ELCHE. El portavoz adjunto del Grupo Municipal Socialista, Mariano Valera, ha denunciado este lunes que el PP está desmantelando las políticas sociales —el llamado “escudo social”—, tanto desde la Generalitat como desde el Ayuntamiento de Elche, con "nombres y apellidos: Pablo Ruz y Juanfran Pérez Llorca". Valera ha advertido de que "lo más grave no es solo la insuficiencia presupuestaria en dichas partidas, sino el cambio de modelo: de una política social que intentaba sostener a las personas a una política que simplemente administra la caída".

Por ello, el concejal ha reclamado al Consistorio ilicitano que "refuerce de verdad la política de vivienda, la mediación y la alternativa habitacional estable” para quienes lo precisen. También que “deje de esconder su inacción detrás de recursos de emergencia que, siendo necesarios, no pueden sustituir a una política pública integral”, y que “el PP deje de comprar el discurso a Vox, tanto en la Generalitat como en Elche, porque cuando lo asumen, quienes pagan son siempre los más vulnerables".

El edil ha revelado que "solo en enero y febrero hemos detectado más de 15 quejas y requerimientos del Síndic de Greuges y del Defensor del Mayor dirigidos a Servicios Sociales del Ayuntamiento, la mayoría de dependencia, porque se atrasan mucho las concesiones de las ayudas. Cuando los órganos de garantía empiezan a pedir explicaciones de manera reiterada, el problema ya no es puntual, es de gestión”.

Renta Valenciana de Inclusión y dependencia, las grandes damnificadas

En ese sentido, Valera ha destacado que se ve en las decisiones de la Generalitat, “donde el PP ha cedido a Vox en la reforma de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) para poner más trabas a las personas vulnerables —especialmente a las personas migrantes—, endurecer requisitos, limitar la ayuda y asumir un discurso que deja de proteger para empezar a señalar".

Además, respecto a la dependencia, ha dicho que al cierre de 2025, a nivel autonómico, hay 28.847 personas en lista de espera, más de 24.000 expedientes pendientes, una tramitación media de 300 días —casi el doble del plazo legal—, 67.181 personas esperando plaza pública residencial y, lo más grave, 258 personas fallecen cada mes esperando dicha prestación. “No estamos ante un fallo puntual: estamos ante el deterioro de uno de los pilares básicos del escudo social", ha agregado.

Además, "el propio Defensor del Mayor reconoce entre las principales problemáticas atendidas en 2025 el retraso en la dependencia, problemas con pensiones o mayores que no pueden acceder a centros de día".

Abandono de la Oficina Municipal de Vivienda Social

Valera ha alertado que lo mismo está ocurriendo en el ámbito municipal: "Ese mismo modelo, ese mismo abandono de la prevención y de la protección real, es el que estamos viendo también en Elche con Ruz, que ha cambiado una política pública de vivienda, mediación y acompañamiento por una de urgencia, de parche, de dispositivo temporal y de llegar tarde". Y ha subrayado que una administración seria no actúa solo cuando la persona ya ha caído: “No se limita a derivar. No se lava las manos con un recurso de emergencia. El Ayuntamiento está para prevenir, mediar, acompañar, trabajar el caso, buscar alternativa habitacional y sostener a la persona antes de que se rompa. Eso era construir escudo social. Lo que están haciendo ahora es otra cosa".

El portavoz adjunto ha respaldado sus afirmaciones con cifras: "Los datos del presupuesto municipal de Elche son claros. Si miramos la capacidad real para crear alternativas estables, la foto es lamentable: solo hay 50.000 euros para adquisición de viviendas sociales, solo hay 20.000 euros para rehabilitación de nuevas viviendas sociales, y la Oficina Xaloc ni siquiera aparece nominativamente en las cuentas". Valera ha precisado que "la referencia que sí aparece es la Oficina Municipal de Vivienda Social, con apenas 3.000 euros para actividades y suministros". "Con esa cifra no se refuerza la mediación, no se previenen desahucios, no se acompaña a familias en riesgo, no se sostiene una política seria de vivienda", ha sentenciado.

Valera ha aportado más datos que "desmontan el relato de Ruz", pues ha señalado que “solo en la Oficina Municipal de Vivienda Social, los informes de vulnerabilidad solicitados por los juzgados han pasado de 14 en noviembre a 22 en diciembre, un 57% más en solo un mes".

“En Elche, el sistema está fallando”

El edil ha puesto un ejemplo sobre las consecuencias de este cambio de modelo en cuanto a política social tanto del Consell como del Ayuntamiento, “el último caso de los muchos que nos llegan al Grupo Municipal”. La situación “de una persona con empleo, con nómina mínima, que por una situación judicial sobrevenida acabó de un día para otro sin casa y en la calle, sin una respuesta digna por parte de la administración". Según ha relatado, "la salida que se le planteaba era, prácticamente, un recurso de emergencia sin más”, por lo que la se ha pasado varios días durmiendo en un coche, situando a su familia en viviendas de amigos y sin nada que comer".

"Cuando una persona trabajadora, con ingresos, en una situación sobrevenida, acaba pidiendo auxilio porque el sistema no le da una salida digna, es que el sistema está fallando. Y en Elche está fallando", ha sentenciado Valera.

“Un Ayuntamiento que proteja a los más vulnerables”

El portavoz adjunto ha insistido en la definición de lo que debe ser una política social seria, y que “no consiste solo en tener una cama disponible cuando todo ha explotado, consiste en evitar que la persona llegue ahí: en acompañar antes, intervenir antes, mediar antes, ofrecer salidas dignas y no simplemente administrar el hundimiento. Pero esto lo están dejando perder, están dejando perder recursos que tanto han costado levantar".

"Elche no merece un gobierno que administre la caída. Elche merece un gobierno que proteja a las personas y familias más vulnerables", ha concluido Valera.

El bipartito defiende que han aumentado la plantilla

El equipo de gobierno ha respondido y la edil de Acción Social, Celia Lastra, apunta a que para gestionar la Ley de Dependencia, "hemos pasado de contar en junio de 2023, con 6 valoradoras a las 10 que tenemos actualmente". Igual que con los administrativos que gravan, habían 3 y ahora hay 5, y lo mismo con la Oficina Municipal de la Vivienda, que con 2 trabajadores sociales y ahora uno más. "Duplicamos casi los recursos humanos para poder agilizar los trámites, unos trabajan y los otros confunden", defiende.