DÉNIA. Han pasado casi nueve años desde que la empresa Continental Wealth Management (CWM) cerró sus puertas dejando a cientos de expatriados británicos, residentes en su mayoría en la Costa Blanca, sin los ahorros de toda una vida. Al frente de la empresa, que tenía su sede en el lujoso Hotel Marriott de Dénia, estaba la ex modelo y diseñadora de moda actualmente conocida como Jody Pearson (anteriormente fue Jody Kirby, Jody Bell y Jody Smart), sentenciada en firme por estafar a dos compatriotas; uno era un jubilado a quien defraudaron 300.000 libras esterlinas con la falsa promesa de compra de un chalet en Pego, y la otra una extrabajadora de la compañía a quien convencieron para solicitar a su nombre un préstamo de 70.000 euros que nunca fue devuelto.
A la exmodelo actualmente se le puede ver junto a su actual pareja, Franco Pearson, en el restaurante Oceana Club, ubicado en el exclusivo puerto deportivo de Les Bassetes de Benissa, donde funge de anfitriona en las numerosas fiestas que tienen lugar en el local. Mientras continúa con su vida social en Benissa, llegando incluso a compartir en redes sociales imágenes de viajes recientes a Venecia, Grecia y Tailandia, la condenada se encuentra pendiente de recurrir de amparo al Tribunal Constitucional para tratar de anular el proceso, pero lo más probable es que tenga que hacer frente a la condena, que además de los tres años de cárcel la obliga a devolver a las víctimas las 370.000 libras defraudadas, equivalentes a unos 430.000 euros.
Además, según explica Carlos Coll Miralles a Alicante Plaza, abogado de la acusación particular en representación de las dos víctimas, había un tercer afectado personado en el mismo procedimiento, titular de un plan de pensiones valorado en 400.000 libras esterlinas que perdió íntegramente. Esta tercera víctima falleció antes de la celebración del juicio tras el colapso económico y personal que le provocó la pérdida de sus ahorros. En contraste, la ahora condenada llegó a lanzar una marca de ropa de lujo denominada Jody Bell London, con viajes a la New York Fashion Week poco antes del inicio del procedimiento judicial.
El esquema de la estafa
El recorrido del caso por los tribunales se inició como causa civil en los juzgados de Dénia en 2019, pero cuatro años después se archivó por falta de pruebas. Tras este archivo se inició una causa penal en la que el letrado Carlos Coll Miralles representó a las dos víctimas mencionadas. En este nuevo procedimiento, la sección segunda de la Audiencia Provincial de Alicante condenó a la acusada en primera instancia; ella recurrió esa condena ante el TSJCV, que en octubre de 2025 la confirmó punto por punto; después intentó un último recurso ante el Tribunal Supremo, también desestimado el pasado mes de junio. Solo le queda una puerta: un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional con el que tratará de anular todo el procedimiento.
Según recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso Alicante Plaza, la condenada —identificada como Jody Smart en las cabeceras de prensa inglesa con base en la Costa Blanca y actualmente conocida como Jody Pearson— figuraba como administradora única de Continental Wealth Trust SL, la sociedad legal a través de la cual operaba realmente el grupo, mientras que Continental Wealth Management funcionaba como la marca comercial visible ante los clientes. Su objeto social declarado era la recuperación de pensiones de ciudadanos británicos para invertirlas en bolsa, además de la intermediación inmobiliaria. En su perfil de LinkedIn, todavía activo, se definía como una “compañía de seguros offshore independiente con sede en la Costa Blanca” dedicada a la “planificación de jubilación, planificación de tarifas educativas, protección y asesoramiento hipotecario”, y alardeaba de contar con clientes que trabajaban con J. P. Morgan, Merrill Lynch o Goldman Sachs, entre otras entidades financieras.
Los hechos probados sitúan el origen de la trama en 2017, cuando los administradores de las empresas, sabedores de la “mala situación económica” de las mismas, buscaron desesperadamente liquidez. El apoderado y director financiero de las mercantiles, Alan Gorringe—fallecido en 2019 y por tanto no juzgado— convenció a un cliente, al que conocía desde hacía 17 años, para que ingresara 300.000 libras esterlinas con la falsa promesa de comprarle una vivienda en Pego. El dinero se repartió entre una cuenta particular de una empleada de la compañía y una cuenta de Continental Wealth Trust SL. Cuando el afectado viajó a España para firmar la compraventa, le pidieron 230.000 libras adicionales alegando que el dinero anterior "se había perdido". Nunca recibió la casa ni recuperó su dinero.
