ALICANTE. Nueva iniciativa contra el desarrollo de la planta de almacenaje de combustible promovida por XC Business 90 en el Puerto de Alicante. Esta vez, a instancias del activismo social. La organización Ecologistas en Acción registró este jueves un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) en busca de un nuevo resquicio que permita frenar la ejecución del proyecto. En este caso, la acción se dirige contra una decisión adoptada por la Autoridad Portuaria. O mejor dicho, contra su indecisión: la falta de respuesta a la solicitud de revisión de oficio sobre la modificación de la concesión que ampara la instalación de los depósitos, girada por los colectivos vecinales y entidades sociales agrupados en la Plataforma por un Puerto Sostenible (PPS).

La impugnación de la asociación conservacionista se dirige, así, contra la desestimación presunta de la solicitud de revisión de oficio del acuerdo del consejo de administración de la Autoridad Portuaria aprobado el 25 de julio de 2019. Es decir, el acuerdo por el que se validó la modificación sustancial de la concesión administrativa concedida a la empresa Terminales Marítimas del Sureste (TMS) sobre la explotación de la terminal de mercancías, por la que se daba encaje al proyecto de XC Business 90.

En definitiva, el objetivo pretendido con esa nueva acción legal sería que el alto tribunal autonómico forzase a la Autoridad Portuaria a revisar ese acuerdo, con la confianza en que pudiese llegar a revocarse, a partir de los argumentos esgrimidos por la propia plataforma vecinal. En concreto, los representantes de la PPS apuntaron -en su escrito dirigido a la Autoridad Portuaria el pasado mes de abril- que nunca debió haberse concedido ese cambio en las condiciones de explotación de la terminal, ya que, a su juicio, el proyecto presentado por XC Business no cumplía con los requisitos de solvencia técnica y económica necesarios. Además, esgrimieron que su propuesta podía incurrir en una suerte de fraude administrativo al plantear -al menos inicialmente- el desarrollo de dos fases distintas, lo que impedía valorar el proyecto en su conjunto a la hora de evaluar su posible impacto, así como conocer sus dimensiones y posibles consecuencias.

Está por ver cuál puede ser el resultado de esa nueva iniciativa (que queda pendiente de que se le dé traslado a la Autoridad Portuaria y de que se emplace a presenar la demanda), después de que el propio TSJ ya desestimase un recurso previo presentado a través de la Asociación de Consumidores José María Mena frente a ese acuerdo de la Autoridad Portuaria, tras concluir que dicho colectivo carecía de legitimidad activa para interponer recurso contra esa decisión, al no ser parte interesada en el expediente. Con todo, lo cierto es que cuando menos, la estrategia trata de sumar otro frente en la batalla social que intenta evitar la instalación de los depósitos, ahora avalada por el mismo TSJ a través de la sentencia conocida en abril, por la que se reconoce el derecho a la concesión de la licencia ambiental por silencio administrativo positivo.

Solicitud de nulidad

El nuevo contencioso registrado por Ecologistas en Acción se suma, además, a la solicitud de nulidad de sentencia planteada por el propio Ayuntamiento de Alicante contra ese pronunciamiento del alto tribunal autonómico favorable a la empresa. En esa acción promovida por la administración local se plantea, básicamente, que ese pronunciamiento que avala a XC Business no tuvo en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) 76/2022, de 15 de junio de 2022, en la que se concluye que no procede conceder el reconocimiento de licencia por silencio administrativo positivo en proyectos susceptibles de entrañar un riesgo ambiental, como -según se argumenta- sería el caso de la planta de carburantes. 

Además, en ese escrito de solicitud de nulidad se plantea que el TSJ omitió dar respuesta a cuestiones fundamentales para el proceso, planteadas por el Ayuntamiento de Alicante en las fases previas del litigio, con lo que se habría incurrido en un supuesto de indefensión. 

En paralelo a esos dos movimientos -el social y el institucional- la propia empresa promotora estaría ultimando el registro del escrito de petición de ejecución de la sentencia a su favor, con el fin de que se fuerce a la Concejalía de Urbanismo a la concesión del permiso reconocido. Al tiempo, XC Business 90 prevé interponer una demanda de reclamación patrimonial contra la administración por el perjuicio generado con motivo del retraso en la concesión de ese permiso.