ALICANTE. La polémica relacionada con la promoción de viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas en un solar del distrito de Playa de San Juan subastado por el Ayuntamiento de Alicante entre los años 2018 y 2022 se cobra ahora una nueva derivada: el malestar que habría cundido entre los funcionarios municipales por la difusión de informaciones que podrían poner en tela de juicio su comportamiento. Máxime, después de que el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), haya anunciado este martes su intención de cotejar los nombres del listado de compradores de pisos en esa promoción con el de los trabajadores del ayuntamiento con el objetivo de determinar si pudo haberse cometido algún tipo de irregularidad.

En esta línea, los delegados del sindicato SEP en la Junta de Personal han registrado un escrito este mismo martes por el que solicitan la convocatoria de una sesión extraordinaria de la Junta de Personal para abordar esa cuestión. "En los últimos días se han difundido en diversos medios de comunicación informaciones relativas a presuntas actuaciones atribuidas a empleados y empleadas municipales. Dichas informaciones, con independencia de su aclaración en el marco de los procedimientos que pudieran instruirse, están generando un impacto relevante en la percepción pública del Ayuntamiento y podrían repercutir en la imagen del conjunto de la plantilla municipal", argumenta el escrito del SEP.

Así, el sindicato considera necesario "que la Junta de Personal, como órgano de representación unitaria de todos los empleados municipales, aborde la cuestión con carácter inmediato, a fin de valorar de forma conjunta las actuaciones que, en su caso, resulten oportunas dentro de su ámbito". De ahí que se plantee que la sesión de esa Junta de Personal procure un "análisis de la situación derivada de las informaciones aparecidas en medios de comunicación relativas a presuntas actuaciones de empleados/as municipales" y que se valore "en su caso, la procedencia de emitir un pronunciamiento institucional de la Junta de Personal" en el que se manifieste el "respeto a la presunción de inocencia y a los procedimientos legalmente establecidos", la "exigencia de depuración de responsabilidades con carácter estrictamente individual, si de las actuaciones e investigaciones resultaran conductas contrarias a la legalidad o a la ética pública" y "reafirmación del compromiso del conjunto de la plantilla municipal con profesionalidad, la integridad y el servicio a la ciudadanía", según detalla su escrito.

Como ya ha informado este diario, la controversia derivada de la compra de las 140 viviendas de esa promoción ha propiciado ya la dimisión de la edil que ejercía las competencias de Urbanismo, que figurará como una de las adquirientes de uno de esos pisos al inscribirse como cooperativista cinco años de convertirse en concejal. También ha renunciado al cargo de directora general de Ordenación Interna la funcionaria que ejercía como jefa del área de Contratación en la etapa en la que se produjo la subasta de la parcela muncipal, después de que trascendiese que dos hijos y un sobrino suyo también son compradores de pisos en esa promoción. 

Al tiempo, ya se han registrado hasta cuatro denuncias en Fiscalía con el fin de que se esclarezcan los hechos. Una presentada por la plataforma Sumar ante la Fiscalía Anticorrupción de Madrid, otra registrada por el grupo municipal del PSOE en la Fiscalía de Alicante, otra presentada por el equipo de gobierno, del PP, ante la misma instancia y una última formulada también ante ese órgano por parte de la Conselleria de Vivienda. En este último caso, la denuncia se dirige contra el técnico del departamento autonómico que visó el contrato de compra de su esposa -además, arquitecta municipal en el Ayuntamiento de Alicante- sin tener en cuenta sus propios datos económicos como cónyuge a la hora de valorar si se cumplían las condiciones de renta establecidas para que pudiese convertirse en compradora de una VPP.