Alicante

Alicante supera en 27 millones el límite de gasto y tendrá que aprobar un plan de ajuste

Intervención concluye que el ayuntamiento incumple la regla de gasto, en el informe de liquidación del presupuesto de 2024, lo que fuerza a aplicar un Plan Económico Financiero. El PP defiende el estado saneado de las cuentas municipales y descarta recortes, mientras la izquierda habla de gestión caótica.

  • La fachada del edificio histórico del Ayuntamiento de Alicante.
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ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante incumple la regla de gasto y tendrá que aprobar un Plan Económico Financiero, lo que se conoce como un plan de ajuste. Esa es una de las principales conclusiones detalladas por el departamento de Intervención municipal en el informe de liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio de 2024, después de que se haya constatado la realización de un exceso de gasto de más de 27 millones. En concreto, tras el análisis de la contabilidad anual a cierre del año precedente, el informe de Intervención señala que "se desprende que el Ayuntamiento de Alicante ha excedido el límite de la regla del gasto en el ejercicio 2024 en 27.210.974,22€, consecuentemente de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, deberá elaborar un Plan Económico Financiero (PEF) que permita en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto, con el contenido y alcance previstos en ese artículo". Está por ver cuál puede ser el alcance de ese plan sobre la disposición de fondos que, a priori, podría afectar a la ejecución de inversiones, toda vez que tanto los gastos de personal como los asociados a la prestación de servicios concertados por contrato son gastos fijos no suprimibles, aunque -llegado el caso- sí podrían reducirse con las consiguientes modificaciones contractuales.

En todo caso, el informe también apunta que "el resultado presupuestario ajustado arroja un superávit de 54.743.965,59€, que supone el 15,43 por 100 de los derechos reconocidos netos"; que el remanente de tesorería (que marca la capacidad de financiación) supera los 155,5 millones; que se contabilizan otros 46,6 millones como deudas de dudoso cobro; y que los remanentes totales de crédito (lo que faculta la posibilidad de efectuar modificaciones presupuestarias), asciende a más de 129 millones, entre otros indicadores esenciales. A la postre, el dictamen concluye que el ayuntamiento cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria y el límite de Deuda, de conformidad con la Ley de Haciendas Locales, pero incumple la Regla de Gasto, lo que conlleva la elaboración del ya citado Plan Económico Financiero.

Así lo ha subrayado, además, la portavoz municipal del PSOE, Ana Barceló, en su primera valoración al respecto para denunciar "la caótica gestión económica del equipo de gobierno de Barcala, que se verá obligado a ejecutar un plan económico financiero que afectará a los ejercicios 2025 y 2026 debido a que se ha incumplido la regla de gasto en el año 2024". Por su parte, los coportavoces del equipo de gobierno, Manuel Villar y Cristina Cutanda, se han amparado, también este martes, a la dación de cuenta del informe de liquidación en el pleno del próximo jueves para aplazar su valoración sobre el dictamen con la previsión de que fuese el edil de Hacienda, Toni Gallego, quien ofreciese explicaciones al respecto. No obstante, lo cierto es que no ha sido necesario aguardar hasta el desarrollo de la sesión plenaria para que pudiese conocerse la posición de los populares. Fuentes municipales han defendido, a través de un comunicado posterior, que "el Ayuntamiento de Alicante está saneado" y que "es uno de los que están mejor económicamente de toda España con 155 millones de remanentes de Tesorería". No obstante, las mismas fuentes han apuntado que "la aplicación de la regla de gasto por parte del Gobierno de España impide utilizar los ahorros de los ayuntamientos, limitando su capacidad para mejorar y transformar los servicios públicos y las infraestructuras municipales".

