializado, y por tanto, que no se había adquirido "dado que no habían procedido a la cesión, equidistribución y urbanización". Esta tesis recogía que aunque los terrenos estuvieron clasificados en el PGOU de 1963 como suelo urbano, "no parecían contar" con los requisitos exigidos como acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica, etc.

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