ALICANTE. La Conselleria de Vivienda toma nota tras la polémica suscitada en torno a la promoción de viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas en un solar municipal situado en el distrito de Playa de San Juan subastado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022 y concreta el compromiso de mejora de los controles para evitar que pueda producirse algún tipo de fraude en futuras actuaciones. En concreto, se prevé constituir una comisión o mesa técnica formada por varios técnicos como órgano colegiado encargado de supervisar que los adquirientes de una VPP cumplan los requisitos establecidos para poder comprar una vivienda con esa catalogación, después de que, este lunes, se confirmase la intervención irregular de uno de los técnicos del departamento autonómico que avaló de forma indebida que su propia esposa sí cumplía esas condiciones para comprar una de las viviendas de la promoción de la controversia, promovida por la cooperativa Residencial Les Naus.
Además, también se prevé implementar la exigencia de un registro de solicitantes de VPP en cada una de las promociones de viviendas desarrolladas en el marco del Plan Vive con el fin de procurar mayor publicidad y transparencia en el proceso, al margen del registro autonómico del que ya dispone la propia Conselleria de Vivienda, a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) que ahora solo resulta de inscripción obligatoria para los demandantes de vivienda social, construida por la propia Generalitat para atender necesidades de colectivos en situación de vulnerabilidad.
Esos dos compromisos han quedado confirmados este martes por parte de la propia vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, en una comparecencia pública ofrecida con motivo de su visita a la feria de Sant Blai, en Torrent (Valencia), en la que, a preguntas de los medios de comunicación, ha detallado la actuación seguida por el departamento autonómico respecto al funcionario que tuvo un comportamiento irregular al que se ha abierto un expediente disciplinario con suspensión de empleo y sueldo, a la espera de que se registre una denuncia en Fiscalía con el fin de que se dilucide si su actuación pudo ser constitutiva de algún tipo de delito.
Doble revisión
Camarero se ha referido a este técnico como "una oveja negra" para asegurar que el Consell no iba a tolerar que el comportamiento de un funcionario pudiese afectar al desarrollo de las políticas de promoción de vivienda puestas en marcha por la Generalitat, entre las que ha destacado el Plan Vive, para señalar, en cualquier caso, que la promoción desarrollada en Playa de San Juan no guarda ninguna relación con ese programa. En esta línea, la vicepresidenta ha señalado que "para la Generalitat la vivienda es una política prioritaria y no vamos a tolerar que se manche todo ese trabajo, el esfuerzo y el compromiso desarrollado para que las valencianos tengan las viviendas que se necesitan". Así, ha explicado que, desde que se conoció que la ya exconcejal de Urbanismo de Alicante, los dos hijos y un sobrino de la ya exdirectora general de Organización interna, y un arquitecto municipal figuraban como compradores de viviendas de la promoción desarrollada por Residencial Les Naus como socios cooperativistas, se inició una doble revisión de los expedientes de visado de los contratos del conjunto de las 140 viviendas.
La primera revisión por parte de la Dirección Territorial de Vivienda avaló la supervisión de los requisitos de los solicitantes aunque, como informó este diario, y ha reiterado Camarero, se solicitó un segundo informe que, hasta el momento, habría permitido detectar el comportamiento irregular del funcionario ya expedientado. En todo caso, ha incidido en que la Generalitat no tiene participación en la entrega de esas viviendas, puesto que se trata de una promoción de viviendas de VPP de iniciativa privada impulsada por la cooperativa, de modo que la administración autonómica únicamente se encarga de visar los contratos, una vez comprobado que los compradores reúnen las condiciones establecidas para ser beneficiarios de VPP.
Respecto al funcionario expedientado -que, según ha indicado, llevaba trabajando en la conselleria al menos desde 2019- ha señalado que la denuncia contra él se habría interpuesto en la mañana de este mismo martes, y ha señalado que "no vamos a tolerar" que la conducta de un técnico "pueda perjudicar a algo tan importante como la vivienda pública". Así, ha destacado la adopción de medidas "inmediatas". "Vamos a actuar en esa y en todas las actuaciones que de la investigación en curso puedan derivar", ha concretado. En consecuencia, ha señalado que se va a intensificar los controles en las próximas adjudicaciones de VPP que sí se encuadren en el Plan Vive con la creación de esa comisión de revisión y evaluación de los visados para "reforzar los mecanismos, porque no podemos estar en manos de un funcionario que haga trampas en un momento determinado". Igualmente, ha señalado que, en el momento en el que se tenga que adjudicar esas viviendas de VPP, existan mecanismos para aportar mayor publicidad y transparencia, como la creación del citado registro de demandantes en cada una de las promociones de iniciativa privada que pongan en marcha los adjudicatarios de suelo del Plan Vive.
