ALICANTE. El diputado de Esquerra Unida en el Grupo Parlamentario Sumar, Nahuel González, ha registrado en el Congreso una iniciativa para analizar la situación de la vivienda protegida en Alicante y reclamar medidas que refuercen el parque público y su función social, a colación de la crisis de las viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas sobre un solar de propiedad municipal subastado por el Ayuntamiento entre 2018 y 2022. La iniciativa, presentada este viernes junto al grupo municipal Esquerra Unida Podem, recuerda que el artículo 47 de la Constitución reconoce el derecho a una vivienda digna y obliga a los poderes públicos a hacerlo efectivo, y advierte de que "Alicante sufre un fuerte aumento de precios, menos oferta accesible y una escasez histórica de vivienda pública que afecta especialmente a jóvenes y familias trabajadoras", según apuntan fuentes de la confluencia, a través de un comunicado. También señala que "España tiene un parque público muy inferior al de otros países europeos, lo que limita la capacidad de garantizar este derecho".

Por ello, se pregunta al Gobierno "qué actuaciones prevé impulsar, en cooperación con comunidades autónomas y ayuntamientos, para ampliar de forma estructural el parque público en ciudades tensionadas como Alicante y asegurar que la vivienda protegida mantenga su función social", según apuntan fuentes de la confluencia, a través de un comunicado.

González ha afirmado que "lo que está ocurriendo en Alicante no es un caso aislado, sino el reflejo de un modelo insuficiente de vivienda pública". "Si no reforzamos estructuralmente el parque público, el derecho a la vivienda seguirá siendo papel mojado para miles de personas", ha añadido, defendiendo que la vivienda protegida debe ser "un instrumento permanente al servicio del interés general, con controles claros y transparencia".

Por su parte, el portavoz municipal, Manolo Copé, ha señalado que lo ocurrido en el pleno de este jueves, en el que Vox votó junto al PP para evitar la reprobación del alcalde, Luis Barcala, como máximo responsable político de la crisis de las VPP construidas por Residencial Les Naus, "ha sido muy clarificador". "Vox ha decidido sostener a Barcala. Después de pedir su dimisión y hablar de corrupción, votaron en contra de forzar esa dimisión con la excusa de no pactar con la izquierda, cuando no había que pactar nada para exigir responsabilidades", ha considerado.

Copé ha sido contundente: "Vox está apoyando al Partido Popular para asaltar lo público en beneficio de intereses particulares. Es la derecha de siempre". "El alcalde sigue ahí gracias a quienes hace unas semanas lo señalaban", ha añadido, subrayando que Esquerra Unida "no va a participar en fuegos artificiale" porque esta situación "no es un debate táctico, sino un problema grave que afecta al derecho a la vivienda y a la confianza en las instituciones". "Cuando aquí se bloquean responsabilidades políticas, hay que activar todos los mecanismos institucionales posibles. Y el Congreso es uno de ellos. Pedimos transparencia, depuración de responsabilidades si las hubiera y garantías de que la vivienda pública sea un derecho y no un privilegio", ha concluido.