ALICANTE. La viabilidad del Plan Económico Fiscal (PEF) trazado por el equipo de gobierno de Alicante, del Partido Popular (PP), tras superar la regla de gasto en la liquidación del presupuesto de 2024 queda supeditada al cumplimiento de una exigencia política: la incorporación específica del compromiso de reducción del IBI en los tres próximos ejercicios. Esa es, cuando menos, la condición impuesta por el grupo municipal de Vox para apoyar ese plan -conocido coloquialmente como plan de ajuste- en el momento en el que se eleve a votación en el pleno.

Así lo han defendido este martes la portavoz y el portavoz adjunto de los voxistas, Carmen Robledillo y Mario Ortolá, en una comparencencia pública conjunta en la que han reiterado su rechazo a la planificación diseñada por los populares -aprobada el pasado viernes en Junta Local- en la que se recoge de forma expresa la renuncia a toda reducción fiscal en los ejercicios de 2025 y 2026 para cumplir el requisito de la regla de gasto, a pesar de que esa rebaja impositiva era una de las condiciones incluidas en el pacto presupuestario firmado el pasado diciembre entre PP y Vox respecto a las cuentas de 2025.

En esta línea, Robledillo y Ortolá han confirmado su ruptura con el PP, al considerar que había sido el equipo de gobierno quien había incumplido ese acuerdo contable a pesar de que, según ha sostenido, en el mes de diciembre -mientras se desarrollaban las conversaciones entre los dos partidos- ya debieron tener constancia de cuál era el estado de la contabilidad municipal y la previsión del informe de liquidación presupuestaria. Así, han reiterado su acusación de "engaño" y "estafa" respecto al acuerdo alcanzado, sin que hasta el momento se les haya procurado ninguna explicación al respecto, según han reiterado.

Es más, en esta línea, han insistido en solicitar la dimisión o cese del concejal de Hacienda, Toni Gallego, así como la de los coordinadores y directores generales "que es cierto que nosotros apoyamos" a la hora de acordar su designación, puesto que, según han argumentado, nadie habría ejercido la responsabilidad de controlar ese estado presupuestario que, después, se les había ocultado. Así, Robledillo ha señalado que "la única solución" para que Vox respaldara el plan de ajuste "sería que constara la bajada del IBI en ese plan; nos sentimos estafados y engañados por el equipo de gobierno. Lo que tenían que haber hecho antes era ponerse en contacto con el grupo municipal con el que aprobaron unos presupuestos para encontrar una solución, y no ahora intentar echarnos la culpa a nosotros diciendo que somos unos irresponsables", ha incidido. Por ello, ha reiteardo que "la única manera de aprobar el PEF es incorporando la bajada del IBI como la que se pactó en diciembre", con un descenso de la recaudación de 1,1 millones en tres ejercicios seguidos: 2026, 2027 y 2028.

En esta línea, Ortolá ha insistido en que Vox siente preocupación "por la falta de control". "En diciembre se cerraron los presupuestos y en diciembre nadie había observado cómo se estaba ejecutando el presupuesto", ha añadido, para cuestionarse "para qué sirven los directores generales, que nosotros aprobamos". "Es una vergüenza; ya hemos pedido la dimisión del concejal de Hacienda, y que se cese a los cargos directivos, si nadie es responsable, no sirven para nada", ha recalcado. Además, ha llegado a sugerir algunas propuestas alternativas a la renuncia a las rebajas fiscales que, a su juicio, podrían contribuir a reducir el nivel de gasto, entre las que ha citado la eliminación de organismos autónomos como el Patronato de Vivienda o el Patronato de Escuelas Infantiles, "que también han incumplido la regla de gasto", ha abundado.

"Hay que recortar y eliminar competencias propias, como promoción de vivienda pública, que le compete al Gobierno y a la Generalitat", ha explicado, para sugerir, también, la eliminación del "servicio de asesoramiento jurídico a las víctimas de violencia de género, "y todos los chiringuitos de igualdad". "Se tienen que buscar la vida; todo lo que no sea la bajada del IBI en ese informe, no nos vale en absoluto, ha apostillado.

Por lo pronto, la posición de Vox dejaría al PP sin el respaldo necesario para que la propuesta de plan de ajuste prospere, toda vez que los tres grupos políticos del eje progresista que ejercen funciones de oposición (PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem) también han anticipado ya su rechazo a la propuesta promovida por el PP. De hecho, los representantes de Compromís y de PSOE han reiterado ese rechazo este mismo martes. Así, el portavoz de la coalición valencianista, Rafa Mas, ha aludido en sentido crítico a la sugerencia de Vox de "prescindir de los directores generales" al señalar que fueron "ellos los que los impulsaron". "Que Vox se deje de teatros, son los que ha impulsado estas cuentas; que apoyen la propuesta de reprobación a Gallego y comparecencia del alcalde por irregularidades administrativas; porque hasta ahora han engañado a todo el mundo prometiendo inversiones en todos los barrios que no se ejecutan", ha apuntado.

