ALICANTE. El Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) volverá a pronunciarse sobre la viabilidad del proyecto promovido por la empresa XC Business 90 para la instalación de una planta de almacenaje de carburantes con seis depósitos en la terminal de mercancías del Puerto de Alicante. El alto tribunal autonómico ha resuelto admitir a análisis el recurso contencioso-administrativo presentado por el colectivo conservacionista Ecologistas en Acción contra la falta de respuesta conferida por la Autoridad Portuaria respecto a la solicitud de revisión de oficio de la modificación de la concesión otorgada a Terminales Marítimas del Sureste (TMS) por la que se dio cabida a la instalación de los silos de combustible, en el año 2019.

La revisión de dicho acuerdo fue registada el pasado mes de abril por la Plataforma por un Puerto Sostenible (PPS) que agrupa a asociaciones vecinales, AMPAs, colectivos ecologistas y entidades sociales a la vista de supuestas deficiencias en la propuesta empresarial que, a su juicio, deberían haber sido motivo de rechazo de su encaje. Entre ellas, la ausencia de solvencia técnica y económica para llevar a cabo la construcción y explotación de la planta, entre otros puntos. Y no solo eso. El recurso de Ecologistas en Acción también se dirige contra ese mismo acuerdo de modificación de la concesión: la matriz de toda la controversia posterior.

La impugnación queda en manos de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ, que ya ha dictado el decreto de admisión a trámite y, al tiempo, ha emplazado a la Autoridad Portuaria a remitir copia del expediente completo con el fin de poder someterlo a revisión, con la indicación de que debe dar traslado a las partes interesadas en ese expediente para que puedan personarse en el proceso. En principio, ese trámite abriría la puerta a que tanto TMS como XC Business se incorporasen al pleito.

Por lo pronto, la mera admisión a trámite del recurso -que no deja de ser un formalismo, después de que se haya certificado que el recurso cumple los requisitos formales establecidos- alienta la esperanza de los colectivos opuestos al desarrollo del proyecto con la confianza en que, en esta ocasión, sí pueda alcanzarse un pronunciamiento judicial que frene el desarrollo de los depósitos. Como mínimo, el alto tribunal autonómico ya ha resuelto en dos ocasiones a favor de su viabilidad. La primera, al desestimar un recurso previo presentado por las entidades vecinales contrarias al proyecto a través de la Asociación de Consumidores José María Mena. En ese momento, el TSJ concluyó que dicho colectivo carecía de legitimidad activa para impugnar la modificación de la concesión, al no ser parte interesada en el expediente administrativo de dicho cambio. La segunda, al admitir el recurso de apelación promovido por XC Business frente a la sentencia de primera instancia que avalaba la actuación del Ayuntamiento de Alicante al denegar la concesión de licencia ambiental por silencio administrativo (falta de respuesta a la solicitud en el plazo debido). En ese caso, el alto tribunal revocó ese criterio y reconoció el derecho de la compañía a contar con ese permiso.

A partir de ahí, fue el Ayuntamiento quien recurrió en casación ante el Tribunal Supremo (TS), aunque su recurso quedó inadmitido, así como la solicitud de nulidad de sentencia posterior a esa decisión, planteada ante el mismo TSJ. De ahí que, ahora, el Ayuntamiento haya optado por defender su posición contraria a la ejecución del proyecto con el registro de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) con la confianza en que haga valer su propia jurisprudencia y certifique que no procede conceder una licencia ambiental por silencio administrativo positivo, en función de lo establecido en la sentencia 76/2022 dictada por el propio TC, que anuló el artículo 60.2 de la Ley Valenciana 6/2014 porque contradecía los artículos 6 y 7 de la Ley 21/2013, de 9 diciembre, de evaluación ambiental.

Segundo recurso vecinal

A esa nueva vía abierta por el Ayuntamiento, podría sumarse además otro recurso desde el ámbito vecinal, promovido por la misma PPS que también tratará de atacar la concesión de la modificación aprobada en 2019 forzando su nulidad. Ese segundo recurso debería registrarse a corto plazo, según han anticipado hasta ahora los representantes de la propia plataforma, después de que trascendiese la decisión del Ayuntamiento de acudir al TC y de que se produjese un encuentro para coordinar actuaciones frente al proyecto entre el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez, sin que trascendiese entonces qué otras vías podría estar analizándose para evitar la instalación de los tanques de combustible.

La PPS plantea que se promueva el rescate de la concesión por razones de interés general, por la protección del medio ambiente o para la prestación de servicios portuarios, como permitiría la ley

Como mínimo, la propia PPS ya ha planteado la posibilidad de que se promueva el rescate de la concesión de la terminal, o al menos de parte de su superficie (en este caso, la del muelle 19), en el supuesto de que se justifique por "razones de interés general vinculadas a la seguridad, a la protección contra actos antisociales o a la protección del medio ambiente, así como para la ejecución de obras, para la ordenación de terminales o para la prestación de servicios portuarios", según quedaría recogido en el artículo 99.2 del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado (TRLPEMM). Lo cierto es que la Autoridad Portuaria podría contar con argumentos para ello, toda vez que ya ha iniciado trámites para planificar la construcción de una estación ferroportuaria en ese emplazamiento.

Entre tanto, sigue sin producirse ningún acercamiento que pueda dar pie a una posible negociación entre el Ayuntamiento de Alicante y XC Business con el propósito de evitar la instalación de los depósitos en el Puerto. El alcalde, Luis Barcala, supeditó esa negociación a la condición previa de que la compañía renunciase a desarrollar su propuesta en esa ubicación y emplazó a sus representantes a ponerse en contacto con el Ayuntamiento solo en ese supuesto. Por el momento, fuentes consultadas precisaron que responsables de XC Business llegaron a solicitar por registro hasta en tres ocasiones a lo largo del mes de diciembre la posibilidad de celebrar una reunión con el alcalde y con responsables de la Concejalía de Urbanismo para tratar sobre el estado de tramitación de la concesión de su licencia sin haber obtenido respuesta. Por el momento, fuentes municipales no han llegado a confirmar la existencia de esas solicitudes.