ALICANTE. Vox no está dispuesto a dar tregua para avalar el Plan Económico Fiscal (PEF) que debe impulsar el Partido Popular (PP) al frente del equipo de gobierno de Alicante tras el incumplimiento de la regla de gasto constatado al cierre de la liquidación del presupuesto de 2024. Los cuatro ediles de la formación que preside Santiago Abascal han desglosado este lunes, en una comparecencia pública, una larga lista de peticiones que los populares deben asumir como condición sine qua non para contar con sus cuatro votos en cuanto se produzca el debate sobre la propuesta de ese plan de ajuste (la denominación coloquial por la que se conoce el PEF) en pleno: en principio en la sesión ordinaria de este mes de junio. En esa lista de exigencias se incluyen posiciones de máximos que los voxistas consideran irrenunciables, como el cese del concejal de Hacienda, Toni Gallego, a quien responsabilizan de forma directa de haberles ocultado la información sobre el estado financiero municipal en el momento en el que se estaba negociando el acuerdo presupuestario sobre las cuentas de 2024, en el que se recogía la rebaja en el tipo impositivo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) durante los ejercicios de 2026 a 2028. Ese compromiso habría quedado descartado con la propuesta de PEF aprobada por el PP en Junta de Gobierno, en la que se mantiene el conjunto de gastos comprometidos y se cierra la puerta a nuevas reducciones fiscales en los ejercicios de 2025 y 2026, como viene informando este diario.

Los populares se han abierto a revisar esa limitación, después de que Vox expresase su rechazo. No obstante, sus argumentos no han conseguido aplacar a Vox, que no solo ha manifestado su desconfianza respecto a la nueva propueta, sino que va un paso más lejos y redobla la presión sobre el PP con un listado de reivindicaciones -al margen del cese de Gallego- que supondrían una auténtica revolución municipal. Todo ello, sin exonerar a los populares de cumplir su acuerdo presupuestario para que se promueva la rebaja del IBI acordada en el pacto presupuestario alcanzado el pasado diciembre. De hecho, plantean medidas para reducir el gasto como contrapartida para equilibrar la situación económica municipal -de forma que sí tenga cabida la reducción del IBI- como el cierre de los patronatos de Vivienda y de Educación Infantil, en los que, según el informe de liquidación elaborado por el departamento de Intervención, también se habría incumplido la regla de gasto; la modificación de la ordenanza de Ocupación de Vía Pública aprobada en 2024 con el respaldo de Compromís, de forma que se recupere el planteamiento prenegociado con Vox (en el que se contemplaba la ampliación del plazo considerado como temporada estival, la extensión de horarios y la eliminación de los puntos violeta para que pasasen a denominarse puntos de seguridad, con una función más amplia); o la modificación de las Zonas Acústicas Saturadas (ZAS) planteadas por el PP para dos ámbitos concretos del Centro Tradicional y del Casco Antiguo con el propósito de que se acuerde una implantación progresiva, así como la revisión de las mediciones efectuadas por el ayuntamiento en ambos espacios. 

Al tiempo, el listado de requisitos incluye otras iniciativas de corte político ajustadas a los posicionamientos habituales de Vox que afectan tanto a la inmigración como a la igualdad. Entre ellos, se incluye la eliminación de las zonas específicas habilitadas en el cementerio municipal para musulmanes (que, según Vox ya se habría acordado en el caso de Elche); el registro de una solicitud dirigida a la Generalitat, en forma de declaración institucional por la que se plantee el cierre de los centros de menores no acompañados (menas) de la ciudad de Alicante; la eliminación de los actos municipales de apoyo al movimiento LGTBI, 8M y "reformulación de los actos del 25N para la condena de todo tipo de violencia doméstica e intrafamiliar"; o el rechazo público del Pacto Verde Europeo por parte del alcalde, Luis Barcala.

En esa batería de exigencias, figura también el cierre del Consejo de la Juventud y derogación del Plan de Juventud; la revisión inmediata de la ampliación anunciada para la prestación del servicio de estacionamiento regulado, conocido como la ORA o la zona azul; la eliminación de todos los fondos concedidos por cualquier vía a sindicatos UGT y CCOO, así como su participación en los órganos municipales no establecida por norma de rango legal de carácter obligatorio; la firma de un convenio con una entidad especializada para la gestión de la Oficina de Atención a la Maternidad creada en cumplimiento del pacto presupuestario firmado entre los dos partidos en 2024; el cambio de denominación de la calle Indalecio Prieto; la advertencia pública por parte del alcalde "acerca del aumento de la inseguridad en Alicante fruto de la política de fronteras abiertas del Gobierno de España con respecto a la inmigración ilegal"; y la revisión "inmediata del Plan Municipal de Inclusión 2030, con eliminación de todo contenido ideológico relacionado con la Agenda 2030".

