ALICANTE. Un informe elaborado por el Servicio de Patrimonio del Ayuntamiento de Alicante detectó la posible existencia de conflictos de interés en cargos públicos y funcionarios municipales a cuenta de la compra de las viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas sobre un solar municipal situado en el distrito de Playa de San Juan subastado por el Ayuntamiento entre 2018 y 2022. Así se hace constar, de hecho, en la misma denuncia que el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), ha presentado este martes ante la Fiscalía con el fin de que se dilucide la posible existencia de irregularidades que puedan ser constitutivas de delito. Y, además, con el pretendido objetivo de que se esclarezca si la venta de ese solar público destinado a la promoción de vivienda protegida tuvo finalmente el destino que debió tener. Es decir, el de facilitar el acceso a la vivienda de personas con un nivel de renta límite, sin que se haya podido adulterar el proceso para dar cabida a compradores que excediesen ese umbral económico (6,5 veces el IPREM), y sin que se haya podido promover el alquiler o la reventa de esos pisos a terceros de forma fraudulenta (la legislación no lo permite, salvo autorización expresa de la propia Conselleria de Vivienda, que es quien, además, fija un precio tasado) en busca de un beneficio económico.

Ese informe, del que no conoce el contenido específico, se habría elaborado en torno a la primera mitad del año 2025, aunque nadie ha dado cuenta de su existencia hasta el momento. Así se colige de la propia denuncia formulada por los Servicios Jurídicos Municipales en la que se apunta que su emisión se produjo después de que la cooperativa Residencial Les Naus que construyó la promoción aportó la certificación de las viviendas resultantes "incluyendo un listado de todos los inmuebles entregados (identificados por número) con sus fechas de entrega, junto con los nombres y apellidos de los adjudicatarios y la acreditación de que cada uno de ellos cumplía los requisitos legales de acceso a vivienda protegida". Esa acreditación se corresponde con una declaración responsable firmada por cada uno de los socios cooperativistas. 

La denuncia apunta que ese listado se dio a conocer "concluida la construcción y estando próximo el cierre del expediente", cuando ya se había producido la entrega de las viviendas finalizadas: una circunstancia que se produjo en torno al pasado mes de julio, según la información aportada hasta ahora por representantes de Fraorgi, que ejerció como entidad gestora de la cooperativa. De este modo, según la denuncia, la documentación aportada por la cooperativa en ese momento final de la tramitación del expediente llevó al Servicio de Gestión Patrimonial a constatar "que entre los compradores adjudicatarios figuraban determinadas personas vinculadas a personal municipal que había intervenido en la gestión del contrato". "En otras palabras, se identificó que algunos beneficiarios de las viviendas mantenían relaciones de parentesco u otro vínculo con empleados o cargos del Ayuntamiento que pudieron participar en fases relevantes del expediente de enajenación" de ese solar público. Esos beneficiarios serían la ya exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez, la ya exdirectora general de Organización Interna, y actual jefa del área de Contratación, María Pérez-Hickman, y el arquitecto municipal Francisco Nieto.

De este modo, el escrito de denuncia presentado por el equipo de gobierno apunta que "la concurrencia de estos vínculos personales levantó señales de alerta por posible conflicto de interés y eventuales incumplimientos del deber de abstención de dichos empleados o autoridades en el procedimiento administrativo". Y añade que "ante la situación descrita, el Servicio de Gestión Patrimonial elaboró un informe, en el cual se dejan plasmados los hallazgos iniciales y sus implicaciones". En este sentido, la denuncia abunda en que ese dictamen elaborado por Patrimonio "alertó de que personal municipal posiblemente interviniente en la gestión del contrato resultó adjudicatario (directa o indirectamente) de una vivienda protegida en el complejo construido". Ese informe señalaba "posibles conflictos de interés" y aludía al deber legal de abstención contemplado en la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.

Superación del nivel de renta

Y, además, el mismo informe ya aludía al "posible incumplimiento de las condiciones legales de acceso a las VPP construidas, bien por no cumplirlas directamente, bien por haber faltado a la verdad u omitido ésta a la hora de declararlas, ya que hay supuestos en los que la mera condición, nivel y categoría de los adquirientes harían previsiblemente imposible la compatibilidad con los requisitos de capacidad económica exigibles". Es decir, que los compradores no superasen en 6,5 veces el IPREM (fijado para 2025 en 7.200 euros anuales para 12 pagas y 8.400 euros anuales en 14 pagas).

La misma denuncia también alude al informe de averiguación de hechos elaborado por el vicesecretario municipal a instancias del alcalde, Luis Barcala, en el que -como ya ha informado este diario- se concluye que no había concurrido la participación de esos cargos públicos y funcionarios municipales en ningún trámite relacionado con el expediente de subasta del solar municipal en el que se levantó la promoción, ni en las resoluciones posteriores de concesión de licencia de obra o de modificación del contrato de adjudicación. En esta línea, ese informe resuelve que no existió conflicto de interés ni el deber de abstención que apuntaba el dictamen de Patrimonio, al que también aludió el mismo servicio en una "nota provisional" emitida el pasado 26 de enero (cuando ya había trascendido la identidad de los primeros compradores de la promoción de la polémica), así como en el informe definitivo evacuado por el mismo servicio con fecha de 30 de enero. 

No obstante, la denuncia formulada por el equipo de gobierno ante Fiscalía no da totalmente por disipada la posible existencia de ese conflicto de interés y alude de forma expresa a la posible intervención del arquitecto municipal en la tramitación del contrato. Al respecto, ese escrito apunta que, a pesar de las conclusiones del informe elaborado por el vicesecretario, "preocupa la posibilidad de que pudieran haberse dado intervenciones materiales o influencias funcionales no documentadas oficialmente por parte de las personas implicadas y otras que pudieran haber favorecido directa o indirectamente la adjudicación de las viviendas a su favor o de sus allegados". Así, cita expresamente que el arquitecto municipal "prestó apoyo técnico durante la ejecución del contrato, manteniendo reuniones de trabajo con el personal del Servicio de Patrimonio e incluso con representantes de la cooperativa, hasta el punto de que llegó a proponerse su nombramiento como responsable municipal del contrato en 2024 (en sustitución del técnico jubilado) dada su implicación en el seguimiento del proyecto".

La denuncia también detalla que, finalmente, no llegó a producirse esa designación formal "por directriz de la Concejalía de Urbanismo" pero recalca que "lo cierto es que este empleado intervino de facto en la gestión del contrato al menos durante el año 2024, sin que conste que advirtiera ni se apartara pese a su interés personal en la promoción". Así, añade que el caso del arquitecto municipal -así como el del funcionario de la Conselleria de Vivienda expedientado por el departamento autonómico tras detectar que visó el contrato de una VPP por parte de su esposa, obviando sus propios datos económicos- "ilustra un posible conflicto de interés material no recogido en los actos formales, el cual no queda plenamente resuelto con las conclusiones del informe de la vicesecretaría general del Ayuntamiento", apuntan los Servicios Jurídicos Municipales.