ALICANTE. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), actúa sin agotar plazos y aprueba el Plan Económico Fiscal (PEF) al que queda obligado tras incumplir la regla de gasto durante el año 2024, como quedó evidenciado en el informe de liquidación presupuestaria elaborado por el departamento de Intervención, con un exceso de más de 29,6 millones respecto al límite disponible (y no 27, como reflejaba dicho dictamen por un error tipográfico). Ese PEF, conocido coloquialmente como plan de ajuste, conlleva dos medidas centrales que no entraban, de partida, en la hoja de ruta que manejaban los populares. La primera consiste en el bloqueo a cualquier posible rebaja fiscal durante 2025 y 2026, lo que en la práctica supone que no puedan llegar a cumplirse algunos de los compromisos pactados con Vox en el acuerdo presupuestario firmado el pasado diciembre.

En ese acuerdo, entre otros puntos, se contemplaba una reducción en el tipo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para 2026 con el fin de que la recaudación disminuyese en 1,1 millones. Esa medida no será posible. En todo caso, sí se mantendrán todas las bonificaciones que ya se encuentran en vigor, como la reducción lineal del 5% en el tipo del IBI en vigor desde 2018, sin que sufra modificaciones, según han confirmado fuentes municipales consultadas por este diario.

La segunda novedad incorporada en ese plan de ajuste consiste en la amortización de deuda de forma anticipada en una cantidad que superará los 6 millones de euros. Por el momento, no estaría cerrado el alcance de esa cancelación, aunque todo parece indicar que podría optarse por saldar las sumas pendientes de devolución respecto a los dos préstamos bancarios que se contrataron antes de 2024. Esos dos créditos ascendían a una cifra total próxima a los 25 millones. Con todo, seguiría vigente el crédito de 48 millones para financiar inversiones que se suscribió el año pasado.

A esas dos medidas principales, se añade otra condición que, de facto, ya estaba vigente: que solo se podrá utilizar el remanente de crédito -más de 155 millones acumulados- para amortizar deuda o pagar operaciones pendientes (OPA's), lo que excluiría cualquier otro uso posible que pudiese habilitarse hasta 2026, como la posibilidad de que se recuperen las llamadas inversiones financieramente sostenibles.

Por lo demás, se mantendrán las inversiones programadas para 2025, así como la generación de ingresos prevista con la entrada en vigor de la nueva tasa por la prestación del servicio de recogida, tratamiento y eliminación de residuos, con la que se recaudará 16 millones más. De igual modo, el techo de gasto quedará fijado en 347 millones (el nivel alcanzado en este 2024) con la única condición, eso sí, de que no podrá superarse en ningún caso. Y, por último, como garantía de supervisión, se implanta la "obligatoriedad de efectuar Informes de Seguimiento y Control de Ejecución Presupuestaria con carácter mensual que sirvan de elemento esencial para la toma de decisiones con respecto a la misma", según detalla la propuesta de acuerdo por la que se aprueba el plan.

Así, la misma propuesta descarta cualquier escenario de reducción de gasto. "Analizadas las causas que han provocado la necesidad de elaborar un Plan Económico
Financiero, en el Ayuntamiento de Alicante, no se considera necesaria la inclusión de medidas específicas correctoras del gasto, al concluirse que con las medidas anteriormente propuestas y con un adecuado seguimiento y control de la ejecución presupuestaria y de la evolución de los gastos no financieros computables a lo largo de los ejercicios 2025 y 2026, podrá garantizarse el cumplimiento de las reglas fiscales en la liquidación de los Presupuestos correspondientes", apunta el acuerdo. 

Y añade: "En definitiva, durante el periodo de vigencia del Plan Económico Financiero, las previsiones son de cumplimiento, tanto de la regla de gasto como del objetivo de estabilidad presupuestaria, con un margen lo suficientemente amplio como para que se pueda soportar un escenario macroeconómico más desfavorable que el contemplado en el Plan, sin que esto implique que no se pueda volver al cumplimiento de los objetivos".

En este sentido, el edil de Hacienda, Toni Gallego, ha explicado, a través de un comunicado, que "hemos aprobado este plan económico financiero sin necesidad de reducir ninguna partida presupuestaria, tal y como nos comprometimos, por lo que el presupuesto de 347 millones sigue adelante en su ejecución conforme estaba previsto, sin recortes y garantizando el funcionamiento de todos los servicios municipales. No podremos bajar los impuestos en 2025 y 2026, pero se mantiene la rebaja del 5% del IBI aprobada en el anterior mandato". 

Al tiempo, no ha desaprovechado la oportunidad para criticar la limitación que supone para los ayuntamientos el no poder utilizar sus ahorros, que en el caso de Alicante alcanza los 155 millones. "No puede el gobierno de Pedro Sánchez seguir teniendo secuestrados los ahorros de todos los alicantinos y de todos los españoles en sus municipios de residencia, sin que los podamos dedicar a mejorar las infraestructuras y servicios municipales", ha abundado Gallego, quien ha pedido que "habiliten mediante un decreto ley la posibilidad al menos de utilizarlos para atender inversiones financieramente sostenibles".

La oposición alerta de las consecuencias

Sea como fuere, ese plan de ajuste -que ha quedado validado este viernes en una reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno- ha generado ya las primeras reacciones políticas. En esta línea, la portavoz del PSOE, Ana Barceló, ha criticado que el alcalde, Luis Barcala, "cargará en los bolsillos de las familias alicantinas las repercusiones del plan económico financiero que se ha visto obligado a aprobar como consecuencia de su mala gestión económica y su incumplimiento de la regla del gasto en 2024". En ese sentido, según ha añadido, a través de un comunicado, "la receta económica del alcalde contempla la actualización de ordenanzas fiscales para aumentar la recaudación impositiva en 2026, teniendo previsto ingresar un 152% más por la ORA y un 20% adicional por la grúa". "Además, se verá obligado a renunciar a su compromiso con la ultraderecha para rebajar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de cara al próximo ejercicio, que fue la piedra angular de su pacto para la aprobación de los presupuestos que están en vigor", ha recalcado.