El listado también incluye otras medidas como la "revisión e inspección inmediata de los requisitos para la concesión de las ayudas municipales de emergencia y de todo tipo de subvenciones de la concejalía de Bienestar Social, para dar prioridad a personas nacionales y/o con arraigo demostrado en Alicante"; la convocatoria de Junta Local de Seguridad con Subdelegación del Gobierno para analizar las zonas más conflictividad de la ciudad, así como una campaña específica para la seguridad en zonas turísticas; el impulso de una ordenanza de simplificación administrativa para agilizar trámites de los ciudadanos ante el Ayuntamiento de Alicante; la supervisión previa a su aprobación de todas las bases de subvenciones (concurso y nominativas) y convenios a firmar con entidades públicas y privadas; además de la prohibición del uso de megafonía en espacios públicos de la ciudad de Alicante hasta las 9 de la mañana.

El PSOE ofrece su abstención al PP frente a las exigencias de Vox, aunque también exige el cese de Gallego

Por último, esa batería de requisitos incluye la tramitación en las Cortes Valencianas de Alicante como municipio castellano hablante; el inicio de los trámites en el Consell para declarar BIC la Cruz de los Caidos de Calvo Sotelo y el Monumento a los Caídos de Aguamarga; y la revisión previa de la programación cultural financiada con fondos públicos o celebradas en instalaciones municipales, después de que Vox haya advertido la organización de actos relacionados con la causa palestina o que podrían atentar contra la dignidad de determinadas personalidades públicas como la expresidenta madrileña, Esperanza Aguirre. 

Al tiempo, los voxistas reclaman que el compromiso de adopción de ese paquete de medidas se asumido por el primer edil a través de una comparecencia pública de forma que se dé publicidad a su palabra. Todos esos requisitos deberían ser aceptados en su integridad, aunque la portavoz municipal de Vox, Carmen Robledillo, sí se habría mostrado abierta a la posibilidad de que aceptar el cese de Gallego solo en sus competencias en Hacienda, con lo que seguiría como concejal de Deportes, siempre y cuando se diese acceso a Vox al conjunto de expedientes tramitados en el departamento responsable de la contabilidad municipal desde el inicio del mandato actual.

La alternativa socialista frente al "chantaje"

Por lo pronto, la posición política precisada por Vox ya ha propiciado el registro de una alternativa por parte del PSOE. Su portavoz municipal, Ana Barceló, ha ofrecido al alcalde la abstención de los socialistas "para poder sacar adelante el plan de ajuste, a cambio de que no ceda ante el chantaje de la ultraderecha y no claudique ante ninguna de las medidas racistas, misóginas y homófobas planteadas por Vox".

"Lo anunciado hoy por la ultraderecha es una declaración de guerra contra la ciudad de Alicante, un chantaje que afecta a la infancia, a la inmigración, a las mujeres, a los jóvenes y al colectivo LGTBI. En definitiva, un ataque contra los derechos humanos que es intolerable. Para el PSOE no existe ninguna duda entre si se debe claudicar para asumir la ruta ideológica de la ultraderecha o defender los derechos fundamentales", ha considerado. "Es evidente que Vox somete a chantaje al gobierno de Barcala, que no ha medido bien las consecuencias de romper ese pacto. Ha sido Barcala quien ha dado alas al discurso de la ultraderecha, pero ahora tiene la oportunidad de frenar este ataque contra los derechos fundamentales y defender la democracia, con la abstención del PSOE a la aprobación del plan de ajuste", ha añadido.

En todo caso, el PSOE sí ha secundado la posición de Vox respecto a la solicitud de cese de Gallego como edil de Hacienda, al sostener que "no puede seguir al frente de la Concejalía de Hacienda quien tiene gran parte de la responsabilidad de la actual situación". "No puede seguir al frente el concejal que nos ha llevado a esta situación tan complicada. El alcalde deberá, con todo, cesar a Gallego en sus responsabilidades", ha concluido Barceló.