Al hilo de esas explicaciones, el mismo Gallego ha argumentado que "tenemos remanentes de Tesorería por más de 155 millones y el cumplimiento del techo de gasto impuesto por Moncloa no tiene razón de ser, pues limitaría incluso más el uso del dinero de todos los alicantinos". "No vamos a permitir que la inoperancia voluntaria o pasiva del Gobierno central limite la capacidad de transformación y mejora de servicios públicos e infraestructuras de Alicante", ha subrayado. En este sentido, el edil de Hacienda ha remarcado que en el informe de liquidación de los presupuestos municipales de 2024 "se comprueba que teniendo estabilidad presupuestaria, un superávit por más de 17 millones de euros de diferencia entre ingresos y gastos en 2024, y capacidad de endeudamiento no utilizada por más de 100 millones de euros, en el caso de constreñirnos al techo de gasto impuesto por el Gobierno, nos habríamos visto obligado a utilizar en menor medida el dinero de todos los alicantinos para los dos próximos años en una cantidad de casi 60 millones de euros menos". "Fíjense qué sinsentido es eso cuando tenemos un Ayuntamiento que es de los más saneados de España y que cuenta con remanentes de Tesorería por más de 155 millones", ha insistido el edil.

Así, ha reivindicado "que se elimine ya el yugo sobre las economías de las entidades locales, las más sanas financieramente hablando, e instamos al Gobierno central a que deje de ahogar a los ayuntamientos sin permitir que invirtamos el dinero de nuestros ciudadanos". "Esto es una maniobra del Gobierno central para aumentar los gastos sin reparo. Unos gastos que son más que discutibles. Muchos de los problemas que recaen sobre los ayuntamientos se deben a la falta de Presupuestos Generales del Estado. En definitiva, a que el Gobierno de Sánchez hubiese hecho su trabajo y que mediante un simple decreto ley hubiese activado las inversiones financieramente sostenibles, que no contarían para la regla de gasto", ha insistido el edil.

De este modo, el equipo de gobierno ha instado al Gobierno central a promulgar "ese decreto ley para activar las inversiones financieramente sostenibles para que los ayuntamientos que hemos hecho bien nuestro trabajo y que tenemos las cuentas saneadas podamos atender las necesidades de nuestras ciudades mejorando los servicios públicos y las infraestructuras". En todo caso, Gallego ha resaltado que "gastamos menos de lo que ingresamos anualmente y tenemos una capacidad de endeudamiento más que de sobra con un altísimo remanente de Tesorería. Justo lo contrario que el Gobierno de España con sus 22 ministros y despilfarro continuo. Y es injusto que ayuntamientos como el de Alicante tengan que pagarle la fiesta", ha recalcado.

Eso sí, ha señalado que "no habrá recortes" y que se mantendrán "todos los esfuerzos para continuar con la transformación de Alicante que estamos acometiendo. Vamos a seguir mejorando los servicios públicos y vamos a poder continuar con la implantación de la carrera profesional del funcionariado, como nos comprometimos", ha apostillado Gallego.

Críticas de la oposición con advertencia de Vox

Sea como fuere, para entonces, ya se habían pronunciado los representantes de los cuatro grupos políticos que ejercen funciones de oposición. En este sentido, en primer lugar, la líder municipal del PSOE, Ana Barceló, ha señalado que "la liquidación presupuestaria refleja el descontrol en la gestión de los recursos públicos municipales. La falta de rigor y la nefasta gestión del dinero público por parte del gobierno de Barcala obliga ahora a diseñar un plan económico financiero para hacer ajustes que condicionarán las futuras inversiones", ha destacado.

Para Barceló, "lo que está ocurriendo en las arcas públicas del consistorio alicantino es el resultado de una nula planificación que deriva en una nefasta gestión económica". "Las consecuencias las pagarán los alicantinos y alicantinas, que vuelven a ver cómo los proyectos para dar solución a carencias que se arrastran desde hace años siguen sin ejecutarse". A este respecto, ha apuntado que la ejecución del presupuesto del 2024 "fue de un 72,27%, un porcentaje que refleja un estancamiento al ser similar al del año anterior".

