ALICANTE. Las supuestas anomalías en la contratación de varios trabajos ejecutados en la misma plaza de la partida rural de La Alcoraya de Alicante investigados en el llamado caso contratos quedan en nada. La Sección Segunda de la Audiencia de Alicante ha aceptado, finalmente, los recursos presentados por los cuatro procesados en la causa y ha resuelto su archivo al descartar la existencia del presunto delito de prevaricación administrativa por fraccionamiento de contratos que se había advertido durante la fase de instrucción de las diligencias.
Esa resolución evita que los exediles Manuel Jiménez y José Ramón González -ambos del Partido Popular- y dos técnicos municipales de las áreas de Infraestructuras y de Partidas Rurales deban exponerse a juicio, como había acordado la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Alicante al dictar el auto de procesamiento en septiembre de 2023.
Entonces, la jueza -que instruyó las diligencias sobre las contrataciones del llamado caso Comercio frente al exalcalde socialista Gabriel Echávarri- había estimado que sí concurrían indicios suficientes de la comisión del delito apuntado tanto por el PSOE en su denuncia original, como por la Fiscalía, respecto a los encargos de tres obras distintas ejecutadas sobre el mismo emplazamiento: la instalación de un circuito de aparatos biosaludables en la plaza Manuel Giménez Pastor (que se adjudicó tras la convocatoria de un concurso), la reparación de un escenario en esa misma plaza y la sustitución de una pérgola en ese mismo punto (dos últimos encargos contratados de forma directa, tras valorar tres presupuestos, a través de un procedimiento negociado sin publicidad).
La Audiencia estima ahora los recursos presentados frente a ese auto y acuerda el archivo y sobreseimiento de la causa, al considerar que esos tres trabajos no constituyen una unidad funcional -el requisito que hubiera forzado la convocatoria de un único concurso para su contratación conjunta- y que los cuatro investigados no llevaron a cabo una actuación coordinada para trocear esos encargos con la intención de eludir la convocatoria de esa licitación pública que quedase abierta a la libre concurrencia empresarial. En concreto, el auto de archivo señala de forma expresa que "nos encontramos con tres contratos cuyos intervinientes no son los mismos. Por un lado el contrato del circuito biosaludable y el de reforma y reparación del escenario de la plaza de La Alcoraya se gestionaron por la Concejalía de Infraestructuras, de la que era concejal el investigado José Ramón González González y Jefe de Servicio de la misma concejalía", también investigado. Así, señala que "respecto de ambos no existe indicio alguno de que participaran en el contrato de la pérgola y llevaran a efecto actuación alguna relacionada con ese contrato".
De igual modo, apunta que "los otros dos investigados, Manuel Jiménez Ortiz, concejal de Participación Ciudadana y Partidas Rurales, y el Jefe de Servicio de tal concejalía [...], no tuvieron participación alguna en los contratos del circuito biosaludable y de reforma y reparación del escenario, aunque sí lo tuvieron en el contrato de la pérgola". En todo caso, recalca que "ninguna de las diligencias de instrucción practicadas muestran indiciariamente que los cuatro actuaran de manera concertada en los contratos que no habían promovido cada cual para fraccionar los contratos aludidos".
Es más, el auto apunta que "la única vinculación existente del contrato de la pérgola con la Concejalía de Infraestructuras" es "que el contrato de la pérgola, cuyo órgano gestor era la Concejalía de Participación Ciudadana y Partidas Rurales, llevara a cabo la contratación de la rehabilitación de la pérgola con cargo a una partida presupuestaria no asignada a esa concejalía sino a la de Infraestructuras, una partida que era de 'reposición de pérgolas'", como había defendido el mismo Jiménez, al ofrecer explicaciones al respecto, en el momento en el que trascendieron las supuestas irregularidades. Eso sí, la Audiencia también se pronuncia sobre esa circunstancia para concluir que "lo cierto es que esa aplicación de una partida de Infraestructuras a la obra que promovió Participación Ciudadana y Partidas Rurales fue aprobada por la Intervención del Ayuntamiento", con lo que no se habría apreciado ningún impedimento para que se utilizase esa fórmula.
