ALICANTE. El expediente de averiguación de hechos instruido por el Ayuntamiento de Alicante a cuenta de la polémica por la compra de las viviendas de promoción pública (VPP) construidas en un solar municipal del distrito de Playa de San Juan subastado entre los años 2018 y 2022 concluye que la ya exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez, no participó en ninguna de las decisiones relacionadas con el desarrollo de ese residencial, en el que ella figura como una de las compradoras de sus 140 viviendas tras haberse inscrito como socia de la cooperativa que impulsó sus obras el 28 de diciembre de 2018. Es decir casi cinco años antes de tomar el acta de concejal, como número 3 de la candidatura electoral con la que el PP concurrió a las municipales de 2023.

Y esa misma conclusión se extiende respecto a los otros dos funcionarios sobre los que también ha trascendido la existencia de vinculación con la compra de esas entregas. Se trata de la ya exdirectora general de Organización Interna (un cargo de confianza de designación por parte del equipo de gobierno), María Pérez-Hickman, que presentó su renuncia a ese puesto para volver a su plaza como jefa del área de Contratación después de que se conociese que dos hijos y un sobrino suyos también habían sido compradores de esas viviendas. Y, por último, del arquitecto municipal Francisco Nieto, que también figuró como socio cooperativista beneficiario de uno de los pisos de VPP. De ahí que el informe no encuentre motivos para que pueda promoverse la apertura de expedientes disciplinarios con la imposición de posibles sanciones en ninguno de los casos.

Por partes. El informe, elaborado por el vicesecretario del Ayuntamiento (en funciones de secretario municipal) por mandato expreso del alcalde, Luis Barcala, precisa respecto a Gómez -que presentó su renuncia formal al acta este lunes- no resolvió sobre ningún aspecto vinculado con ese residencial, toda vez que la licencia de obra se concedió en 2022, cuando ella todavía no había tomado posesión del cargo. Y tampoco tuvo vinculación con las modificaciones del contrato de adjudicación de la parcela que se produjeron en 2025, al encontrarse en situación de baja médica. Así, concluye que, a la vista de la documentación facilitada por los departamentos de Contratación, Patrimonio y Urbanismo se comprueba que la exedil "no ha intervenido en los expedientes" tramitados en la concejalía sobre esta enajenación, ¨"no suscribiendo documento o acto administrativo alguno". 

En lo que respecta a la exdirectora general de Organización Interna y ahora de nuevo jefa del área de Contratación, se alcanza la misma conclusión. En primer término, el informe apunta que sus hijos también formalizaron la inscripción en la cooperativa Residencial Les Naus en diciembre de 2018, aunque -como en el caso de Gómez- el consejo rector de la cooperativa no acepta esa solicitud hasta febrero de 2022, cuando se reanudó el proceso de subasta tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) que conminaba a retomar la enajenación del solar municipal, después de que hubiese quedado suspendido en 2018 por parte del equipo de gobierno, a la vista de las impugnaciones presentadas respecto a las cláusulas recogidas en su pliego (fundamentalmente, la que primaba la antelación en el registro de la oferta a la hora de decidir un posible empate a puntuaciones entre distintos licitadores). 

Así, tras analizar la documentación recabada de los mismos departamentos municipales, el informe -que se ha incorporado a la denuncia presentada este martes por el Ayuntamiento ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial- determina que dicha funcionaria, que ocupaba el puesto de jefa del servicio de Contratación hasta 2025 "no ha dictado acto administrativo alguno" relacionado con el expediente de la subasta de la parcela "y no ha firmado ninguna propuesta de acuerdo, cuya competencia corresponde al concejal de Contratación". En este sentido, el dictamen señala que el órgano gestor de la venta de ese solar fue y es la Concejalía de Patrimonio y no la de Contratación, que únicamente actúa como órgano instrumental. Además, apunta que tampoco puede considerarse que hubiese podido contar con información privilegiada respecto a esa subasta, al considerar que "la información de la que ha podido contar era comúnmente conocida como demuestra la lista de espera en dicha cooperativa de más de dos mil personas".

Además, reseña que la funcionaria "únicamente ha participado en las mesas de contratación como secretaria, que actúa con voz pero sin voto, y tiene como funciones principales efectuar la convocatoria de las sesiones por órdenes del presidente de la mesa, preparar el despacho de los asuntos, redactar las actas de las sesiones o expedir certificaciones, sin tener ninguna capacidad decisoria ni actuación relevante que pudiera influir en el resultado final". Al tiempo, el informe apunta que "en el expediente de referencia, la adjudicación se basaba exclusivamente en criterios automáticos cuantificables económicamente, sin la existencia de criterios basados en juicios de valor". 

