ALICANTE. El Plan Económico Financiero -coloquialmente identificado como plan de ajuste- que tendrá que elaborar el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), tras haber incumplido la regla de gasto en el ejercicio de 2024 no debería tener consecuencias en forma de recortes. Así lo anticipó este martes el mismo edil de Hacienda, Toni Gallego, tras defender el estado saneado de las arcas municipales en base a factores como la existencia de 155 millones en remanentes, como también señala el informe de liquidación presupuestaria del ejercicio precedente. Y así lo subrayó este miércoles el alcalde, Luis Barcala, para precisar que el conjunto de medidas a incorporar en ese plan solo deberán garantizar que no se vuelve a superar el límite de gasto, sin que resulte necesario aplicar minoraciones en ninguna partida recogida en los presupuestos de este 2025. Ni en inversiones, ni en gasto corriente, según recalcó, en alusión a la preocupación que ya habían expresado los representantes del grupo municipal de Vox respecto al cumplimiento del pacto contable alcanzado el pasado diciembre.

En esta línea, Barcala explicó que "si hemos infringido la regla de gasto es de forma coyuntural", tras aludir a circunstancias como la ayuda de 1,5 millones asignada para paliar los daños provocados por la dana del 29 de octubre en la provincia de Valencia, o el cómputo íntegro en este ejercicio por criterio de Intervención de 11,9 millones destinados a la adquisición de nuevos vehículos para la flota del servicio público de transporte en autobús "que la Concejalía de Transportes interpretaba que debía amortizarse a lo largo de toda la duración del contrato". Así, sostuvo que no se estaba gastando por encima de las posibilidades del ayuntamiento y emplazó al Gobierno central a levantar las restricciones en el uso de los remanentes, como sucedía con las llamadas inversiones financieramente sostenibles, "para que podamos utilizarlo para lo que lo necesitan los alicantinos", enfatizó.

No obstante, el equipo de gobierno va un paso más allá de esas apreciaciones y considera que, en realidad, el incumplimiento de la regla de gasto no solo no conllevará la aplicación de tijeretazos, sino que permitirá ampliar el límite de gasto en este 2025. Fuentes consultadas indicaron que ese techo, que quedó situado en los 292 millones en 2024, se elevará hasta los 347 millones al cierre de este ejercicio. Esa cifra partiría de los 322 millones reflejados como gasto en el informe de liquidación presupuestaria del año pasado, a los que se aplicaría el incremento del 3,1% por la aplicación del IPC, más los 16 millones adicionales a ingresar con la recaudación de la nueva tasa por la prestación del servicio de recogida y tratamiento de residuos. 

Así se determinaría, de hecho, el Ministerio de Hacienda en una guía de resolución de dudas respecto a casos en los que se registren incumplimientos de las reglas fiscales, en la que se concreta que, en el supuesto de que únicamente se hubiese incumplido la regla de gasto, pero sí hubiese mantenido la regla de la estabilidad presupuestaria y el límite de endeudamiento, como es el caso del Ayuntamiento de Alicante,  "en la liquidación 2025, a efectos del seguimiento del PEF, el límite de regla de gasto para el ejercicio 2025 será igual al gasto computable de la liquidación 2024 (aunque sea de incumplimiento) multiplicado por la Tasa de variación del PIB de 2025" a lo que se debe aplicar "aumentos o disminuciones permanentes de recaudación reales; es decir, obtenidos y constatados en el momento de la liquidación".

En este sentido, las mismas fuentes precisaron que el Ayuntamiento de Alicante conseguirá ampliar el margen de gasto del que habría dispuesto en el supuesto de haberse ajustado al límite máximo previsto para 2024. En ese escenario, el techo a cumplir en este 2025 habría sido de 317 millones, con lo que ahora se contaría con un margen adicional de 30 millones más que podría destinarse a la ejecución de inversiones entre la cartera de proyectos disponibles en la actualidad. Eso sí, está por ver qué iniciativas llegan a ponerse en marcha y cuáles podrían llegar a concluirse, toda vez que, en 2024, se habría llegado a ejecutar un volumen total de 38 millones, frente a los 97,6 presupuestados en el capítulo de inversiones en ese ejercicio: 49,5 en el presupuesto ordinario, y 48 más con cargo a préstamo (en este último caso, a desarrollar en un plan plurianual).

Críticas del PSOE

Sea como fuere, las explicaciones facilitadas por Gallego, el martes, y por Barcala, este miércoles, no aplacaron las críticas del grupo municipal del PSOE, que volvió a lamentar, precisamente, el bajo nivel de ejecución de inversiones reflejado por el informe de liquidación de Intervención, toda vez que se habría conseguido gastar en torno a 4 de cada 10 euros destinados a la realización de obras municipales. Así, la portavoz municipal del PSOE, Ana Barceló, cuestionó que Barcala "se escude en que las inversiones están limitadas por culpa de la aplicación de la regla de gasto cuando la ejecución de las inversiones municipales prometidas en el 2024 se ha quedado en un 37,51% del total, según ha destacado el propio Interventor". "Es surrealista que el alcalde diga que el Gobierno de España no le deja invertir, cuando sólo ha sido capaz de ejecutar 4 de cada 10 euros prometidos, o lo que es lo mismo, ha dejado sin invertir 60 millones de euros de los 95 comprometidos en el último presupuesto. Eso no tiene nada que ver con el presidente del Gobierno, eso se debe exclusivamente a su mala gestión", apuntó. 

Además, señaló que "el alcalde se ha quedado corto en las explicaciones porque no le interesa responder. Intervención ha alertado de un incumplimiento de la regla del gasto por más de 27,2 millones, y el alcalde se ha referido a los 11,9 millones que tiene que compensar al contratista de la empresa de transporte, obviando que la obligación de tener que hacer un ajuste de 11,9 millones no lo exige el interventor, sino el comité técnico de cuentas nacionales porque entiende que la financiación del servicio es público. Y por tanto, la propiedad de los autobuses que adquiere el contratista corresponde al Ayuntamiento. También omite que los 1,5 millones de euros para ayudar por la dana no salió de los ingresos corrientes, sino de un crédito extraordinario de los ahorros de los alicantinos", apuntó.

Por último, recalcó que en la valoración del primer ofrecida por el primer edil "todavía faltan 14 millones, de un total de 27,2, sobre los que el alcalde no ha querido dar explicaciones". "Lo que pedimos al alcalde es un debate serio sobre el ecuador de la legislatura, no puede ser un monólogo. Cuando quiera, debatimos seriamente", concluyó.