BENIDORM. El pleno del Ayuntamiento de Benidorm aprobó el pasado viernes ofrecer trámite de audiencia a la familia Murcia Puchades para que se pronuncien sobre la viabilidad de definir un acuerdo de colaboración para la ejecución de la sentencia con una condena que podría superar los 350 millones de euros, y en su caso, sobre el contenido y términos del mismo. Una propuesta que venía avalada por informes técnicos que se abrían a la posibilidad de compensar a los propietarios de este suelo con aprovechamiento urbanístico en otras zonas del municipio.

Una fórmula que recuerda mucho precisamente al convenio sin cumplir que ha sido objeto de recurso para este procedimiento. Como ha venido contando de largo este diario, las empresas ganadoras del contencioso reclamaban que se les hiciera efectivo el acuerdo firmado con el Consistorio por el cual se comprometieron a compensar a los titulares de estas parcelas con otros planes parciales, pero que nunca se llegó a ejecutar. Un documento que se firmó en 2003 bajo el mandato del popular Vicente Pérez Devesa, con una vigencia de cinco años. Se renovó en los años 2010 y 2013 ya con gobierno del socialista Agustín Navarro.

Este lunes salía a información pública el anuncio para dar este trámite de audiencia y según recogen los informes que acompañan a este expediente, entre las distintas vías contempladas por el Consistorio está: solicitud de fondos de financiación al Ministerio de Hacienda, concertación de operaciones bancarias, enajenaciones, permutas... Tal y como apunta el informe de la intervención municipal. El primero ya se ha cumplido, con la adhesión al Fondo de Impulso Económico por importe de 55 millones de euros, que no obstante, se quedaría lejos de la indemnización completa.

También se prevén estas posibilidades en el informe del secretaria municipal, asesoría jurídica y jefe de patrimonio, donde se plantea que el acuerdo de colaboración podría contener además de la previsión del pago de cuantías económicas, "la compensación de parte o del total de la condena mediante el reconocimiento de aprovechamientos urbanísticos en determinados sectores". Así, argumentan que esta opción se entiende amparada dentro de los contornos o límites de la ejecución en la medida en que "la condena económica deriva de determinados convenios urbanísticos cuyo objeto principal era el reconocimiento de los referidos aprovechamientos urbanísticos". 

A su vez, informan que existe la opción de hacer un pago inicial a través del Fondo de Impulso Económico y el aplazamiento de la cuantía restante durante un periodo "razonado" de tiempo atendiendo que la propuesta busque que sea de la forma menos gravosa para la hacienda municipal. "Todo ello, sin perjuicio de la posibilidad de prever la compensación de parte o del total de la condena mediante el reconocimiento de aprovechamientos urbanísticos en determinados sectores", a lo que añaden que tendrá que ser sometido a la autorización judicial. Una posibilidad que también tendrá que valorar la propiedad.

Esta posibilidad ya sobrevoló en la última rueda de prensa ofrecida por el alcalde, Toni Pérez, para abordar las novedades sobre este procedimiento antes del pleno. En aquel momento, el primer edil aseguró que el Ayuntamiento "tiene su capacidad para generar economías" y aseguró que se trataba de una hipótesis "en base a un planteamiento que yo como alcalde desconozco". 

Consecuencias

Esta sería una fórmula que el Ayuntamiento podría encontrar para evitar la "quiebra de la hacienda municipal" que ha manifestado en varios informes la interventora en el caso de tener que hacer frente a esta cuantía y que vuelve a enumerar en las últimas semanas. Es más, advertía que "implicaría una gravísima merma en la prestación de los servicios públicos municipales" y "en el cumplimiento de obligaciones contraídas con terceros, como el pago de la deuda con las entidades bancarias, los contratos ya formalizados y los gastos del personal al servicio de la Corporación, donde muy probablemente se producirían despidos y reducciones salariales".

Como es sabido, el municipio aún tiene algunos planes parciales pendientes de desarrollar y que tendrían que estudiar si este puede ser parte de la forma de pago, como es Ensanche Levante, todavía sin aprobar de manera definitiva, o el Murtal, que sigue enquistado y sin avanzar desde hace años.