ALICANTE (EFE/EP/AP). El conjunto de formaciones políticas del eje progresista aumentan la presión respecto a la polémica por la promoción de viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas sobre un solar del distrito de Playa de San Juan subastado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022, después de que trascendiese que la ya exconcejal de urbanismo, los hijos y un sobrino de la exdirectora general de Organización Interna y dos arquitectos municipales resultasen beneficiarios compradores de viviendas de esa promoción como socios de la cooperativa que las impulsó: Residencial Les Naus.

En esta línea, al margen del conjunto de iniciativas ya anunciadas por PSOE, Sumar y Compromís,  la propia coalición valencianista ha insistido este martes (en la línea de las manifestaciones formuladas el lunes tras alertar de la comercialización de las viviendas de la promoción a través de distintos portales inmobiliarios), en que el alcalde, Luis Barcala, debe enviar a la Policía Local para que gire inspección a las viviendas de dicho residencial con el fin de determinar "si allí está viviendo la gente que ha sido adjudicataria" de los pisos como socios cooperativistas, o si están siendo alquilados o incluso vendidos a terceros, lo que supondría incurrir en fraude. En una comparecencia pública ofrecida este martes, el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, ha exigido al alcalde a que "mande hoy mismo a la policía local o en su defecto a la Nacional" ante la constatación de que numerosos de esos domicilios "de lujo", según ha dicho, son ofertadas en alquiler en portales especializados "por 1.000, 1.200 ó 1.300 euros al mes".

"¿Esto lo sabe el alcalde y por qué no ejecuta una investigación piso a piso?", ha señalado, para volver a instar al equipo de gobierno a pedir a Aguas de Alicante que verifique "si están siendo ocupadas como vivienda habitual o está vacías" a partir de los datos sobre el consumo de agua. Para Mas, "hay que llamar a las cosas por su nombre y esto es una trama criminal en la que el alcalde tendrá que dar explicaciones", para lo cual los grupos de la izquierda han exigido un pleno extraordinario sobre el asunto para que Barcala "dé la cara". Una sesión de carácter extraordinaria que ya ha quedado convocada para este jueves, a las 17:00 horas.

Acompañado por la portavoz adjunta en Les Corts Valencianes, Aitana Mas, la portavoz de Vivienda en la cámara, María José Calabuig, y el portavoz en la Diputación, Ximo Perles, Mas ha asegurado que el alcalde de Alicante "no está haciendo absolutamente nada porque obviamente es el presunto cabecilla de esta trama criminal organizada" ya sea de manera directa o indirecta. Además, ha criticado que él situara en la lista electoral del PP a Rocío Gómez, que ha dimitido y ha renunciado a su acta de concejal como consecuencia de la polémica, con la intención de no perjudicar el avance del expediente de indagación interna anunciado por el alcalde, según las explicaciones facilitadas en el momento del registro de su renuncia. 

"Barcala tiene que dar muchas explicaciones", ha insistido Mas, como por ejemplo "dónde están los 6,6 millones de euros" ingresados por la enajenación del suelo de la promoción de las viviendas públicas de la Playa de San Juan, que deberían destinarse a vivienda social en el término municipal. "¿Qué esconde el alcalde?", se ha preguntado el concejal de Compromís antes de indicar que el alcalde ha contado "con la colaboración directa y estrecha con el señor (Carlos) Mazón, que por cierto bajó los baremos y flexibilizó al máximo para que esta panda de vividores se adjudicarán en estas viviendas de protección pública, no sabemos si en A o en B", ha argumentado.

Al margen de las peticiones de Mas, la comparecencia de los representantes de Compromís ha propiciado la presentación de los detalles de la proposición no de ley, de tramitación especial de urgencia, registrada por la coalición valencianista este lunes (como había informado este diario) para promover una comisión de investigación sobre la adjudicación de la promoción de vivienda protegida de la cooperativa residencial Les Naus de Alicante, así como el resto de este tipo adjudicadas en la legislatura, y que se publiquen los criterios, baremos, puntuaciones, listas de espera, informes de verificación y mecanismos de control, así como el retorno social real del suelo público, tras la polémica suscitada en torno a este caso.

