ALICANTE. El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante da otro paso más en la fiscalización sobre el proceso seguido en la construcción y compra de las viviendas de protección pública (VPP) de promoción privada construidas en un solar subastado por el Ayuntamiento entre 2018 y 2022 y da traslado a la Fiscalía Anticorrupción de la información recopilada hasta ahora sobre el expediente y sobre los beneficiarios con el fin de que se determine si pudo existir algún tipo de delito. Por lo pronto, del trabajo de análisis elaborado por el propio PSOE se desprenderían indicios de la concurrencia de hasta cinco delitos distintos, según han precisado fuentes del partido, a través de un comunicado.

En concreto, el PSOE considera que la venta de esa parcela y el proceso de adjudicación de las viviendas construidas se apreciarían posibles evidencias de los delitos de prevaricación administrativa, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y conflicto de intereses, estafa, fraude a la Administración y fraude de ley con relevancia penal.

El registro de la denuncia, que se suma a la ya presentada por Sumar ante la Fiscalía Anticorrupción de Madrid, el pasado viernes, se produce después de que trascendiese que la ya exconcejal de Urbanismo, dos hijos y un sobrino de la ya exdirectora general de Organización Interna y un arquitecto municipal hubiesen sido adjudicatarios de viviendas de esa promoción como socios de Residencial Les Naus: la cooperativa que impulsó la promoción.

Al margen de ello, como también ha informado este diario, entre los adquirientes de esas viviendas, también inscritos en la cooperativa, figuran igualmente hijos del notario que registró la escritura de la compra del solar, varios hermanos de distintas familias, policías locales de Alicante y Sant Joan d'Alacant, profesionales sanitarios, al menos una persona vinculada a un cargo autonómico, las hijas del dirigente de una entidad nacional de asesores fiscales, otras personas vinculadas con el sector inmobiliario o con una floristería, entre otros.

Por lo pronto, la denuncia del PSOE se dirige en concreto contra la exconcejal de Urbanismo, contra la exdirectora general de Organización Interna, que vuelve a ocupar su puesto como jefa del área de Contratación, contra el arquitecto municipal beneficiario de una de las viviendas de la promoción, contra el administrador único de Fraorgi (la sociedad gestora de la cooperativa) y contra los miembros que formaban parte de la Junta de Gobierno tanto en 2022, cuando se aprobó la adjudicación de la subasta en favor de la cooperativa, como en febrero de 2025, cuando se aprobó una última modificación contractual respecto a ese acuerdo de adjudicación.

"El gobierno de Barcala podría haber vulnerado el derecho de acceso a la vivienda, que debe responder al interés general. Por eso, hemos pedido a la Fiscalía que investigue lo que ha ocurrido con la adjudicación de pisos construidos en una parcela municipal", ha señalado la portavoz municipal del PSOE, Ana Barceló. "Lo que estamos viviendo es un escándalo, teniendo en cuenta que en la ciudad de Alicante existen más de 5.400 familias en lista de espera para acceder a una vivienda pública, y cuando cada vez son más las familias que se tienen que marchar de la ciudad por la imposibilidad de pagar el precio de una vivienda en alquiler o en propiedad. Cuando hablamos de suelo público y vivienda protegida hablamos del interés general, y cuando ese derecho se puede haber visto vulnerado, acudimos a Fiscalía", ha añadido.

A su juicio, "es lamentable que en una ciudad que tiene tantos problemas de acceso a la vivienda estemos hablando hoy de la comisión de hasta cinco presuntos delitos para beneficiar a personas que han podido estar vinculadas al gobierno de Barcala. Cuando una promoción de vivienda pública destinada a facilitar el acceso a la vivienda a quienes más lo pueden necesitar acaba beneficiando a cargos públicos o personas vinculadas al PP, nos vemos obligados a pedir que se abra una investigación judicial. La ciudadanía tiene derecho a saber qué ha pasado y por qué", ha insistido.

