ALICANTE. La Fiscalía de Alicante toma las riendas de las averiguaciones en la gestión de las viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas en un solar municipal situado en el distrito de Playa de San Juan subastado por el Ayuntamiento de Alicante en un proceso que se alargó entre 2018 y 2022. La Fiscalía ha abierto diligencias de investigación preliminar respecto al expediente municipal de enajenación de esa parcela y respecto a la compra de esos inmuebles, después de que haya trascendido que entre sus adquirientes figuran la ya exconcejal de Urbanismo, la ya exdirectora general de Organización Interna (y ahora, de nuevo, jefa del área de Contratación) y dos arquitectos municipales, además de otras personas no vinculadas a la gestión pública que podrían reunir perfiles no ajustados a las condiciones económicas establecidas para acceder a una VPP. Se trata de hijos del notario que registró la escritura de la compra del solar, varios hermanos de distintas familias, policías locales de Alicante y Sant Joan d'Alacant, profesionales sanitarios, al menos una persona vinculada a un cargo autonómico, las hijas del dirigente de una entidad nacional de asesores fiscales, otras personas vinculadas con el sector inmobiliario o con una floristería, entre otros.

El inicio de las indagaciones se produce como consecuencia del registro de hasta tres denuncias distintas relacionadas con los mismos hechos. La primera de ellas es la presentada por el grupo municipal del PSOE, este lunes, que se dirige contra los tres cargos o excargos públicos ya citados, contra el administrador único de Fraorgi (la sociedad gestora de la cooperativa que construyó las viviendas) y contra los miembros que formaban parte de la Junta de Gobierno tanto en 2022, cuando se aprobó la adjudicación de la subasta en favor de la cooperativa, como en febrero de 2025, cuando se aprobó una última modificación contractual respecto a ese acuerdo de adjudicación. En ella se apunta la existencia de indicios de cinco posibles delitos: prevaricación administrativa, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y conflicto de intereses, estafa, fraude a la Administración y fraude de ley con relevancia penal.

La segunda denuncia es la interpuesta este martes por la Conselleria de Vivienda en relación al comportamiento presuntamente irregular de uno de sus técnicos encargado de visar los contratos de compra de esas viviendas, después de constatar que validó que su propia esposa (también arquitecta municipal) cumplía las condiciones de renta para acceder a una VPP sin computar sus propios ingresos (los de él) como parte de la misma unida familiar. En este caso, el departamento autonómico trata de que se dilucide si dicho funcionario pudo incurrir en algún tipo de delito en relación a ese expediente concreto, sin menoscabo de que el proceso de revisión del resto de expedientes todavía en curso permita detectar nuevas anomalías. 

La tercera es la presentada por el equipo de gobierno de Alicante, del Partido Popular (PP), también este martes, con la intención de que se esclarezca la posible existencia de irregularidades relacionadas con el expediente de venta del solar o con la legitimidad de los adquirientes de las viviendas construidas: los socios inscritos en la cooperativa Residencial Les Naus que promovió su construcción. Además, esa denuncia se extendería a la posibilidad de que pudiese haberse intentado el alquiler o venta de esos pisos de forma fraudulenta con la intención de lograr un beneficio económico personal, según podría inferirse a partir de los anuncios publicados en distintos portales inmobiliarios.

Esa tercera denuncia no se dirige contra nadie en particular, ni tampoco apunta la posible concurrencia de ningún indicio delictivo en concreto. Simplemente se limita a señalar que las autoridades y funcionarios públicos "tienen la obligación de poner en conocimiento del Ministerio Fiscal o de la autoridad judicial cualquier hecho que pudiera revestir caracteres de ilícito penal". Así, es escrito añade que "sin señalar a priori responsables concretos ni efectuar una calificación jurídica concluyente de los acontecimientos", se estima procedente dar traslado de la información recabada para que el Ministerio Público pueda evaluar su relevancia.

En todo caso, eso sí, ese escrito de denuncia si apunta las dudas que se albergarían sobre, al menos, la existencia de un posible conflicto de interés respecto a cargos públicos o funcionarios que no hubiesen tenido huella en ningún acto administrativo concreto, tras poner de manifiesto que el arquitecto municipal que compró una de las viviendas sí intervino "de facto en la gestión del contrato" de venta de la parcela municipal de Playa de San Juan "al menos durante el año 2024, sin que conste que advirtiera ni se apartara pese a su interés personal en la promoción", concreta la denuncia.

Delitos contra la administración

A la vista de las tres denuncias, la Fiscalía ha acordado ya su acumulación con el propósito de analizar si de los hechos manifestados en ellas puede inferirse la comisión de algún tipo de delito contra la administración pública o, en su caso, de un posible delito de tráfico de influencias, prevaricación o negociaciones prohibidas a funcionarios, entre otros. Así, el escrutinio de esas denuncias ha quedado inicialmente a cargo de los fiscales adscritos a Anticorrupción, Pablo Romero y Francisco José Marco, que deberán desentrañar si existen indicios suficientes para promover la instrucción de diligencias de investigación y, a la postre, su transformación en una denuncia a interponer en los Juzgados de lo Penal.

A esas actuaciones se sumaría el posible avance de la cuarta denuncia relacionada con los mismos hechos presentada, en este caso, por la plataforma Sumar en la Comunitat Valenciana, que quedó registrada el pasado viernes ante la Fiscalía Anticorrupción en Madrid. Por el momento, no ha trascendido ninguna decisión al respecto. En todo caso, Sumar también ha dado traslado de los mismos hechos a la Agencia Valenciana Antifraude con el propósito de que también pueda abrirse una investigación sobre la venta del solar municipal y la compra de las viviendas. Se trata de un paso que también ha anunciado el PSOE, al margen de que ya se haya promovido dos solicitudes para que pueda constituirse una comisión de investigación en Les Corts, a iniciativa de los grupos parlamentarios de PSPV-PSOE y de Compromís, así como otra comisión de fiscalización municipal, a petición de los grupos políticos de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem en el Ayuntamiento de Alicante.