En esa iniciativa, la coalición pide también modificar la normativa actual en materia de vivienda de protección pública de manera que se garantice el acceso "preferente" de las ventas bajas; las mismas condiciones de acceso a viviendas protegidas de promoción pública y privada; la calificación permanente y su desmercantilización; la adecuación de los precios al poder adquisitivo de la ciudadanía o impulsar un "cambio profundo" del modelo que promueve el Plan VIVE, dotando a las políticas públicas de vivienda de una financiación adecuada de manera que la construcción de pisos en suelo público --tanto de la Generalitat Valenciana o municipal-- tenga como prioridad la ampliación efectiva del parque público.

En la proposición también se exige al PP que asuma "todas las responsabilidades políticas derivadas de este escándalo", incluyendo "explicaciones públiques completas y medidas para ningún cargo o entorno público vuelva a beneficiarse directa o indirectamente, de políticas destinadas a la ciudadanía con necesidad residencial".

En este sentido, la portavoz adjunta de Compromís en Les Corts, Aitana Mas, ha denunciado que lo sucedido en Les Naus es "una práctica habitual del PP: abrirle la puerta a la empresa privada para que expolie los recursos públicos contra aquellas personas que, de verdad, necesitan VPO", en lo que ha denominado "una perversión de un sistema que se creó para personas que realmente necesitan una vivienda". A su juicio, el Partido Popular "sigue utilizando las instituciones para hacer chanchullos" y considera que, en este caso, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, es "títere de una trama supuestamente corrupta en cuanto a la adjudicación de estas viviendas y que además no solo el Ayuntamiento está implicado, sino también la Generalitat Valenciana".

"Nosotros evidentemente vamos a pedir responsabilidades pero lo que está claro es que falta también una política de transparencia y de lucha contra la corrupción en este sistema. No puede ser que la gente no llegue a final de mes, que no pueda pagar el alquiler y que no pueda dar de comer a sus hijos con dignidad y que mientras tanto los gobernantes del Partido Popular estén haciendo chanchullos para poder darle a los amigos y a las amigas de turno una vivienda en una urbanización de lujo cerca de la playa para que estas personas puedan vivir especulando además" con ella, ha reprochado.

Denuncia de Sumar

Por su parte, la plataforma Sumar en la Comunitat Valenciana ha informado también este martes del registro de una denuncia ante la Agencia Antifraude en relación con los mismos hechos con el fin de que se inicie una investigación que contribuya a desentrañar las posibles anomalías registradas. Se trata de la segunda iniciativa desplegada por Sumar, después de que, este viernes, ya registrase una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en Madrid. "Hemos presentado denuncia formal ante la Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, por posibles irregularidades en la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en el municipio de Alicante", apuntan portavoces de la plataforma, en sintonía con el paso también anunciado por el PSPV-PSOE el pasado viernes.

"La denuncia, firmada por Xavier López y Carmen Padilla, co-coordinadores de Moviment Sumar PV, se basa en informaciones publicadas por diversos medios y pone el foco en la adjudicación de VPP a cargos políticos, personal funcionario municipal y familiares directos de altos cargos, así como en la existencia de posibles conflictos de intereses, deficiencias en los controles administrativos y nuevas irregularidades detectadas con posterioridad", explican las mismas fuentes. "El escrito solicita la actuación de Antifrau para el esclarecimiento de los hechos y la depuración de posibles responsabilidades, en defensa de los principios de igualdad, objetividad, transparencia e imparcialidad en el uso de recursos públicos", explican las mismas fuentes.

En suma, la denuncia presentada ante Antifrau reproduce los mismos argumentos que la registrada en Fiscalía con el añadido de la posibilidad de que se estén llevando a cabo intentos de revender pisos de esa promoción de VPP de manera fraudulenta. "Tras la publicación inicial de los hechos, se han conocido nuevas informaciones que apuntan a posibles irregularidades adicionales en relación con la promoción de viviendas de protección pública objeto de la denuncia, entre otras, la eventual comercialización, cesión o publicidad de elementos vinculados a las viviendas protegidas (como plazas de garaje u otros anejos) en condiciones aparentemente incompatibles con el régimen legal de las VPP", señala el escrito de Sumar.

EU Podem ve "estrategia política"

De igual modo, el grupo municipal de Esquerra Unida Podem ha considerado que "lo que está ocurriendo con las viviendas de protección pública en Alicante, con adjudicaciones a cargos del Partido Popular tras elevarse el límite de renta hasta los 66.000 euros, no es fruto de la casualidad ni de errores puntuales de gestión. Es la consecuencia directa de una estrategia política perfectamente reconocible impulsada por el PP al frente del Consell, con Carlos Mazón como president, con la connivencia y el respaldo de Vox, que ha avalado y facilitado este giro en las políticas de vivienda y territorio". Fuentes de la confluencia han señalado que "desde su llegada al gobierno, el Consell ha ido desmontando, una a una, las principales herramientas públicas destinadas a garantizar el derecho a la vivienda y a frenar la especulación. Se ha suprimido la tramitación de la ley contra el acoso inmobiliario, de la ley de vivienda en cesión de uso y del decreto de vivienda asequible incentivada. Se ha derogado el decreto-ley de medidas extraordinarias para la ampliación del parque público mediante tanteo y retracto y se ha vaciado de contenido la parte sustantiva del reglamento de vivienda de protección pública y del patrimonio público de vivienda y suelo".

"A este desmantelamiento se suma ahora, en plena exposición pública, la derogación completa de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje para sustituirla por una nueva ley del suelo que supone un retroceso histórico. Un texto que permite que los proyectos puedan localizarse en cualquier clase de suelo y que, incluso cuando afectan a suelo no urbanizable protegido o a la infraestructura verde, queden sometidos únicamente a una valoración discrecional de 'compatibilidad' por parte del Consell. El anteproyecto culmina este giro eliminando además la reserva obligatoria de porcentaje de suelo destinado a vivienda protegida", añaden las mismas fuentes.

"Las consecuencias de este modelo ya están a la vista en Alicante. El propio Consell de Mazón elevó el límite de renta para acceder a viviendas de protección pública hasta los 66.000 euros anuales, permitiendo que cargos del Partido Popular accedieran a VPO mientras miles de familias trabajadoras, jóvenes y personas con dificultades reales de acceso a la vivienda quedan fuera del sistema. No es una anécdota ni un fallo puntual: es la demostración práctica de para quién se gobierna cuando se cambian las reglas del juego. Barcala puede hacerse el indignado con el Consell, pero no cuela", abundan. "Después de haber desmantelado las políticas públicas de vivienda y haber modificado los criterios para beneficiar a los de siempre, no pueden ahora rasgarse las vestiduras ni fingir sorpresa”, ha señalado el portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé. "Cuando se elimina la planificación, se renuncia a la reserva de suelo para vivienda protegida y se amplían los límites de renta para que entren quienes no lo necesitan, lo que ocurre no es una anomalía: es el resultado buscado", ha considerado.

"Desde Esquerra Unida Podem advertimos de que este rumbo político, sostenido por el PP con la connivencia de Vox, tiene consecuencias muy claras: menos vivienda pública para quien la necesita, más especulación, más expulsión de la gente trabajadora de sus barrios y más privilegios para quienes están cerca del poder. La vivienda deja de ser un derecho y pasa a ser un negocio. Y de eso, hay responsables políticos claros. Hoy hemos solicitado, junto al resto de partidos de la oposición progresista, un pleno extraordinario para que compareza el alcalde y se cree una comisión que esclareza lo que ha sucedido", han concluido las mismas fuentes.