Meses después, en agosto de 2017, el apoderado de las compañías, “de común acuerdo” con la ahora condenada, según el relato judicial, convencieron a una empleada de la empresa —contratada apenas unos meses antes como auxiliar administrativa— para que prestara 70.000 euros a Continental Wealth Management con la promesa de devolución en doce mensualidades más intereses. La trabajadora transfirió el dinero en dos pagos a una cuenta de Continental Wealth Trust SL en la que estaban autorizados tanto la administradora como su director financiero. Semanas después fue despedida al comunicarle que la empresa cerraba por las pérdidas acumuladas, sin que se le devolviera nunca el préstamo.
La defensa de la condenada sostuvo durante toda la instrucción y el juicio que ella era una simple administradora formal, sin poder de disposición real sobre los fondos, y que fue su entonces pareja —descrito en la causa como apoderado del grupo y en paradero desconocido, y señalado en investigaciones periodísticas como Darren Kirby, fundador de CWM— quien gestionaba realmente el negocio. El tribunal de instancia rechazó esa tesis exculpatoria, y el TSJCV, al revisar el caso en apelación, respaldó ese rechazo: la Audiencia consideró acreditado que la condenada "supo lo que hacían las personas a las que había apoderado, o, en su defecto, no quiso saberlo", al tiempo que no podía ignorar los "suculentos ingresos" que llegaban a las cuentas de la sociedad que administraba en plena crisis de la empresa.
La Sala concluyó que existía un conjunto de indicios "suficientemente amplio y entrelazado" —la condición de administradora, la recepción de fondos defraudados en cuentas bajo su control, su vínculo personal con el resto de responsables y la firma de la carta de despido de la empleada— para sostener la condena sin necesidad de prueba directa.
Un fraude de grandes dimensiones
La condena, sin embargo, representa solo una fracción mínima del daño causado por la caída de CWM, que según cálculos del diario digital Olive Press, cabecera de habla inglesa que ha dado seguimiento al caso, habría costado a sus clientes, la mayoría jubilados británicos residentes en España, alrededor de 35 millones de euros. En el mismo sentido, en conversación con Alicante Plaza, la activista Angela Brooks, portavoz de la organización Pension Life que dice actuar en representación de los afectados por la estafa, aseguró que el caso “involucró a 1.000 víctimas y 100 millones de libras esterlinas en pensiones y ahorros de toda la vida”.
En el procedimiento que sí llegó a la condena y que implicaba solo a tres víctimas, Carlos Coll el letrado de la acusación particular, subrayó que su intervención se limitó a estos tres casos, pero que la magnitud real del fraude, con centenares de afectados británicos residentes tanto en España como fuera del país, permanece en gran medida sin resolver por la vía penal, dado que buena parte de las reclamaciones se enfrentan ya a la prescripción de los hechos.
Angela Brooks reconoció igualmente que se enfrentan a la prescripción de los delitos en España, por lo que intentarán “presentarlos en Inglaterra por fraude” bajo la premisa de que, pese a que el delito se cometió en España, se trató de un fraude sobre fondos de pensiones obtenidos en Reino Unido por ciudadanos británicos, lo cual podría propiciar que se judicialice en el país de origen de los afectados.
Lo que dice la plataforma de afectados
La plataforma Pension Life publicó su propia crónica del fallo del Supremo apenas se conoció la noticia bajo el titular "Jail for Jody – the CWM Fraudster". En su artículo, la entidad subraya lo que considera la gran paradoja del caso: la misma persona que ahora afronta la cárcel por defraudar a dos víctimas fue también, como administradora única de Continental Wealth Management, responsable legal de la pérdida de cerca de 100 millones de libras esterlinas para alrededor de mil clientes británicos, según sus cálculos. Ese procedimiento mucho más amplio se llevó a los tribunales en 2019, pero no logró condena alguna ni contra ella ni contra el resto de personas que la organización señala como implicadas en la gestión de CWM —entre ellas su expareja y otros asesores de la firma—, sin que conste que ninguno de ellos haya sido condenado por estos hechos.
Pension Life atribuye aquel fracaso judicial a que el tribunal de entonces no llegó a comprender el funcionamiento de los productos financieros offshore —bonos de seguro contratados en jurisdicciones como Malta, Gibraltar o Guernsey— con los que, según la organización, se generaban comisiones ocultas a costa de los ahorros de los clientes.
El caso, que ha pasado desapercibido para la opinión pública española por involucrar solo a ciudadanos británicos, es uno de los mayores escándalos de fraude financiero a la comunidad británica residente en la Costa Blanca, una comunidad que siempre se encuentra en el número uno del ranking de compradores extranjeros de vivienda en la provincia, y que en casos de fraude o mala praxis queda especialmente expuesta por el desconocimiento del sistema legal español y la confianza depositada en gestores que hablaban su mismo idioma.
