ALICANTE. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) abre otra brecha en la línea de flotación del proyecto promovido por XC Business para la instalación de una planta de almacenaje de combustible provista de seis depósitos en el Puerto de Alicante. Quién sabe si la definitiva. Esa brecha se traduce en forma de requerimiento remitido a la Autoridad Portuaria el pasado mes de septiembre -al que tuvo acceso Alicante Plaza- en el que se precisa de forma explícita que una propuesta como la planteada por dicha compañía en la terminal de mercancías del Puerto requiere necesariamente de la elaboración de un estudio de impacto ambiental.

La superación de ese trámite de evaluación ambiental resulta "imperativo" en la medida en que el funcionamiento de las instalaciones planteadas en el muelle 19 podrían tener incidencia sobre espacios protegidos de relevancia, como el Lugar de Interés Comunitario (LIC) del Cabo de las Huertas, el LIC y Zona Especial de Protección para las Aves (ZEPA) del espacio marino de Tabarca y la ZEPA del espacio marino de Tabarca-Cabo de Palos. Todos ellos incluidos en la Red Natura 2000. Y, en consecuencia, advierte de que esa circunstancia "comporta que deban considerarse adecuadamente las posibles afecciones que puede suponer su ejecución sobre dichos espacios", en función de lo establecido en la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodeversidad, en relación con la Directiva 92/43/CEE del Consejo de la Unión Europea, "relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres".

En concreto, esa comunicación, firmada por el subdirector general de Biodiversidad Terrestre y Marina, Fernando Magdaleno, establece que "dada la proximidad de la instalación proyectada a estos espacios marinos protegidos, se considera imperativo llevar a cabo una evaluación exhaustiva de los riesgos ambientales potenciales" que podrían suponer el funcionamiento de los silos de carburante. Entre ellos, la notificación enumera "vertidos, derrames y accidentes graves, asociados principalmente con las operaciones de tráfico y atraque de grandes petroleros, así como las maniobras del trasvase de combustibles entre buques mediante procedimientos de bunkering".

Pero no solo eso. El pronunciamiento del ministerio es tajante al apuntar que "solo pueden ser autorizados aquellos proyectos que no ocasionen una pérdida de integridad ecológica en el espacio protegido" de la Red Natura 2000, como concurriría en el caso de los ámbitos detallados en la misma resolución. Y subraya que es la propia Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina la competente para "emitir informe en el marco de repercusiones sobre los mismos". Una circunstancia que no se habría producido hasta el momento.

De ahí que, tras subrayar que -hasta la fecha del escrito- no se había recibido "ninguna solicitud de informe" relacionada con el proyecto de XC Business" se apremia a la Autoridad Portuaria a precisar información sobre el estado de tramitación en el que se encuentra dicho proyecto, así como "sobre cómo se ha dado cumplimiento con la evaluacíon de repercusiones sobre la Red Natura 2000". Una petición, eso sí, que también extiende respecto a otro acuerdo promovido por la Autoridad Portuaria: la modificación sustancial número 1 de la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP) del Puerto, de la que ya se ha completado su tramitación hasta lograr el aval del Gobierno el pasado abril.

Sea como fuere, dicha comunicación recalca que "en caso de que esta evaluación no se hubiera realizado, se solicita con carácter urgente que se remita toda la documentación pertinente para posibilitar una evaluación adecuada por parte de esta unidad y la emisión del informe correspondiente". Con ello, el ministerio estaría entrando de lleno en la supervisión del proyecto del que se afirma que solo habría tenido constancia ahora, seis años después de que se produjese la modificación sustancial de la concesión de la que dispone Terminales Marítimas del Sureste (TMS) para explotar la terminal de mercancías, a través de la manifestación remitida por un particular, que formaría parte de la Plataforma por un Puerto Sostenible (PPS).

Así lo detalla la propia notificación, de forma textual, al sostener que el acuerdo sobre ese cambio que ampara la "construcción y explotación de una instalación destinada al almacenamiento y distribución de combustibles fósiles en la intersección de los muelles 19 y 21 de la dársena sur del Puerto de Alicante" fue comunicada el pasado 11 de marzo de 2024. De hecho, así lo habían manifestado también los propios portavoces de la PPS este jueves, al desglosar los argumentos esgrimidos en el recurso contencioso-administrativo registrado ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) con el propósito de forzar la nulidad del acuerdo de modificación de la concesión aprobada por el consejo de administración del Puerto en 2019. 

Motivos de nulidad

Como informó este diario, uno de los elementos esenciales en los que se basa la petición de nulidad de dicho acuerdo es, precisamente, el hecho de que el proyecto no haya superado el trámite de evaluación ambiental, como pone de manifiesto el ministerio en su comunicación dirigida a la Autoridad Portuaria. Pero no sería la única supuesta irregularidad detectada por los recurrentes que también serviría para que se revocase el acuerdo matriz, lo que imposibilitaría el desarrollo de los depósitos. En ese recurso se incluyen al menos otros doce motivos de nulidad, como el hecho de que el proyecto se hubiese secuenciado en dos fases, que se hubiesen introducido modificaciones posteriores, que no se disponga de informe de seguridad avalado por la Conselleria de Emergencias, que no se hubiese tenido en cuenta el rechazo a instalaciones similares recogido en el convenio firmado por el propio Puerto en 1995, o que no se hubiese considerado la supuesta falta de solvencia técnica y económica de la empresa promotora.

Está por ver cuál puede ser el resultado de ese contencioso, para el que se augura un tiempo de resolución próximo a un año, y que se añade a la impugnación también registrada por la asociación conservacionista Ecologistas en Acción. Además, la viabilidad del proyecto de XC Business también está condicionada al desenlace del recurso presentado por el Ayuntamiento de Alicante ante el Tribunal Constitucional (TC) frente a la sentencia del TSJ que reconoce a la compañía el derecho a la concesión de licencia ambiental por silencio administrativo positivo, a pesar de que -como también subrayaron los representantes de la PPS este jueves- ese procedimiento está vetado para los proyectos que requieren de evaluación ambiental, toda vez que con la concesión de esa licencia automática se estaría incumpliendo el requisito de análisis de sus posibles afecciones sobre el medio natural.

Al tiempo, el proyecto todavía queda expuesto al análisis de su licencia de obra, después del episodio en el que la Concejalía de Urbanismo decretó su denegación, para revocar esa decisión solo unas horas más tarde, con el fin de poder estudiar las aclaraciones planteadas por XC Business respecto a las dimensiones de su propuesta, ante las discrepancias por 7.000 metros cuadrados de diferencia advertidas por el departamento municipal entre la superficie recogida en el proyecto, y el tamaño de la parcela del muelle 19 en la que se instalarían los depósitos.