ALICANTE. El segundo informe solicitado por la Conselleria de Vivienda para comprobar si los adquirientes de las viviendas de protección pública (VPP) de promoción privada construidas sobre un solar subastada por el Ayuntamiento de Alicante en Playa de San Juan entre 2018 y 2022 avanza con una primera consecuencia de calado. El departamento autonómico ha abierto expediente disciplinario contra uno de los funcionarios que se encargaba de comprobar que los adquirientes cumplían los requisitos establecidos para que se visasen los contratos de compra de esos inmuebles al constatar que había validado el expediente correspondiente a su propia esposa, obviando que él mismo formaba parte de la unidad familiar y que, por tanto, se excedía el nivel de renta máximo para que pudiese adquirir esa VPP. Es decir, el límite de 6,5 veces el IPREM.
Ese funcionario ha sido suspendido de empleo y sueldo, a la espera de que se complete el proceso para elevar una denuncia ante la Fiscalía contra él para que se depuren posibles responsabilidades penales, según confirman fuentes del departamento autonómico consultadas por Alicante Plaza. Se da la circunstancia, además, de que la esposa de dicho funcionario y compradora de la vivienda como socia cooperativista trabaja como arquitecta en el Ayuntamiento de Alicante, según han podido constatar este diario.
En todo caso, el segundo proceso de comprobaciones instado por la propia Secretaría Autonómica de Vivienda el pasado viernes no habría finalizado. Fuentes del departamento autonómico señalan que se sigue evaluando el resto de expedientes, toda vez que se habría tenido constancia de que este mismo funcionario había supervisado los requisitos de varios adquirientes de esa misma promoción, por lo que podría detectarse la existencia de otros casos similares en los que habría dado su beneplácito a pesar de que no correspondiese.
En este sentido, fuentes de Vivienda han incidido en que, al tener conocimiento de las anomalías cometidas por dicho funcionario, se ha abierto expediente disciplinario, "con suspensión cautelar de empleo y sueldo", después de que se constatase que dicho funcionario revisó, tramitó y acreditó para su firma un expediente, estableciendo como revisión favorable todos los requisitos del mismo de forma indebida. "Tras la segunda verificación solicitada por la Secretaría Autonómica, se ha conocido que este funcionario es cónyuge de la solicitante y que en la tramitación del expediente omitió datos relevantes referentes a la unidad de convivencia de la que él formaba parte y, por extensión, de la acreditación de ingresos y viviendas en propiedad de las que pudiera disponer y que se deben sumar a dicha unidad de convivencia", señalan las mismas fuentes.
Así, las mismas fuentes señalan que "con toda la información que se vaya recabando, la conselleria actuará con total contundencia, como ha hecho hasta este momento, y trasladará inmediatamente la información a Fiscalía a efectos de que investigue la situación y adopte las medidas oportunas". "Nos encontramos ante un caso en el que un funcionario, haciendo un uso indebido de su posición, habría actuado en beneficio propio o de terceros", apuntan. En todo caso, abundan en que en ese procedimiento de comprobación de requisitos para la emisión de visados en los contratos de compra "no existe participación alguna de cargos políticos".
Refuerzo de los controles
En cualquier caso, el departamento autonómico apunta que se prevé actuar con contundencia "ante cualquier irregularidad" y que "a la vista de lo ocurrido se van a reforzar los mecanismos de control". En este sentido, según las mismas fuentes, "además de las medidas incorporadas en el Decreto 180/2024, se reforzará el sistema de revisión en los procedimientos de visado de las Direcciones Territoriales, impulsando una nueva fórmula de comprobación a través de una mesa de verificación".
"Para este Consell, hechos como los que se han producido son plenamente inadmisibles y no tienen cabida en una gestión pública responsable. No existen ambigüedades cuando se trata de proteger el interés general y de preservar la confianza de la ciudadanía en las instituciones", recalcan.
Como ha venido informando este diario, la polémica relacionada con la promoción de viviendas públicas (VPP) de iniciativa privada ejecutada por la cooperativa Residencial Les Naus se precipitó después de que trascendiese que entre los compradores como socios cooperativistas figuraban la ya exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez; dos hijos y un sobrino de la exdirectora general de Organización Interna, que ahora ha regresado a su plaza como jefa del área de Contratación, y un arquitecto municipal, al que se suma ahora una segunda arquitecta municipal, esposa del funcionario de Vivienda expedientado. Además, como también ha informado este diario, entre los adquirientes de esas viviendas, también inscritos en la cooperativa, figuran igualmente hijos del notario que registró la escritura de la compra del solar, varios hermanos de distintas familias, policías locales de Alicante y Sant Joan d'Alacant, profesionales sanitarios, al menos una persona vinculada a un cargo autonómico, las hijas del dirigente de una entidad nacional de asesores fiscales, otras personas vinculadas con el sector inmobiliario o con una floristería, entre otros.
El departamento autonómico de Vivienda certificó en un primer informe emitido por la Dirección Territorial este viernes que, tras las primeras comprobaciones, todos los compradores cumplían los requisitos legales para que pudiesen visarse sus contratos de compra. No obstante, la Secretaria Autonómica de Vivienda solicitó un segundo informe que, al menos hasta ahora, habría permitido constatar el comportamiento irregular del funcionario expedientado, a la espera de que se complete la revisión del conjunto de los 140 contratos visado favorablemente.
