ALICANTE. El Plan Económico Fiscal (PEF) aprobado por el equipo de gobierno de Alicante, del Partido Popular (PP), tras constatarse el incumplimiento de la regla de gasto durante el ejercicio presupuestario de 2024 queda abierto a modificaciones. La aritmética política vuelve obligar a los populares a redimensionar sus planteamientos iniciales con el objetivo de poder sumar el apoyo de Vox, después de que el grup político que coordina Carmen Robledillo confirmase este martes su voto en contra salvo que dicho plan incorpore una condición: la rebaja del IBI prevista en el pacto presupuestario que los dos partidos suscribieron el pasado diciembre.

En ese acuerdo se recogía, a propuesta de los voxistas, el compromiso de reducción del tipo impositivo del IBI durante los próximos tres ejercicios (2026, 2027 y 2028), de modo que la recaudación por ese concepto disminuyese en 1,1 millones en cada uno de los tres años hasta alcanzar una disminución total de 3,3. Para ello, se debía promover una primera modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto a lo largo de este 2025. De lo contrario, no podría entrar en vigor en enero de 2026. 

Esa posibilidad queda descartada en el plan de ajuste -la denominación coloquial con la que se conoce el PEF- aprobado en Junta de Gobierno el pasado viernes. En él, se veta la posibilidad de aplicar reducciones fiscales durante los ejercicios de 2025 y 2026, sin llegar a plantear recortes en la ejecución de inversiones ni en ningún otro gasto comprometido. Eso sí, se contabiliza un aumento de 16 millones en la recaudación de ingresos, derivado del incremento de la tasa de recogida, tratamiento y eliminación de residuos, así como la previsión de otra subida en las entradas en la caja municipal como consecuencia de la ampliación de plazas de estacionamiento regulado que se pretende introducir con el nuevo contrato por la prestación de ese servicio, más conocido como la ORA o la zona azul.

Está por ver si, con la revisión en fase de estudio, se produce la incorporación de otras medidas adicionales que también puedan suponer un mayor volumen de ingresos con el fin de que, a la postre, acabe manteniéndose el equilibrio respecto a las previsiones de recaudación calculadas por el departamento de Hacienda para garantizar el cumplimiento de los tres requisitos establecidos por el Gobierno central: la estabilidad presupuestaria, el bajo nivel de endeudamiento (los dos, ya cumplidos) y el respeto a la regla de gasto.

Comisión de Hacienda

A priori, esa reformulación del plan de ajuste ya aprobado en Junta de Gobierno debería encajarse en el momento en el que el acuerdo se someta al dictamen de la Comisión de Hacienda, con la participación del conjunto de los grupos políticos representados en la corporación (PP, PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem). Ese foro debería ser el examen definitivo antes de que se produzca su votación en pleno (aunque el voto emitido en comisión no es vinculante y puede modificarse) en una sesión que ya habría quedado señalada para el 26 de junio, después de Fogueres.

En todo caso, el devenir de la nueva propuesta enmendada sigue dependiendo de la posición de Vox: la formación que viene ejerciendo como aliada de los populares desde principio del mandato, a cuyos concejales deberán volver a convencer para evitar un rechazo en bloque de los cuatro grupos opositores que impida que el plan de ajuste prospere. Hasta ahora, Vox ha planteado que solo secundaría esa planificación en el supuesto de que reflejase de forma explícita la posibilidad de la rebaja del IBI durante los dos próximos años, lo que podría no ser viable en su literalidad por motivos técnicos. Por su parte, PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem han mostrado su rechazo a la planificación del PP al considerar que carga los efectos de lo que consideran una mala gestión sobre la ciudadanía, en forma de aumento de los ingresos por tasas e impuestos. Y, además, han reprochado la falta de transparencia respecto al nivel en el que se prevé producir su incremento.