ALICANTE. La polémica por la adjudicación de las viviendas de protección pública de promoción privada construidas en un solar municipal de Playa de San Juan subastado por el Ayuntamiento de Alicante entre los años 2018 y 2022 se cobra una primera dimisión. Se trata de la de la edil de Urbanismo, Rocío Gómez, quien ha comunicado este viernes su decisión de abandonar el cargo, lo que conllevará el registro de la renuncia al acta de concejal en los próximos días, después de dos años y ocho meses de desempeño público.

Gómez, arquitecta de profesión y nacida en enero de 1993, ha destacado que entró en política en 2023, cinco años después de formalizar su inscripción en la cooperativa Residencial Les Naus que promovió la construcción de las viviendas en el solar situado entre la avenida de Historiador Vicente Ramos y las calles Redes y Asunción Valdés. En esta línea, ha precisado que quedó inscrita como cooperativista número 18 con el fin de acceder a una de los 140 pisos incluidos en el complejo.

Fuentes municipales han apuntado, a través de un comunicado, que la concejala ha decidido apartarse del cargo para que el expediente de aclaración de hechos solicitado por el alcalde, Luis Barcala, por el que se investiga el expediente urbanístico y patrimonial sobre la subasta del suelo, y sobre la adjudicación posterior de las viviendas, "pueda seguir su curso sin interferencias de ningún tipo, después de haber aportado toda la documentación que le ha sido requerida". En la actualidad, Gómez se encuentra de baja por maternidad.

La edil se convirtió en concejal tras las elecciones municipales de 2023, después de incorporarse como número 3 en la candidatura local del Partido Popular (PP). Su inclusión en la lista fue una apuesta personal del alcalde, Luis Barcala, con la intención de integrar a jóvenes con cualificación profesional en el equipo de gobierno, al margen de que también trascendiese la relación de amistad entre Gómez y miembros de la familia de Barcala. En su etapa como edil de Urbanismo, ha promovido el acuerdo de suspensión de licencias para alojamientos turísticos con el fin de promover una regulación y ordenación del sector, ha impulsado los trabajos de redacción del nuevo Plan General Estructural (PGE), todavía en trámite, y ha intervenido en la definición de la ordenación pormenorizada de la denominada Operación Integrada número 2 (OI/2), en la que se da encaje al futuro Parque Central, aunque ninguna de esas actuaciones ha quedado culminada hasta ahora.

Otra renuncia y segunda dimisión

El anuncio de su renuncia al acta de concejal llega después de que, este jueves, también se produjese la dimisión de la funcionaria designada como directora general de Organización Interna, María Pérez-Hickman, en el desempeño de esa responsabilidad como cargo de confianza del equipo de gobierno, después de que también hubiese trascendido que dos de sus hijos habían resultado adjudicatarios de viviendas en la misma promoción. Con todo, la funcionaria regresa a su puesto anterior como jefa del área de Contratación.

Con la salida de Gómez de la corporación, su acta podría quedar en manos de Luis Alfonso Morata Algarra, quien ocupó el puesto número 16 en la candidatura electoral del PP en 2023. En el supuesto de que se produzca su renuncia a incorporarse a la corporación, correría la lista hasta el puesto número 17 en el que figura Alexandra García Villanueva. La dimisión de Gómez es la segunda que se produce en las filas del equipo de gobierno en este mandato tras la salida de quien fuera concejal de Hacienda y Deportes, Toni Gallego, tras la polémica suscitada por el incumplimiento de la regla de gasto en la liquidación del ejercicio económico de 2024 que conllevó que el ayuntamiento tuviese que aprobar un Plan Económico Financiero (PEF). A partir de ahí, el grupo municipal de Vox exigió que se produjese el cese o dimisión de Gallego como condición para apoyar ese PEF. La salida de Gallego supuso la incorporación de Rafa Alemañ como nuevo concejal.

Reacciones políticas

El abandono de Gómez ha promovido las consiguientes reacciones políticas por parte de representantes de los grupos políticos que ejercen funciones de oposición. En primer término, la portavoz del grupo municipal del PSOE, Ana Barceló, ha valorado que la dimisión de la concejala de Urbanismo y de la directora general "confirman que hay un problema político grave con la gestión de esta promoción de vivienda pública que va mucho más allá de una polémica mediática".

"Es la prueba de que Barcala no actuó con la transparencia exigible, no estableció los controles necesarios en una cuestión tan sensible como la vivienda protegida sobre suelo municipal. La máxima responsabilidad sigue siendo del alcalde. Tiene que dar explicaciones sobre por qué no estableció controles sobre esta promoción de viviendas en suelo público y acaparar si existen más cargos públicos o allegados del PP que han resultado beneficiados", ha insistido. Barceló ha añadido que "desde el PSOE seguiremos exigiendo toda la información necesaria para llegar al fondo de este asunto,  dirimir responsabilidades políticas y garantizar que esto nunca vuelve a ocurrir".

De igual modo, el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, ha sostenido que si Gómez dimite "es porque reconoce la supuesta prevaricación. No es suficiente. Debe comparecer públicamente y explicar la trama de viviendas de protección oficial que estamos conociendo y que nos avergüenza. Ha sido la máxima responsable del área bajo sospecha. Vamos a llegar hasta el final y revisaremos las bases de la adjudicación para anularla y devolver las viviendas a quienes legítimamente les corresponden", ha añadido.

En tercer término, fuentes de Vox también se han pronunciado sobre la decisión de Gómez para señalar que "entendemos que ha hecho lo que debía hacer para proteger el nombre del Ayuntamiento, institución de todos los alicantinos". "Sin embargo, este hecho no debe suavizar ni limitar de ninguna manera esa investigación para aclarar si alguno de las personas señaladas y también las que pudieran señalarse, se han beneficiado personalmente de cargos públicos como políticos, cargos directivos o funcionarios", han apuntado, a través de un comunicado. "Es nuestra responsabilidad el trabajar por y para los alicantinos y no para nosotros mismos y, dentro de dicha responsabilidad, está el proteger los bienes públicos ante fraude de cualquier tipo", han concluido.