Recreación virtual de la planta de almacenaje de combustibles proyectada por XC Business 90 en la terminal de mercancías del Puerto de Alicante, con el desarrollo de las tres fases. ALICANTE. El Tribunal Supremo (TS) frustra las expectativas del Ayuntamiento de Alicante en su posición frente al proyecto promovido por XC Business para instalar una planta de almacenamiento de combustibles con seis primeros depósitos en la terminal de mercancías del Puerto. El alto tribunal ha resuelto inadmitir el recurso de casación interpuesto por los servicios jurídicos municipales al concluir que no se cumplen los requisitos para que pueda tenerse en consideración, lo que, en último término, viene a confirmar la sentencia previa dictada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) por la que se reconocía a la compañía el derecho a la concesión de licencia para situar sus tanques de almacenaje por silencio administrativo positivo.
Pero no solo eso. La resolución, contra la que no cabe recurso, abre la puerta a que la empresa promotora del proyecto pueda emprender nuevas acciones legales para reclamar posibles compensaciones económicas por el perjuicio que podría habérsele generado ante el retraso en la respuesta a su solicitud de permiso ambiental, que facultaría la entrada en funcionamiento de la planta.
Fuentes consultadas señalan que ese retraso podría ser de un mínimo de cinco años, ya que fue en 2019 cuando el consejo de administración de la Autoridad Portuaria aprobó la modificación puntual de la concesión de la que dispone TMS para gestionar la terminal de mercancías, en la que se daba encaje al desarrollo de los silos de combustible. Esa nueva vía paralela conllevaría el inicio de un nuevo procedimiento mediante la interposición de una demanda de responsabilidad patrimonial. Está por ver si XC Business llega a ejercer esa posible acción.
La resolución del TS, fechada el 11 de diciembre, no llega a entrar en la valoración del fondo del asunto, ni analiza los argumentos recogidos en el recurso registrado por el Ayuntamiento. En solo tres páginas, se limita a señalar que procede su inadmisión por cuestiones estrictamente jurídicas. En primer lugar, por "falta de juicio de relevancia suficiente de alguna de las infracciones denunciadas en el fallo de la resolución que se pretende recurrir". En segundo término, por "falta de fundamentación suficiente, y singularizada al caso, de la concurrencia de los supuestos previstos en artículo 88.2 a), b) y c) y 88.3. a) LJCA que permiten apreciar el interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia y la conveniencia de un pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, sin que en el particular relativo a la invocación que se hace del artículo 88.3.a)".
Y en tercer y último lugar, por "carencia, en los términos en los que ha sido preparado el recurso, de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia". Además, impone las costas al Ayuntamiento, que se cuantifican en 1.000 euros.
¿En qué situación queda ahora el desarrollo del proyecto? En principio, el Ayuntamiento de Alicante quedaría abocado a cumplir la resolución del TSJ y retomar el expediente de tramitación de la licencia solicitada. Como mínimo, la sentencia del TS ha desmontado la estrategia que se trataba de mantener: en primer lugar, evitar el desarrollo de los depósitos; y como segundo punto, ganar tiempo, con la esperanza en que el alto tribunal sí pudiese haber admitido la casación, con el consiguiente retraso en la resolución del litigio, lo que permitiría que pudiesen buscarse nuevos resquicios para bloquear su ejecución.
En cualquier caso, debe concretarse ahora si el proyecto de XC Business cumple todos los requisitos necesarios para que pueda acabar teniendo el permiso solicitado. Entre ellos, el que afecta a los protocolos de seguridad y prevención de emergencias, cuya supervisión quedaría en manos del Consell. Hasta ahora, el departamento autonómico de Emergencias ha venido manifestando que no tenía conocimiento oficial del proyecto promovido por XC Business, que no había evacuado ningún informe al respecto y que lo abordaría en el momento en el que se le requiriese para ello.
Entre tanto, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha mantenido hasta ahora que la posición del Ayuntamiento es contraria a la construcción de los depósitos y ha sostenido que solo se instalarían en el Puerto si así lo dictase una sentencia. Como así ha acabado sucediendo, con la resolución del TS conocida este viernes. En cualquier caso, este mismo viernes, tras compartir el tradicional brindis navideño con los medios de comunicación, indicó que la resolución del TS solo implica que quede reconocido el derecho de XC Business 90 a que se le conceda la licencia ambiental "y punto", aunque para su instalación todavía resultaría necesaria la licencia de obra y la licencia de actividad. Así, ha considerado que todavía queda recorrido administrativo por delante, por lo que se seguiría buscando alternativas para evitar la ejecución del proyecto.
Barcala insiste en que el Ayuntamiento agotará todas las vías posibles para evitar los macrodepósitos y asegura que preferiría indemnizar antes de que se produzca su instalación
Es más, después de defender el recurso presentado por los servicios jurídicos municipales y de asegurar que se respetaba, aunque no se compartía la decisión del TS, ha anticipado que "el ayuntamiento va a seguir trabajando para que esos macrodepósitos no se instalen en la ciudad de Alicante; tenemos vías y tenemos recursos". "Esto tiene todavía mucho recorrido y, además, vamos de la mano del Puerto que está alineado en esta misma posición", ha asegurado. "Hay mucho que discutir todavía; y el ayuntamiento va a agotar el 100% de las posibilidades que existan" para frenar el proyecto.
