ALICANTE. El Plan Económico Financiero (PEF) que el Ayuntamiento de Alicante se ve obligado a implementar tras el incumplimiento de la regla de gasto al cierre del ejercicio presupuestario de 2024 se cobra la primera consecuencia oficial. Se trata de la dimisión del edil de Hacienda, Deportes y Patrimonio, Toni Gallego, como condición sine qua non exigida por Vox, primero, y por el conjunto de la oposición, después, para que pueda aprobarse la propuesta de plan de ajuste (la denominación coloquial con la que se conoce el PEF). De hecho, el acuerdo con el grupo municipal de Vox que despejaría la aprobación de ese plan de ajuste ya ha sido anticipado por los del partido De Santiago Abascal solo unos minutos después de que se hiciese pública la renuncia de Gallego.

La marcha del ya exconcejal del PP la ha confirmado este lunes él mismo en una comparecencia en solitario en la que, pese a todo, ha defendido su gestión en las parcelas que ha venido desempeñando desde el principio de la legislatura. Incluida su labor relacionada con la planificación del propio plan de ajuste, que ha desencadenado el desencuentro entre los populares y los voxistas (sus aliados recurrentes en estos dos primeros años del mandato) desde que trascendió la aprobación de su primera versión, validada en Junta de Gobierno hace dos semanas, en la que se recogía el compromiso de impedir la aplicación de nuevas rebajas fiscales durante los ejercicios de 2025 y 2026.

La dimisión de Gallego -que conlleva la renuncia al acta de concejal- se ha formalizado este lunes, según ha confirmado el propio regidor, por lo que su decisión sería inamovible, a la espera de que pueda hacerse efectiva con el trámite de dación de cuenta en el próximo pleno. "Doy este paso a un lado; no voy a ser yo quien vaya a impedir que pueda seguir trabajándose en beneficio de Alicante", ha explicado Gallego en esa comparecencia, en alusión a las exigencias de dimisión o cese que había planteado el conjunto de grupos políticos que ejercen funciones de oposición, aunque acompañadas de distintos planteamientos, en función de cada caso.

En este sentido, Gallego ha incidido en que había sido él mismo quien había expresado su decisión al alcalde, Luis Barcala, y que el primer edil se lo había agradecido. Al tiempo, el hasta ahora responsable de Hacienda también ha expresado su gratitud por la confianza que se había depositado en él, tras sostener que había procurado que el Ayuntamiento pudiese disponer de la mayor cantidad de recursos económicos para ejecutar inversiones y para incrementar las cuantías de los servicios públicos que se prestan, en lugar de favorecer que quedasen inmovilizados como remanentes hasta cerca de 50 millones, de los que no se habría podido disponer en el supuesto de haberse cumplido la regla de gasto. Así, ha defendido que fue él mismo, desde el departamento de Hacienda, quien abogó por la fórmula de la superación de la regla de gasto como mecanismo para incrementar el nivel de ejecución de inversiones y de proyectos del ayuntamiento, siempre que se cumpliese con las otras dos reglas fiscales recuperadas por el Gobierno central tras el fin de la crisis de la covid: el equilibrio presupuestario y disponer de un nivel de endeudamiento inferior al 75%. Dos circunstancias que, según ha subrayado, se han cumplido, como se refleja en el informe de liquidación presupuestaria emitido por el departamento de Intervención municipal.

Con esa argumentación, Gallego ha recalcado que se había conseguido estirar el nivel de ejecución de proyectos con actuaciones como la compra de autobuses eléctricos por 11,9 millones, la reforma plaza de San Blas, la implantación de la carrera profesional, la renovación de instalaciones deportivas, la puesta en marcha de la subvención al transporte público en autobús, la donación 1,5 millones a los municipios afectados por la dana de Valencia, el incremento de dotaciones a las hogueras, el incremento de contratos por la prestación de servicios, la compra de vehículos de Policía Local o la remodelación del fondo de saco de La Explanada para generar un nuevo espacio peatonal (aunque, en realidad, parte de esas actuaciones derivan del pasado mandato).

Sea como fuere, el concejal saliente ha insistido en que con esa decisión de gestión económica de superación de la regla de gasto, que ha calificado como la más óptima, habría permitido ampliar el margen presupuestario para 2025, puesto que "nos permite disponer de 30 millones más para ejecutar. Con ello, el techo de gasto sería de 317 millones", ha expuesto. Es más, ha añadido que, gracias a esa circunstancia, se está promoviendo otros proyectos como la remodelación de la avenida de Niza, la conclusión del parque de La Torreta, la remodelación de los cines Aba6, la regeneración de la calle Sol Naciente y su entorno, la remodelación de La Almadraba, la continuidad de las bonificacioes del autobús, la construcción de la comisaría de Playa de San Juan, una nueva fase de mejora de las instalaciones deportivas, nuevos incrementos en los contratos de servicios, la continuidad de la carrera profesional en dos millones o la conclusión del edificio del Centro 14 como sede de las actividades de la Concejalía de Juventud.