En tercer lugar, respecto al arquitecto municipal Francisco Nieto, el informe apunta que se inscribió en la cooperativa el 27 de enero de 2025 "en sustitución de una baja" de otro socio anterior. Además, tras el análisis del conjunto de la información recabada, el dictamen del vicesecretario también apunta que dicho funcionario (investigado en unas diligencias judiciales sin relación con las VPP por, presuntamente, agilizar expedientes de concesión de licencia a cambio de supuestas dádivas) "no ha intervenido en el procedimiento, no suscribiendo documento ni acto administrativo alguno".

Por último, el dictamen considera, igualmente, que "no hubiera procedido el deber de abstención respecto a las personas citadas, por no haber participado con poder decisorio o propuesta de acuerdo en ninguno de los procedimientos aludidos, en relación con el contrato de enajenación, mediante licitación pública de parcela de suelo urbano, perteneciente al patrimonio municipal de suelo, con destino a viviendas de protección oficial, situado en la Avenida Historiador Vicente Ramos de Alicante y, por tanto, no ha lugar a ningún tipo de responsabilidad disciplinaria".

Insta a revisar la idoneidad de los compradores

Eso sí, el dictamen también recalca que su labor de indagación solo alcanzaría a la participación de esos cargos públicos en la tramitación de los acuerdos relacionados con la promoción, sin disponer de la capacidad de determinar si estos mismos, o el resto de los compradores de pisos de VPP construidos por la cooperativa Residencial Les Naus, cumplen o no "las condiciones para ser ajdudicatario, por lo que sería necesario [...] la investigación del proceso de adjudicación, desde las listas de espera hasta su adjudicación definitiva, pasando por los procesos de solicitud de incluisión, aprobaciónes de inclusión, renuncias, cesiones de derechos, etc... Todo ello, instando al a Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda para que realice las comprobaciones oportunas", recalca. Se trata, de hecho, de un proceso que ya habría iniciado el departamento autonómico que coordina la vicepresidenta primera Susana Camarero con la solicitud de hasta dos informes distintos, de los que se habría deparado, en primer término, el hallazgo de un comportamiento presuntamente irregular de un técnico que visó favorablemente el contrato de compra de su propia esposa, sin computar sus propios ingresos como miembro de la misma unidad familiar, lo que habría supuesto que no se superasen las condiciones de límite de renta establecidos para optar a una VPP.

La imposibilidad de determinar la procedencia de las adjudicaciones aludida en ese informe municipal sería una de las circunstancias que habría movido al equipo de gobierno a presentar, este mismo martes, una denuncia en Fiscalía para que dilucide si los compradores que adquirieron esas viviendas reúnen los requisitos para acceder a una VPP y, así, comprobar que el solar municipal subastado a un precio tasado para que se desarrollase esa tipología de vivienda tuvo finalmente el fin pretendido: facilitar el acceso a un inmueble protegido a personas con un nivel de renta determinado.

Y no solo eso. El dictamen municipal también apunta la necesidad de que, por parte de la Concejalía de Recursos Humanos, se coteje el listado de compradores de las VPP de Residencial Les Naus con la relación de trabajadores municipales (funcionarios y laborales) "con objeto de averiguar si ha podido existir otro personal que, en su caso, haya podido intervenir en el expediente". Se trata de una recomendación que ya ha asumido el equipo de gobierno, a la vista de las manifestaciones ofrecidas por el vicealcalde y edil de Recursos Humanos, Manuel Villar, este mismo martes, quien ha asegurado que se realizarán las comprobaciones oportunas sin la intención de que esa labor se interprete como una "caza de brujas", pero con la pretensión de poder actuar "con contundencia" en el caso de que se detecte alguna anomalía.

El anuncio de esa revisión ha suscitado malestar entre los trabajadores municipales hasta el punto de que el sindicato SEP ha solicitado que se convoque una reunión de la Junta de Personal con el fin de analizar lo sucedido y, en su caso, promover la emisión de un pronunciamiento institucional en el que se solicite respeto por el trabajo de los funcionarios municiales, al margen de que se diluciden posibles responsabilidades individuales.

Entre tanto, la portavoz del grupo municipal del PSOE, Ana Barceló, ha criticado que el informe de averiguación de hechos emitido por el vicesecretario por encargo del alcalde "no analiza lo que ha pasado y no resuelve las incógnitas sobre la polémica adjudicación de viviendas". "Barcala reconoce ante Fiscalía que puede haber habido un conflicto de intereses, pero el informe interno que el propio alcalde ha solicitado y que sólo relata hechos no llega a ninguna conclusión y pretende exonerar al gobierno del PP de cualquier responsabilidad", ha señalado.

"Ni el informe interno ni el escrito presentado en Fiscalía están defendiendo el interés general. Lo que ha hecho el alcalde es una broma, una pantomima para tratar de autoexculparse, como si la obligación y la responsabilidad de velar por la correcta adjudicación de las viviendas no fuera con el alcalde", ha añadido. "Seguimos sin saber por qué no se han realizado controles por parte del equipo de gobierno para evitar que altos cargos del PP se beneficiarán con viviendas públicas, impidiendo el fin social del derecho a la vivienda", ha concluido.