"Si alguien cree que no merece la pena, aunque sea compensando, que no haya macrodepósitos, que venga y lo diga. Yo hoy por hoy el mandato que tengo, no solo por mi convencimiento, es que no haya macrodepósitos, y vamos a seguir manteniendo esa posición", ha enfatizado. "Si al final no hubiera otra opción más que tener que indemnizar", para que no se instalen los macrodepósitos, "indemnizaremos". "Prefiero indemnizar a que haya macrodepósitos", ha asegurado. "No me importa si hubiera que indemnizar, si con eso conseguimos que no haya macrodepósitos; ni la ciudad, ni el Puerto, ni este ayuntamiento queremos los macrodepósitos", ha recalcado. "No descarto ninguna opción, si el resultado final es que no haya macrodepósitos", ha apuntado, ante la posibilidad de que pueda emprenderse una negociación con la empresa promotora, que no se había contemplado hasta ahora, al apostar por la vía del recurso ante el TS.
Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez, también se ha pronunciado este viernes respecto a la decisión del TS en torno a la inadmisión del recurso del ayuntamiento para mantener que supone un contratiempo que lastra la estrategia que se trataba de promover desde el consejo de administración de introducir "medidas de sostenibilidad en la operativa del Puerto". "Es un lastre para medidas que estamos tratando de poner en marcha como la electrificación para propiciar la descarbonización", ha asegurado.
Así, tras participar en el brindis navideño ofrecido por la Asociación de Hoteles de la Provincia de Alicante (APHA), Rodríguez ha asegurado que el Puerto trabajará junto al ayuntamiento para concretar cuál es el procedimiento a seguir ahora, aunque ha añadido que se trata de un escenario complejo, "ya que la concesión de licencias es un acto reglado".
Por el momento, la resolución del TS ha propiciado reacciones de los grupos políticos que ejercen funciones de oposición. En primer término, la portavoz del PSOE, Ana Barceló, ha responsabilizado al alcalde, Luis Barcala, y al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, de "haberse quedado de brazos cruzados mientras se dirimía en los juzgados el procedimiento para la instalación de los macrodepósitos en el Puerto". "La resolución conocida hoy va en contra de los intereses de la ciudadanía y es, desde luego, una muy mala noticia y señala directamente a Barcala por su inacción", ha estimado.
"Desde que arrancó la legislatura estamos exigiendo a Barcala y Mazón que actúen, que no se pongan de perfil, que sean proactivos. Les hemos reclamado que traten de alcanzar un acuerdo con la empresa para desplazar los macrodepósitos a otra zona de la ciudad, que se le ofrezca una ubicación alternativa, pero ninguno de los dos ha hecho absolutamente nada por defender los intereses de todos los alicantinos y alicantinas", ha añadido.
"Barcala fue beligerante contra el gobierno de Ximo Puig mientras que ahora, sin embargo, ha guardado silencio ante la Generalitat Valenciana y ante la Autoridad Portuaria; autoridad que debe responder ante quien le ha puesto en el cargo, que no es otro que Mazón", ha añadido Barceló. La portavoz socialista ha recordado que el Consell de Ximo Puig "impulsó cambios legislativos para tratar de impedir los depósitos de combustible en el Puerto, a diferencia de Mazón, que ha mirado hacia otro lado sin ningún rubor", ha apuntado, en alusión a la modificación de la LOTUP por la que se trató de instaurar una distancia mínima de 1.000 metros respecto a núcleo habitado para proyectos relacionados con el almacenaje de carburantes que pudiesen promoverse en los puertos. No obstante, el Tribunal Constitucional (TC) tumbó esa disposición, después de que la Presidencia del Gobierno presentase un recurso de inconstitucionalidad al apreciar invasión de competencias.
Rodríguez sostiene que la confirmación de la sentencia favorable a la promotora supone un contratiempo para el desarrollo de la estrategia por la sostenibilidad que se trata de imprimir en el Puerto
Sea como fuere, Barceló ha apuntado que "el PSOE en el Ayuntamiento de Alicante siempre ha priorizado los intereses de la ciudad con independencia de qué partido gobernara en otras instituciones, no como el PP de Barcala, que se ha plegado ante Mazón sin defender los intereses de la ciudad que gobierna", ha apostillado.
El portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, ha apuntado que "lo veíamos venir; el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento fue una chapuza. Llegó tarde, llegó mal y creemos que existe una presunta intención deliberada de hacer este recurso de casación chapucero para que el TS directamente diga lo que quiere la empresa", ha considerado.
"Nosotros no vamos a salir de nuestra hoja de ruta, presión social junto con los vecinos, presión judicial junto con los vecinos y este tema lo vamos a llevar directamente a Europa. No vamos a permitir actividades peligrosas en nuestro puerto y vamos a ir directamente contra la concesión. Entendemos que este informe medioambiental es un informe parcial, pero vamos a ir a al fondo del asunto que es la concesión en sí. No habrá actividades peligrosas en nuestro puerto", ha apuntado. En esta línea, Mas ha registrado una solicitud para que se convoque la comisión Puerto-ciudad con el propósito de abordar posibles medidas frente al proyecto de XC Business.
Su homólogo de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha tildado de "verdadera locura que el Tribunal Supremo de luz verde a los macrodepósitos en el puerto. Sinceramente pensamos que el PP ni ha hecho los deberes ni los hizo en su momento. Esta sentencia es un varapalo muy muy grande para quienes aspiramos a un puerto libre de toda actividad que amenace el medio ambiente y que amenace la seguridad de los vecinos y vecinas de Alicante".
En este sentido, ha asegurado que "vamos a seguir apoyando y cualquier iniciativa en cualquier ámbito que sirva para paralizar esta barbaridad. De hecho vamos a apoyar económicamente el Procedimiento judicial contra la concesión de la instalación de macrodepósitos en el puerto de Alicante por parte de la Plataforma por un puerto sostenible y vamos a apoyar cualquier iniciativa, vecinal, social, judicial o de cualquier otra índole para parar esta barbaridad", ha concluido.
