El Rico Pérez está un poco más cerca de volver a ser de titularidad pública

ALICANTE. El plazo de diez días hábiles para que Aligestión Integral encontrase un comprador dispuesto a mejorar la oferta del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) por sus bienes y derechos toca a su fin sin que aparezca ese nuevo inversor.

Lo anterior no implica que el cambio de titularidad del estadio Rico Perez sea inmediato. La ley contempla la posibilidad de que el Juez todavía abra un plazo adicional de cinco días para ver si hay un nuevo interesado toda vez que la mejor oferta presentada hasta la fecha, la del IVF asciende a 3.750.000 euros, una suma que representa solo el 25,5% del valor de 14.748.871,36 euros asignado al lote subastado que además de la instalación deportiva integraban el 15,07% de los títulos del Hércules y varios derechos de crédito y un préstamo participativo que tiene al club como deudor.

Si no hay finalmente un nuevo inversor que supere la oferta del banco del Consell, entonces el magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Alicante deberá tomar esta en consideración, incidiendo en cuestiones como que la suma de 3.750.000 euros permite satisfacer los créditos contra la masa vigentes y las costas del procedimiento o que el IVF es titular del 85% de la deuda de la Aligestión.

Ahora bien, habrá todavía un obstáculo más que salvar para la adjudicación judicial al brazo económico del Consell del estadio: la condición resolutoria que grava la titularidad del Rico Pérez. El Ayuntamiento de Alicante ha de llevar a término un acuerdo de su junta de gobierno adoptado en noviembre de 2012 por el que, además de ordenar la devolución de la fianza de 4,2 millones depositada por Aligestión en la tesorería municipal al entender el gobierno del PP que la mercantil sí había cumplido con la obligación de realizar trabajos de reforma por el mínimo de importe, se acordaba cancelar dicha condición resolutoria. El dinero se le reintegró a Aligestión pero no se cumplió en lo relativo a lo segundo. 

El actual equipo de gobierno, integrado por PSOE, Guanyar y Compromís mantiene una opinión muy distinta a sus antecesores sobre los trabajos de reforma exigidos pero los técnicos municipales no han podido hasta la fecha constatar que Aligestión no cumplió con su obligación, entre otras razones por la ausencia de documentación y la falta de colaboración de la mercantil y el Hércules. En el seno del Tripartito hay un debate abierto sobre cómo proceder para evitar que el interés público se vea lesionado: el último movimiento al respecto lo ha dado Alcaldía, al solicitar al área de Urbanismo que remita a la de Patrimonio un informe concluyente sobre los trabajos, pero es que desde la concejalía que dirige Miguel Ángel Pavón ya se plasmó en un primer informe las serias dudas que existen sobre que la reforma se hubiese llevado a cabo en los términos exigidos y dado que la situación no ha cambiado, el sentido del nuevo informe parece claro.