ALICANTE. La advertencia formulada por el departamento de Intervención en el informe de liquidación del presupuesto de Alicante correspondiente al ejercicio de 2024 sobre la existencia de dos supuestos fraccionamientos de contratos respecto a gastos de defensa jurídica y a la adquisición de armas para la Policía Local tendrá consecuencias. Al menos, en forma de averiguación interna. Así lo ha confirmado este miércoles el alcalde, Luis Barcala, al apuntar que "esta misma mañana he encargado que se estudie esa cuestión", lo que, según ha dicho, significa "conocer esos contratos señalados y también, principalmente, todo lo que dice el interventor", ha recalcado.
En esta línea, ha sostenido que ignoraba quién había promovido esas contrataciones en concreto, por lo que ha aplazado cualquier otra valoración al respecto a la posibilidad de disponer de información adicional, ya que, según ha apuntado, en términos coloquiales, se trataría de un tema "delicadito".
¿Sobre qué contratos se produce esa advertencia? En primer término, el informe de Intervención apunta a doce expedientes promovidos por la Asesoría Jurídica que habrían supuesto la concatenación de al menos siete contratos menores relacionados con servicios de defensa jurídica municipal que ascenderían a un total de 10.692,27 euros.
"Los 12 expedientes del centro gestor 13 Asesoría jurídica, son contratos menores de defensa jurídica en tribunales que fueron, junto con otros de la misma naturaleza, reparados por esta lntervención por incumplimiento del artículo 99.2 de la LCSP (fraccionamiento del contrato) y sobre los que el Centro gestor no realizó el procedimiento para la resolución de discrepancias previsto en el artículo 15 del Reglamento de Control", apunta el informe. Y en segundo lugar, alude a la adquisición de 23 armas reglamentarias para la Policía Local por un importe de 18.040 euros en total, en el que también apunta la existencia de un posible fraccionamiento.
Está por ver qué consecuencias podría llegar a tener la advertencia formulada por Intervención, toda vez que, a lo largo de los dos últimos mandatos, se han instruido diligencias judiciales respecto a dos casos de supuesto troceo de contrataciones con distinto resultado. En primer término, las contrataciones del llamado 'caso Comercio' por un importe global de 189.000 euros bajo el mandato del extinto tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís) que concluyeron en una condena de inhabilitación para el entonces alcalde socialista, Gabriel Echávarri. Y en segundo término, durante el pasado mandato, los encargos relacionados con la reforma de una plaza, la instalación de un circuito biosaludable y la renovación de una pérgola en la misma plaza de la partida rural de La Alcoraya, que concluyó con el archivo de la causa seguida frente al entonces edil de Partidas Rurales y Fiestas, Manuel Jiménez, y frente al concejal de Infraestructuras en ese momento, José Ramón González.