"El alcalde tiene que dar explicaciones sobre este ajuste económico que va a cargar sobre los bolsillos de las familias alicantinas con una subida de tasas. El único responsable del ajuste presupuestario es Barcala por su nefasta gestión económica y su mala planificación, que obliga ahora aumentar la carga fiscal a todos los alicantinos", ha señalado Barceló. Según el PSOE, el documento de la propuesta de plan económico financiero recoge que: 'Se están realizando en la actualidad modificaciones y actualizaciones de distintas Ordenanzas Fiscales de Tasas y Precios Públicos que supondrán incrementos permanentes de ingresos para el ejercicio 2026, pero que en el momento de confección del presente Plan Económico Financiero no han podido ser objeto de cuantificación económica todavía, lo que sin duda mejorará la situación en fase de liquidación'. Sin embargo, ha detallado la concejala Silvia  Castell, "existe una contradicción con el Plan económico financiero donde se señala que en la previsión de la liquidación de 2026 no se prevén incrementos o disminuciones permanentes en la recaudación".

Asimismo, según el PSOE, "el propio plan elaborado por la Concejalía de Hacienda dice que: 'Se encuentra prevista en el presupuesto 2026, tanto en ingresos como en gastos, el potencial impacto de la modificación de la Ordenanza Reguladora de la ORA y Grúa, que supondrá una mayor recaudación por las tasas correspondientes'. En concreto, por el servicio de zona azul de aparcamiento se recaudarán más de 5,6 millones de euros (152% más con respecto a 2024) y casi 2,2 millones de euros por el servicio de grúa (20% más respecto a 2024)", según apunta el PSOE. Castell ha subrayado que respecto a lmpuesto de Construcciones (ICIO), que "el plan económico financiero refleja que se producirá un incremento de recaudación, aunque lo cierto es que en el último año, y tras la rebaja acordada con Vox de este impuesto, se han recaudado 1,6 millones menos con respecto al ejercicio anterior". Otra de las consecuencias de este plan económico financiero radica en que "el gobierno de Barcala tendrá que redactar de forma obligatoria informes de seguimiento y control presupuestario con carácter mensual para dar cuenta de la gestión de los fondos públicos".

En segundo término, el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, ha señalado que "el Ayuntamiento está sumido en el caos financiero bajo el mandato de un alcalde incompetente desde hace siete años. Tenemos 155 millones de euros en los bancos, porque son incapaces de ejecutar presupuesto tras presupuesto, solo el año que más, 4 de cada 10 euros de inversión en los barrios. Además, piden 60 millones en préstamos generando intereses. Y para colmo el Gobierno de España nos penaliza porque nos hemos pasado 27 millones en el techo de gasto y tenemos que hacer un plan de ajuste que va a repercutir en las inversiones de los barrios. Como en la época de Castedo. Nos llevan a la ruina. Vamos a tener que reajustar los presupuestos durante dos años. Pésima gestión que está empobreciendo los servicios públicos y está permitiendo que las contratas, descontroladas se estén forrando a costa de los impuestos y el caos financiero en el Ayuntamiento de Alicante. Nos preocupa, en este sentido, sobremanera, que peligre el plan de inversiones de barrios propuesto al principio del mandato para 4 años", ha apuntado.

"Desde Compromís apostamos por la eliminación de la bajada del IBI lineal y que se haga de forma progresiva, de forma que quién tenga más, pague más, y eximir a las clases populares", ha remarcado. Además, ha planteado la necesidad de "retomar el debate de la necesidad de una tasa turística para recaudar y tener más capacidad financiera para inversiones y aumentar los servicios pueblicos ante la mayor llegada de visitantes".

Por su parte, el portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha considerado que el PEF "es una auténtica barbaridad. Primero, porque hablamos de la mayor desviación de la Regla de Gasto registrada en Alicante: 29,63 millones de euros. Es un agujero que sitúa al Ayuntamiento al borde de la intervención del Ministerio de Hacienda y compromete la solvencia futura del municipio. Segundo, porque esa desviación nace de una gestión temeraria del remanente de tesorería -17,66 millones gastados sin control- y de ajustes contables tardíos, como los 11,96 millones del autobús urbano, que demuestran la falta total de previsión y transparencia. Tercero, porque el plan elegido para tapar el agujero es un timo fiscal: se impone la tasa de basuras más cara de la historia y se congelan inversiones básicas. Es decir, las familias pagan más y reciben menos mientras el equipo de gobierno se niega a recortar un solo euro de gasto superfluo en propaganda y asesores. Cuarto, porque paralizar obras y servicios indispensables pone en riesgo el bienestar de nuestros barrios, la recuperación económica y la atracción de fondos europeos. Y quinto, porque si este Plan fracasa -andará muy justo- el Ministerio podrá intervenirnos y retener transferencias, lo que elevará los intereses de la deuda y dañará la credibilidad de Alicante durante años".

Así, ha exigido "la retirada inmediata de este Plan Económico-Financiero y la elaboración de una alternativa seria, basada en la eficiencia del gasto y la protección social. Si el alcalde y su concejal de Hacienda no saben cuadrar las cuentas sin vaciar los bolsillos de la ciudadanía, lo responsable es que dimitan y dejen paso a quienes sí puedan hacerlo con rigor y transparencia. Alicante no puede permitirse otra chapuza de este calibre", ha concluido.