ALICANTE. La polémica en torno a la promoción de vivienda de protección pública (VPP) de iniciativa privada construida sobre un solar municipal del distrito de Playa de San Juan subastado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022 ha propiciado la unión del conjunto de grupos políticos representados en el Ayuntamiento de Alicante para aprobar la constitución de una comisión de fiscalización sobre el conjunto del expediente de venta de ese solar, y sobre los trámites sucesivos de concesión de licencia y de control de las condiciones incluidas en el contrato. 

De este modo, el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), ha apoyado la propuesta que habían registrado PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem de forma conjunta, con el fin de que se acordase la creación de esa comisión que, además, también ha contado con el respaldo de Vox: el grupo político que ha venido ejerciendo como una suerte de aliado externo al PP para secundar algunas de las votaciones más complejas de los últimos dos mandatos, como la aprobación de los presupuestos.

De este modo, la comisión ha quedado aprobada con la suma de 28 votos: todos los concejales actuales, tras el registro de la dimisión de la exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez, el pasado viernes, después de que trascendiese que es una de las compradoras de uno de los pisos de esa promoción, tras registrarse como socia de la cooperativa que construyó sus 140 inmuebles, cinco años antes de convertirse en concejal. 

En todo caso, el acuerdo no ha estado exento de crítica política por parte de los representantes de los cuatro grupos políticos opositores, que han reclamado la dimisión del alcalde, Luis Barcala, después de que este ofreciese una comparecencia para dar explicaciones sobre el conjunto de la tramitación del expediente de venta del solar municipal y de la concesión de licencia de obra para la construcción del residencial, en respuesta a la solicitud presentada, igualmente, por los tres grupos políticos del eje progresista.

Una comparecencia en la que el primer edil ha asegurado que ese proceso de venta arrancó durante la etapa de gobierno del extinto tripartito de izquierdas (PSOE, Guanyar y Compromís) en 2016; que él no fue conocedor de las posibles irregularidades o indicios delictivos que pueden haberse conocido hasta el momento hasta enero de este año; y que ha comprometido su intención de "llegar hasta el final" para propiciar que se depuren las posibles irregularidades que se hayan podido producir, hasta el punto de anunciar que el Ayuntamiento se personaría como acusación particular en el caso de que las denuncias presentadas en Fiscalía concluyesen en la apertura de diligencias en los juzgados. Incluso ha asegurado que el Ayuntamiento ejecutará las acciones que estén a su alcance -como el derecho de tanteo y retracto- para tratar de recuperar las viviendas que puedan haber quedado en manos de compradores que no reuniesen las condiciones debidas de límite de renta o que dispusiesen de otro piso en propiedad. 

Lo cierto es que sus explicaciones no han hecho más que ampliar las dudas del conjunto de grupos políticos opositores, según han expresado sus portavoces en sus respectivas intervenciones posteriores a la comparecencia de Barcala. 

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