El informe también alerta del levantamiento de reparos respecto a determinadas contrataciones en la que Intervención advertía de un supuesto fraccionamiento de contratos, como el relacionado con los expedientes de defensa jurídica o en la compra de armas reglamentarias para la Policía

En este sentido, la edil socialista Silvia Castell ha explicado que en un primer análisis del informe del interventor "se observa además que ha formulado reparos a los expedientes de defensa jurídica en los tribunales al observar que existe un fraccionamiento de contrato; una cuestión que se repite en la compra de armas reglamentarias para la Policía Local". "También hace constar que las obras del Centro 14, así como la dirección de obra, no disponían de crédito y se realizaron sin la conformidad obligatoria de Intervención. Se trata de una cuestión que ya advirtió el grupo socialista en el Patronato de Vivienda y que el concejal responsable negó que se estuviera dando esta situación", ha concluido.

En segundo término, también se ha pronunciado el grupo municipal de Vox con un aviso a navegantes, en el que advierten que no admitirán una supuesta vulneración del acuerdo presupuestario alcanzado respecto a las cuentas de 2025, en el caso de que resulte necesario aplicar recortes en las inversiones de los dos próximos ejercicios. Así, los voxistas han instadod al PP "a que cumpla escrupulosamente con lo pactado con nuestra formación para la aprobación del presupuesto municipal y, en caso de tener que aplicar un plan de ajuste como advierten desde intervención, deberán realizarse los recortes en las propuestas del PP y, en ningún caso, en las pactadas con Vox a las que consideramos una prioridad".

También se ha pronunciado el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, con el mismo sentido crítico expresado por el PSOE. En esta línea, Mas se ha cuestionado "qué está ocurriendo en el Ayuntamiento de Alicante" para enumerar decisiones que considera, como mínimo, controvertidas como disponer de "directoras y directores generales elegidos a dedo para que luego presidan tribunales de selección de personal, cuando obviamente la legislación no deja que ni cargos políticos, ni sindicalistas, ni directivos sean presidentes de selección", o la celebración de "Juntas de Gobierno local convocadas in extremis a una hora y los sindicatos afines tienen la información cuatro o cinco horas antes", al margen de abundar en la conclusiones del informe de Intervención.

"Ahora, el interventor, dice que tenemos que aplicar un plan de ajuste porque nos excedemos en la deuda - desviación de financiación - en 27 millones de euros... El PP ha secuestrado, y su muleta Vox, directamente este Ayuntamiento para extender sus tentáculos en la administración pública, para favorecer al partido, y, obviamente a los intereses privados. Nos preocupa que tengamos que presentar un plan de ajuste, cuando se ha recortado a la mitad las inversiones en los barrios, han aumentado el gasto político, pero tenemos que aplicar un plan de ajuste por la pésima gestión del concejal de Hacienda. Nos preocupa esta deriva antidemocrática de este Ayuntamiento", ha concluido.

Por último, también se ha manifestado su homólogo de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, para señalar que "el alcalde Barcala ha vuelto a demostrar que su gestión es un absoluto fraude para la mayoría social de esta ciudad. Incumplir la regla de gasto y tener que aplicar un plan de ajuste significa, en la práctica, más recortes y menos servicios públicos para los barrios". "Llevamos años denunciando que el modelo del PP en Alicante se basa en vender humo, inflar presupuestos que luego no ejecutan, y esconder bajo la alfombra los desequilibrios que ellos mismos generan. Ahora, los números ya no cuadran ni con maquillaje contable: la intervención del Estado obliga a ajustar porque han despilfarrado recursos sin planificación ni prioridades claras", ha añadido.

"No es un problema técnico, es un problema político: Barcala ha priorizado las obras electoralistas y los contratos opacos, mientras abandonaba las inversiones en los barrios obreros, las políticas sociales reales y el mantenimiento básico de nuestra ciudad. Este plan de ajuste es la factura que pagan las alicantinas y alicantinos por la propaganda del PP. Nos tendrán enfrente: no vamos a permitir que los recortes caigan sobre los de siempre mientras se siguen repartiendo favores a los de arriba", ha concluido.

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