En esta línea, Barceló ha recalcado que "seguimos exigiendo al alcalde que dé explicaciones públicas y que convoque un pleno extraordinario y ponga en marcha una comisión de investigación. Barcala no actuó con la transparencia exigible, no estableció los controles necesarios en una cuestión tan sensible como la vivienda protegida sobre suelo municipal.  La dimisión de la concejala de Urbanismo y de la directora general no es suficiente. Confirman que hay un problema político grave con la gestión de esta promoción de vivienda pública que va mucho más allá de la polémica mediática. Por tanto, se deben dirimir responsabilidades", ha subrayado.

Comisión en Corts

Por su parte, e grupo parlamentario del PSPV-PSOE ha registrado también este lunes una propuesta de creación de una comisión de investigación en Les Corts sobre la adjudicación de vivienda pública en la Comunitat Valenciana tras el escándalo de Alicante. Así lo ha anunciado este lunes el diputado por Alicante en Les Corts, José Diaz, quien ha recordado que solo en la ciudad de Alicante hay "más de 5.000 personas esperando una vivienda pública mientras que se adjudican a cargos del Partido Popular y su entorno" y ha advertido que "esto no es mala suerte, ni un error administrativo es un abuso de poder".

En este sentido, el dirigente socialista ha señalado que "si el Partido Popular bloquea esta comisión de investigación los y las socialistas valencianos iremos hasta el final para depurar responsabilidades políticas, caiga quien caiga" y ha subrayado que "la vivienda pública no es ningún favor, es un derecho".  Además, Díaz ha insistido en que esta comisión no solo debe analizar los casos concretos en Alicante, sino también examinar el funcionamiento general del sistema de adjudicación de vivienda pública en toda la Comunitat Valenciana para garantizar transparencia, igualdad de acceso y el cumplimiento de la ley. "No podemos permitir que las viviendas destinadas a quienes más las necesitan se conviertan en moneda política", ha concluido.

Un "chanchullo"

También se ha vuelto a pronunciar sobre la polémica la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha lamentado el "chanchullo para colegas y familias" en la adjudicación de vivienda pública en Alicante y ha pedido que se investigue, según recoge la agencia Europa Press. Bernabé se ha pronunciado en estos términos, en declaraciones a los medios de comunicación, tras visitar Torrent (Valencia) para conocer los avances en las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno de España en los caminos agrícolas afectados por la dana del 29 de octubre de 2024.

La delegada, interpelada por su opinión sobre las dimisiones en el Ayuntamiento de Alicante en relación con la polémica sobre el proceso de adjudicación de una promoción de vivienda de protección pública, ha dicho: "Hemos podido comprobar que el problema de la vivienda, que veníamos repitiendo que para el PP era un negocio, ahora también es un chanchullo para los colegas y familias". Y esto va ligado, ha afirmado Bernabé, a otro tipo de medidas que se toman desde un gobierno "irresponsable" en materia de vivienda como es subir el precio del alquiler para la vivienda pública, "tal y como ha pasado en la Comunitat desde que gobierna el PP".

"Se ha doblado el precio del metro cuadrado para alquiler en vivienda pública construida a manos de empresas privadas. Aquéllas viviendas públicas construidas por empresas publicas tienen un precio. Si hacen esa construcción en colaboración público-privada, el precio se dobla. Pasa de 5,5 euros el m2 a 11 euros", ha puesto como ejemplo. A su entender, "ésta es una técnica y práctica generalizada en la ciudad de València, donde María José Catalá, con su voto en Les Corts, ha aprobado esta medida. Además, ha apuntado que Catalá deja en manos de grandes constructoras el terreno destinado para construir vivienda pública y se dobla el precio de esa vivienda pública", ha dicho.

Ante esta situación, ha pedido al PP, que gobierna en la Comunitat, que "de una vez por todas" ponga en marcha la Ley Estatal de Vivienda, "porque la vivienda es un problema para todos, también para sus votantes, pero no puede ser ni un negocio ni un chanchullo, que es lo que ha acabado siendo", ha apostillado. "Lo anunció la secretaria general. Vamos a ir a la Fiscalía, vamos a pedir que se investigue a fondo qué es lo que ha pasado en la ciudad de Alicante. No se puede permitir que se de una imagen retorcida de la política en la Comunitat", ha concluido.