ALICANTE. El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante da otro paso más en la fiscalización sobre el proceso seguido en la construcción y compra de las viviendas de protección pública (VPP) de promoción privada construidas en un solar subastado por el Ayuntamiento entre 2018 y 2022 y da traslado a la Fiscalía Anticorrupción de la información recopilada hasta ahora sobre el expediente y sobre los beneficiarios con el fin de que se determine la existencia de algún tipo de delito. Por lo pronto, del trabajo de análisis elaborado por el propio PSOE se desprendería la posible existencia de hasta cinco delitos distintos, según han precisado fuentes del partido, a través de un comunicado.

En concreto, el PSOE considera que la venta de esa parcela y la compra de las viviendas podrían ser constitutivos de presuntos delitos de prevaricación administrativa, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y conflicto de intereses, estafa, fraude a la Administración y fraude de ley con relevancia penal.

"El gobierno de Barcala podría haber vulnerado el derecho de acceso a la vivienda, que debe responder al interés general. Por eso, hemos pedido a la Fiscalía que investigue lo que ha ocurrido con la adjudicación de pisos construidos en una parcela municipal", ha señalado la portavoz municipal del PSOE, Ana Barceló. "Lo que estamos viviendo es un escándalo, teniendo en cuenta que en la ciudad de Alicante existen más de 5.400 familias en lista de espera para acceder a una vivienda pública, y cuando cada vez son más las familias que se tienen que marchar de la ciudad por la imposibilidad de pagar el precio de una vivienda en alquiler o en propiedad. Cuando hablamos de suelo público y vivienda protegida hablamos del interés general, y cuando ese derecho se puede haber visto vulnerado, acudimos a Fiscalía", ha añadido.

A su juicio, "es lamentable que en una ciudad que tiene tantos problemas de acceso a la vivienda estemos hablando hoy de la comisión de hasta cinco presuntos delitos para beneficiar a personas que han podido estar vinculadas al gobierno de Barcala. Cuando una promoción de vivienda pública destinada a facilitar el acceso a la vivienda a quienes más lo pueden necesitar acaba beneficiando a cargos públicos o personas vinculadas al PP, nos vemos obligados a pedir que se abra una investigación judicial. La ciudadanía tiene derecho a saber qué ha pasado y por qué", ha insistido.

'Sin controles'

En esta línea, ha recalcado que "seguimos exigiendo al alcalde que dé explicaciones públicas y que convoque un pleno extraordinario y ponga en marcha una comisión de investigación. Barcala no actuó con la transparencia exigible, no estableció los controles necesarios en una cuestión tan sensible como la vivienda protegida sobre suelo municipal.  La dimisión de la concejala de Urbanismo y de la directora general no es suficiente. Confirman que hay un problema político grave con la gestión de esta promoción de vivienda pública que va mucho más allá de la polémica mediática. Por tanto, se deben dirimir responsabilidades", ha subrayado.

El registro de esa denuncia, que se suma a la ya presentada por Sumar ante la Fiscalía Anticorrupción de Madrid, se produce después de que trascendiese que la ya exconcejal de Urbanismo, dos hijos y un sobrino de la ya exdirectora general de Organización Interna y un arquitecto municipal hubiesen sido adjudicatarios de viviendas de esa promoción como socios cooperativistas de Residencial Les Naus.

Al margen de ello, como también ha informado este diario, entre los adquirientes de esas viviendas, también inscritos en la cooperativa, figuran igualmente hijos del notario que registró la escritura de la compra del solar, varios hermanos de distintas familias, policías locales de Alicante y Sant Joan d'Alacant, profesionales sanitarios, al menos una persona vinculada a un cargo autonómico, las hijas del dirigente de una entidad nacional de asesores fiscales, otras personas vinculadas con el sector inmobiliario o con una floristería, entre otros.

Comisión en Corts

Por su parte, e grupo parlamentario del PSPV-PSOE ha registrado también este lunes una propuesta de creación de una comisión de investigación en Les Corts sobre la adjudicación de vivienda pública en la Comunitat Valenciana tras el escándalo de Alicante. Así lo ha anunciado este lunes el diputado por Alicante en Les Corts, José Diaz, quien ha recordado que solo en la ciudad de Alicante hay "más de 5.000 personas esperando una vivienda pública mientras que se adjudican a cargos del Partido Popular y su entorno" y ha advertido que "esto no es mala suerte, ni un error administrativo es un abuso de poder".

En este sentido, el dirigente socialista ha señalado que "si el Partido Popular bloquea esta comisión de investigación los y las socialistas valencianos iremos hasta el final para depurar responsabilidades políticas, caiga quien caiga" y ha subrayado que "la vivienda pública no es ningún favor, es un derecho".  Además, Díaz ha insistido en que esta comisión no solo debe analizar los casos concretos en Alicante, sino también examinar el funcionamiento general del sistema de adjudicación de vivienda pública en toda la Comunitat Valenciana para garantizar transparencia, igualdad de acceso y el cumplimiento de la ley. "No podemos permitir que las viviendas destinadas a quienes más las necesitan se conviertan en moneda política", ha concluido.