ALICANTE. El equipo de gobierno de Alicante, del Partido Popular (PP), no convence a Vox y sigue sin contar con mayoría garantizada para poder aprobar el Plan Económico Fiscal (PEF) que debe aplicar en el ayuntamiento de forma obligatoria por el incumplimiento de la regla de gasto constatado en la liquidación del presupuesto de 2024. En ese informe, elaborado por el departamento de liquidación, se precisaría que se habría producido un exceso de 29,9 millones respecto al techo establecido para ese ejercicio.

La propuesta de PEF -conocido coloquialmente como plan de ajuste- que los populares aprobaron en Junta de Gobierno el pasado viernes recogía de forma expresa el compromiso de no aplicar nuevas rebajas fiscales durante los años 2025 y 2026, lo que dejaba sin efecto uno de los acuerdos incorporados en el pacto alcanzado con Vox sobre los presupuestos de este año: la reducción del tipo impositivo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para que la recaudación por ese concepto disminuyese en 3,3 millones a lo largo de tres años (2026, 2027 y 2028). De ahí que los voxistas diesen por rotas las relaciones con el PP al considerar que el plan de ajuste constituía un engaño respecto al acuerdo alcanzado entre las dos formaciones políticas y una estafa a sus votantes y al conjunto de la ciudadanía.

Así, su portavoz municipal, Carmen Robledillo, confirmó este martes que Vox votaría en contra del plan de ajuste salvo que se recogiese de forma explícita la disminución del IBI. Esa advertencia -anticipada desde el pasado viernes- motivó que el equipo de gobierno promoviese una revisión de su propuesta, de forma que sí pudiese ampararse la rebaja fiscal planteada por Vox mediante la presentación de una autoenmienda que se debatiría en la comisión informativa de Hacienda previa al pleno del 26 de junio. Y ese fue el mensaje que el equipo de gobierno trasladó a los representantes de Vox, este jueves, en un encuentro desarrollado entre los dos coordinadores generales municipales -Vicente López y Asunción Martínez- y tres de los cuatro concejales voxistas: además de Robledillo, el portavoz adjunto, Mario Ortolá, y el edil Juan Utrera. 

Dimisión del edil de Hacienda

No obstante, la promesa de flexibilizar la propuesta de plan de ajuste no aplacó a los representantes del partido de Santiago Abascal, que consideraron que el contenido de esa modificación promovida por el PP resultaba "imprecisa" y "vaga". En principio, se les habría trasladado que sí la reducción del tipo impositivo del IBI sí sería posible siempre que se generasen ingresos adicionales o se redujese otro tipo de gastos. No obstante, Vox interpretó que se trataba de un planteamiento sin concreción que generaba desconfianza. Tanto es así que Vox prevé presentar su propia enmienda con el propósito de que el texto del plan de ajuste sí recoja de forma literal la previsión de la rebaja del IBI en los términos en los que se había establecido en el pacto presupuestario alcanzado el pasado diciembre. Al tiempo, persistieron en su solicitud de dimisión respecto al edil de Hacienda, Toni Gallego, a quien responsabilizaron de haber ocultado el balance previo de la liquidación del presupuesto, y el incumplimiento de la regla de gasto, cuando se estaba negociando el acuerdo sobre las cuentas de 2024.

Con todo, las negociaciones no se darían por cerradas. Todo parece indicar que podrían producirse nuevos contactos entre las dos formaciones en las próximas jornadas con el propósito de lograr un entendimiento respecto al contenido definitivo de ese plan de ajuste que permita su aprobación en pleno con la suma de los votos de PP y Vox: 18 concejales en una corporación de 29 ediles. Máxime, ante el rechazo a la propuesta del PP que ya han anticipado los concejales de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem.