ALICANTE (EFE/AP). El conjunto de formaciones del eje progresista aumentan la presión respecto a la polémica por la promoción de viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas sobre un solar del distrito de Playa de San Juan subastado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022, después de que trascendiese que la ya exconcejal de urbanismo, los hijos y un sobrino de la exdirectora general de Organización Interna y dos arquitectos municipales resultasen beneficiarios compradores de viviendas de esa promoción como socios de la cooperativa que las impulsó: Residencial Les Naus.
En esta línea, al margen del conjunto de baterías ya anunciadas, Compromís ha insistido este martes en que el alcalde, Luis Barcala, debe enviar a la Policía Local para que gire inspección a las viviendas para aclarar "si allí está viviendo la gente que ha sido adjudicataria" o si están siendo alquiladas o vendidas. En declaraciones a los periodistas, el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, ha exigido al alcalde a que "mande hoy mismo a la policía local o en su defecto a la Nacional" ante la constatación de que numerosos de esos domicilios "de lujo" son ofertadas en alquiler en portales especializados "por 1.000, 1.200 ó 1.300 euros al mes".
"¿Esto lo sabe el alcalde y por qué no ejecuta una investigación piso a piso?" instando, ha proseguido el concejal de Compromís, a pedir a Aguas de Alicante "a verificar si están siendo ocupadas como vivienda habitual o está vacías". Para Mas, "hay que llamar a las cosas por su nombre y esto es una trama criminal en la que el alcalde tendrá que dar explicaciones", para lo cual los grupos de la izquierda han exigido un pleno extraordinario sobre el asunto para que Barcala "dé la cara".
Acompañado por la portavoz adjunta en Les Corts Valencianes, Aitana Mas, la portavoz de Vivienda en la cámara, María José Calabuig, y el portavoz en la Diputación, Ximo Perles, Mas ha asegurado que el alcalde de Alicante "no está haciendo absolutamente nada porque obviamente es el presunto cabecilla de esta trama criminal organizada" ya sea de manera directa o indirecta. Además, ha criticado que él situara en la lista electoral a Rocío Gómez, que ha dimitido y ha renunciado a su acta de concejal. "Barcala tiene que dar muchas explicaciones" como por ejemplo "dónde están los 6,6 millones de euros" ingresados por la enajenación del suelo de la promoción de las viviendas públicas de la Playa de San Juan, que deberían destinarse a vivienda social en el término municipal.
"¿Qué esconde el alcalde?", se ha preguntado el concejal de Compromís antes de indicar que el alcalde ha contado "con la colaboración directa y estrecha con el señor (Carlos) Mazón, que por cierto bajo los baremos y flexibilizó al máximo para que esta panda de vividores se adjudicarán en estas viviendas de protección pública, no sabemos si en A o en B.
Por su parte, la plataforma Sumar en la Comunitat Valenciana ha informado también este martes del registro de una denuncia ante la Agencia Antifraude en relación con los mismos hechos con el fin de que se inicie una investigación que contribuya a desentrañar las posibles anomalías registradas. Se trata de la segunda iniciativa despelgada por Sumar, después de que, este viernes, ya registrase una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. "Hemos presentado denuncia formal ante la Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, por posibles irregularidades en la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en el municipio de Alicante", apuntan portavoces de la plataforma.
"La denuncia, firmada por Xavier López y Carmen Padilla, co-coordinadores de Moviment Sumar PV, se basa en informaciones publicadas por diversos medios y pone el foco en la adjudicación de VPP a cargos políticos, personal funcionario municipal y familiares directos de altos cargos, así como en la existencia de posibles conflictos de intereses, deficiencias en los controles administrativos y nuevas irregularidades detectadas con posterioridad", explican las mismas fuentes. "El escrito solicita la actuación de Antifrau para el esclarecimiento de los hechos y la depuración de posibles responsabilidades, en defensa de los principios de igualdad, objetividad, transparencia e imparcialidad en el uso de recursos públicos", concluyen.
De igual modo, el grupo municipal de Esquerra Unida Podem ha considerado que "lo que está ocurriendo con las viviendas de protección pública en Alicante, con adjudicaciones a cargos del Partido Popular tras elevarse el límite de renta hasta los 66.000 euros, no es fruto de la casualidad ni de errores puntuales de gestión. Es la consecuencia directa de una estrategia política perfectamente reconocible impulsada por el PP al frente del Consell, con Carlos Mazón como president, con la connivencia y el respaldo de Vox, que ha avalado y facilitado este giro en las políticas de vivienda y territorio". Fuentes de la confluencia han señalado que "desde su llegada al gobierno, el Consell ha ido desmontando, una a una, las principales herramientas públicas destinadas a garantizar el derecho a la vivienda y a frenar la especulación. Se ha suprimido la tramitación de la ley contra el acoso inmobiliario, de la ley de vivienda en cesión de uso y del decreto de vivienda asequible incentivada. Se ha derogado el decreto-ley de medidas extraordinarias para la ampliación del parque público mediante tanteo y retracto y se ha vaciado de contenido la parte sustantiva del reglamento de vivienda de protección pública y del patrimonio público de vivienda y suelo".
"A este desmantelamiento se suma ahora, en plena exposición pública, la derogación completa de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje para sustituirla por una nueva ley del suelo que supone un retroceso histórico. Un texto que permite que los proyectos puedan localizarse en cualquier clase de suelo y que, incluso cuando afectan a suelo no urbanizable protegido o a la infraestructura verde, queden sometidos únicamente a una valoración discrecional de 'compatibilidad' por parte del Consell. El anteproyecto culmina este giro eliminando además la reserva obligatoria de porcentaje de suelo destinado a vivienda protegida", añaden las mismas fuentes.
"Las consecuencias de este modelo ya están a la vista en Alicante. El propio Consell de Mazón elevó el límite de renta para acceder a viviendas de protección pública hasta los 66.000 euros anuales, permitiendo que cargos del Partido Popular accedieran a VPO mientras miles de familias trabajadoras, jóvenes y personas con dificultades reales de acceso a la vivienda quedan fuera del sistema. No es una anécdota ni un fallo puntual: es la demostración práctica de para quién se gobierna cuando se cambian las reglas del juego. Barcala puede hacerse el indignado con el Consell, pero no cuela", abundan. "Después de haber desmantelado las políticas públicas de vivienda y haber modificado los criterios para beneficiar a los de siempre, no pueden ahora rasgarse las vestiduras ni fingir sorpresa”, ha señalado el portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé. "Cuando se elimina la planificación, se renuncia a la reserva de suelo para vivienda protegida y se amplían los límites de renta para que entren quienes no lo necesitan, lo que ocurre no es una anomalía: es el resultado buscado", ha considerado.
"Desde Esquerra Unida Podem advertimos de que este rumbo político, sostenido por el PP con la connivencia de Vox, tiene consecuencias muy claras: menos vivienda pública para quien la necesita, más especulación, más expulsión de la gente trabajadora de sus barrios y más privilegios para quienes están cerca del poder. La vivienda deja de ser un derecho y pasa a ser un negocio. Y de eso, hay responsables políticos claros. Hoy hemos solicitado, junto al resto de partidos de la oposición progresista, un pleno extraordinario para que compareza el alcalde y se cree una comisión que esclareza lo que ha sucedido", han concluido las mismas fuentes.