De igual modo, la portavoz del PSOE, Ana Barceló, ha acusado al PP de repercutir el plan de ajuste en los ciudadanos, a través de un incremento de ingresos de los que "se habla en el propio plan al mencionar la revisión de las ordenanzas, tasas y precios públicos" sobre las que, según ha recalcado, no se ha aportado información hasta ahora. "No sabemos qué tasas, qué precios públicos; no sabemos absolutamente a nada", ha señalado, para abundar en su crítica por la falta de transparencia. "No sabemos cómo se va a redistribuir esa carga fiscal, si va a ser progresiva, a qué va a afectar... Se dice que la ORA y el arrastre de la grúa va a sufrir un incremento por la mayor ocupación, cuando no está ni siquiera licitado ese proyecto de licitación" para concertar el nuevo contrato "y fue retirado del orden del día de la junta porque no había emitido informe el interventor". Así, ha sostenido que "se está intentando trasladar que la situación se va a resolver con dos o tres cositas y eso es incierto. No conocemos en qué consiste realmente ese plan de ajuste, están improvisando medidas", ha manifestado.

Además, ha señalado que la televisión comarcal también incumple la regla de gasto y ha instado al PP a replantearse "qué va a pasar a partir de ahora". "El alcalde sabía este ajuste desde 2024; era conocedor de que se tenía que producir, porque contaba con muchas advertencias y tendrá que responder sobre cuál es su responder cuál es su responsabilidad". Por último, respecto a las sugerencias formuladas por Vox, ha apuntado que, si de lo que se trata es de eliminar gasto, se debería suprimir "la oficina atiokupa y la oficina antiaborto, dos chiringuitos". Y, por último, se ha referido a lo que ha calificado de falacia del PP respecto a la situación generada con el remanente. "Que no confunda a los ciudadanos; el problema lo tiene en la ejecución del presupuesto, del 34%; si lo ejecutara, al 80 o al 85%, nos iría mejor. El ahorro forma parte de lo que no gasta, que lo gaste y que lo emplee, que es su obligación; no lo hace porque planifican mal, no sirve de nada tener dos coordinadores, directores generales y asesores. A la vista está, no está dando resultados; no se ejecutan inversiones, eso no quiere decir que no pueda ejecutar el presupuesto", ha concluido.

Por su parte, los coportavoces del equipo de gobierno, Cristina Cutanda y Manuel Villar, han sostenido que la intención de los populares es "seguir negociando con las fuerzas que estén dispuestas a hacerlo" para que el PEF pueda llegar a aprobarse en pleno con la mayoría necesaria (el PP gobierna en situación de minoría con 14 concejales en una corporación de 29 ediles), sin llegar a precisar la fecha en la que podría someterse a debate y votación. En principio, se contaría con un margen de dos meses para que se produzca su aprobación inicial y remisión al Ministerio de Hacienda, lo que conllevaría que se aprobase necesariamente antes del mes de agosto. En caso contrario, según fuentes consultadas, el ayuntamiento podría quedar abocado a la intervención directa por parte del ministerio.

¿Sin 'plan b'?

Sea como fuere, Cutanda y Villar no han contemplado otro escenario posible que el de la aprobación del plan, en el que han reconocido que también se cuenta con la previsión del aumento de ingresos con motivo de la implantación del nuevo contrato sobre el servicio de estacionamiento controlado -la conocida como ORA o zona azul-, al margen del incremento de la recaudación ya previsto con motivo del incremento de la tasa de la basura. En esta línea, han apelado a la responsabilidad del conjunto de formaciones políticas que ejercen funciones de oposición, al sostener que, de no aprobarse el PEF, podría estar en riesgo la ejecución de varios proyectos. "Pedimos que actúen con sensatez, porque hay proyectos pendientes de aprobación", ha remarcado Villar, para volver a recriminar que se mantenga el requisito de la regla de gasto, a pesar de tratarse de una medida acordada por el Gobierno central, bajo la presidencia del PP, que se acordó en un contexto en el que la mayoría de ayuntamientos "no tenían liquidez". Así, ha considerado que "la situación actual es distinta; tenemos 155 millones de remanente que no se pueden utilizar para paliar las necesidades de los alicantinos", ha señalado.

Respecto al motivo de la generación de ese remanente, consecuencia -en parte- de los altos índices de inejecución presupuestaria, Villar ha admitido que "no llegamos al 100% de ejecución", aunque ha sostenido que no es una situación que no se dé en otras administraciones. Así, ha considerado que ese era "un debate más amplio", en el que debían analizarse "ciertas leyes" o los "procesos de contratación", que requieren de trámites prolongados. En todo caso, también ha incidido en que los 29 millones en los que se habría excedido la regla del gasto derivarían de "circunstancias atípicas" que no volverán a repetirse, tras enumerar la ayuda de 1,5 milones destinada a las poblaciones afectadas por la dana de Valencia; la inversión acometida en la compra del edificio que albergará el consultorio médico del barrio de San Gabriel; o la imputación en el ejercicio de 2024 de los 11,9 millones derivados de la renovación de la flota de autobuses que se preveía distribuir a lo largo de toda la duración del contrato.

De este modo, el también vicealcalde ha incidido en la vía de la negociación, sin llegar a aventurar la posibilidad de que puedan introducirse modificaciones en el PEF, después de que quedase aprobado en Junta de Gobierno. "Seguiremos con las negociaciones con aquellos que estén dispuestos a negociar, hasta ahí puedo hablar. Nuestra intención es que eso se apruebe", ha incidido. En este sentido, ha reconocido que la rebaja del IBI era uno de los acuerdos pactados con Vox, pero ha señalado que "se les ha explicado las circunstancias y esperamos que al menos lo entiendan; estaba en el acuerdo, pero estas circunstancias nos obligan a tener que reconsiderarlo", ha concluido.