El ya exconcejal sostiene que otros ayuntamientos gobernados por PP y Vox, y por PSPV y Compromís, también han incumplido la regla de gasto y han aprobado planes económicos similares sin controversia

De hecho, ha retado a los cuatro grupos de la oposición a ser valientes y precisar "cuál de esas inversiones y proyectos" deberían haberse dejado sin ejecutar, en el supuesto de que no se hubiese decidido incumplir la regla de gasto. Y no solo eso. También ha manifestado que otros ayuntamientos gobernados por PP y Vox, como los de València y Elche, o por PSPV y Compromís, como el de Alcoy, también habrían optado por la fórmula del incumplimiento de la regla de gasto sin que ello hubiese supuesto ninguna medida especialmente controvertida, excepto en el caso de Elche, en el que, según ha señalado, sí se han tenido que aplicar recortes presupuestarios, en la medida en que se había incumplido la regla fiscal del equilibrio presupuestario, además de haberse superado el techo de gasto.

Gallego ha persistido, igualmente, en sus explicaciones sobre el alcance del plan de ajuste para apuntar que la propuesta que pasó por Junta de Gobierno hace 15 días era un planteamiento "esencialmente técnico" que debía aprobarse para cumplir los plazos de tramitación. Al respecto, ha señalado que en ese documento se había recogido la limitación de aplicar nuevas rebajas fiscales -incluida la reducción del tipo impositivo del IBI que se había pactado con Vox a través del pacto presupuestario de 2025- porque "los técnicos municipales no tenían por qué saber de la existencia de ese compromiso". De ahí que haya reiterado que ya se estaba trabajando en una propuesta de autoenmienda que debía aprobarse en comisión de Hacienda por la que sí se contemplaría la reducción del IBI concertada con Vox. Para ello, según ha sostenido, habría bastado con incorporar una nueva redacción en la que se reflejase el compromiso de "no rebajar los ingresos permanentes de recaudación netos". O lo que es lo mismo, que sí se contemplaría nuevas reducciones fiscales en el supuesto plausible de que se generasen ingresos adicionales. "Si Alicante es una ciudad en crecimiento, eso permite inferir que los ingresos van a ir aumentando, mediante la actualización de tasas de las ordenanzas que se están revisando, o bien por la generación de edificios o casas nuevas" susceptibles de pagar IBI, ha explicado Gallego. Eso supondría un "incremento de ingresos, que se podría destinar a reducir el IBI", siempre que no conllevase una reducción de ingresos, con lo que se recuperaría el cumplimiento del acuerdo presupuestario alcanzado con Vox.

Esa propuesta de modificación había sido comunicada a los representantes de Vox, según ha añadido Gallego. No obstante, no se habría tenido en consideración, según ha apuntado. De ahí que haya sostenido que, a su juicio, en la hoja de ruta de Vox "no estaba seguir con el pacto", a la vista de sus manifestaciones formuladas durante los últimos quince días. "Han querido aprovechar esta ventana para hacer nuevas peticiones", como se puso de manifiesto el pasado lunes, cuando Vox dio a conocer un listado con una veintena de exigencias que el PP debía cumplir para contar con su respaldo. Entre ellas, según ha señalado Gallego, "está la de pedir mi cabeza", ha recalcado. "No voy a ser yo el impedimento; doy un paso a un lado y dejo el acta de concejal", ha dicho. "No soy político, soy gestor; todo mi trabajo que podría aportar aquí, lo he aportado", ha apostillado, tras confirmar que su intención es volver a su vida previa a su paso por el ayuntamiento. "No soy político; tengo negocios que atender", ha sostenido.

Pacto con Vox

Por lo pronto, la dimisión de Gallego habría devenido en la pieza definitiva para la confirmación del acuerdo que se venía gestando desde finales de la semana pasada entre PP y Vox para procurar la aprobación del plan de ajuste. Hasta la mañana de este lunes, había trascendido que en ese nuevo pacto bilateral se incluirían medidas como el impulso de un convenio con entidad especializada para la gestión de la oficina de apoyo a la maternidad, habilitada a propuesta de Vox con motivo del pacto por los presupuestos de 2024, así como la puesta en marcha de la redacción de una ordenanza de agilización administrativa. Todo ello, al margen de la recuperación del compromiso de reducción del IBI con una disminución de la recaudación de 1,1 millones en 2026, 2027 y 2028 hasta totalizar 3,3 millones de descenso.

Así lo ha confirmado, de hecho -minutos después de que Gallego anunciase su salida del ayuntamiento-, la portavoz municipal de los voxistas, Carmen Robledillo, quien ha lamentado "la situación de la dimisión del señor Gallego del equipo de gobierno pero tenemos un compromiso inviolable con los alicantinos y, por encima de todos, nosotros incluidos, están ellos". "Nos soprenden mucho las palabras del propio señor Gallego que ha afirmado que el plan económico financiero que él envió a la Junta de Gobierno Local para su aprobación, era un simple borrador y que era enmendable. Es absurdo pensar que un documento tan importante para la ciudad de Alicante no se trabajara debidamente y se tratara como una mera declaración institucional del pleno", ha considerado.

Además, Robledillo ha añadido que, "en lo que respecta a las medidas políticas y económicas, hemos alcanzado un buen acuerdo con el equipo de gobierno que busca satisfacer, como siempre hemos hecho y siempre haremos, el cumplimiento de nuestro programa electoral. Ni hemos tolerado ni vamos a tolerar en el futuro ningún engaño a los alicantinos en general ni a los votantes de Vox en particular", ha concluido.

Valoraciones políticas

La dimisión de Gallego ha suscitado una cascada de reacciones políticas entre el resto de formaciones que ejercen funciones de oposición. En primer término, la portavoz municipal del PSOE, Ana Barceló, ha considerado -antes de que trascendiesen las manifestaciones de Robledillo- que tras la renuncia de Gallego "el alcalde, Luis Barcala, tendrá que decidir entre dos opciones: asumir la hoja de ruta misógina, xenófoba y homófoba de la ultraderecha, o, por contra, no aceptar ese chantaje de Vox y sacar adelante el plan de ajuste con la abstención del grupo socialista". 

Barceló ha recordado que el PSOE también reclamó el cese del hasta ahora concejal de Hacienda al considerar que era el máximo responsable del incumplimiento de la regla de gasto. En ese sentido, "y tras el chantaje de la ultraderecha; que tendría consecuencias lamentables para los alicantinos y alicantinas", fuentes del PSOE han incidido en que "se ofreció al PP la posibilidad de sacar adelante el plan económico financiero cumpliendo dos cuestiones: la salida de Toni Gallego del ejecutivo y que no se aceptará ninguna de las condiciones de Vox". "Con la renuncia de Gallego, Barcala tendrá que demostrar ahora hasta qué punto es un alcalde que está tutelado por la ultraderecha. Los socialistas estamos radicalmente en contra del retroceso en derechos que abandera Vox, que supone una declaración de guerra hacia diversos colectivos sociales", ha concluido.

De igual modo, el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, ha considerado que "Toni Gallego dimite asumiendo la pésima gestión del Gobierno de Barcala. Un concejal de Hacienda y un gobierno en blanco. Ha enumerado proyectos impulsados por el anterior mandato. Obras chapuza con sobrecostes y casi todas financiadas por fondos Europeos, donde se han engordado a las contratas y una colmatada de especulación por la inacción de Rocio Gómez. Ella también debería dimitir". "Además, entendemos la postura de Toni Gallego. Un concejal que se mostró en el primer año muy dialogante hasta que Barcala le cortó las alas. Un concejal frustrado por un alcalde mentiroso e inútil para gobernar", ha concluido.

Por último, su homólogo de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha estimado que la salida de Gallego era "una dimisión inevitable ante una gestión insostenible". Así, ha incidido en que su salida del equipo de gobierno es "la consecuencia lógica de una gestión económica irresponsable. El Partido Popular intenta ahora imponer un plan de ajuste de 30 millones de euros no para corregir errores técnicos, sino para tapar su mala gestión. Se han gastado ahorros sin control, confiaron en ayudas que nunca llegaron y ahora pretenden que la ciudadanía alicantina cargue con el coste de su incompetencia", ha explicado.

"Mientras, el PP protege lo indefendible: no tocan los contratos millonarios, blindan a sus asesores de confianza y mantienen a una legión de altos cargos incapaces de resolver los problemas crónicos de esta ciudad. ¿Dónde quedó aquel discurso de los buenos gestores?", ha añadido. "Desde Esquerra Unida Podem, rechazamos este ajuste no solo por coherencia política, sino por justicia social. Los principios de la izquierda -fiscalidad progresiva, servicios públicos fuertes, inversión en igualdad y democracia económica- son antagónicos a una política que descarga las crisis sobre las clases trabajadoras. El señor Gallego se convierte en el chivo expiatorio de un desastre que tiene nombre y apellidos: el alcalde Barcala y su equipo, que insisten en un modelo agotado, sin ideas ni proyecto para Alicante", ha recalcado.

Sea como fuere, Copé ha apuntado que "hemos criticado siempre con firmeza sus políticas, pero desde el respeto personal. Por eso, deseamos a Toni Gallego lo mejor en su vida futura. Sin embargo, su renuncia es un síntoma más del fracaso de un gobierno que navega sin rumbo, y una oportunidad para que Alicante exija por fin un cambio real".