VEGA BAJA

El TSJ tumba la tasa de basuras del tripartito de Callosa de Segura tras un recurso del PP

El alto tribunal anula la ordenanza al considerar que no se justifica aplicar la misma cuota a todas las viviendas, sin atender a criterios de tamaño o número de residentes

  • Callosa de Segura.
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CALLOSA DE SEGURA. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha anulado la tasa de basuras aprobada por el gobierno local de Callosa de Segura, integrado por PSOE, IU y UCIN, tras estimar el recurso presentado por el Partido Popular contra la ordenanza municipal.

Según ha informado el PP en un comunicado, la sentencia considera que la tasa vulnera principios básicos de equidad y capacidad económica, al no justificar adecuadamente el cálculo aplicado ni establecer coeficientes diferenciadores entre viviendas, independientemente de su tamaño o del número de personas que las habitan.

El fallo judicial subraya que los informes técnicos municipales no explican los criterios utilizados para fijar la cuota, ni garantizan el principio europeo de “quien contamina paga”. Además, cuestiona que todas las viviendas y comercios estuvieran sujetos a la misma tasa sin atender a circunstancias reales de los contribuyentes.

Desde el PP recuerdan que el equipo de gobierno tuvo varias oportunidades para corregir la ordenanza, tras alegaciones vecinales, un recurso de reposición y un pleno extraordinario solicitado por los populares para iniciar una revisión de oficio.

El comunicado también critica la tramitación municipal de la tasa y señala que la alcaldesa, Amparo Serrano, recurrió al nombramiento de un tesorero accidental para firmar la memoria económica, pese a que el Ayuntamiento dispone de personal con mayor cualificación.

La portavoz popular, Inmaculada Cascales, ha asegurado que “el TSJ deja claro que el PP tenía razón y que la tasa de basura cobrada era ilegal”, y ha exigido al gobierno local que acate de inmediato la sentencia.

El PP advierte además de que la tasa prevista para 2026 podría ser “aún peor” si no se ajusta estrictamente al principio de proporcionalidad y reclama al consistorio que trabaje con urgencia en una nueva ordenanza “legal y justa”.

La sentencia concluye que el cálculo de la tasa es contrario a la legislación nacional y a la directiva europea de residuos, al no aportar una justificación válida para las cuotas aplicadas.  

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