ALICANTE. La polémica en torno a la promoción de vivienda de protección pública (VPP) de iniciativa privada construida sobre un solar municipal del distrito de Playa de San Juan subastado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022 ha propiciado la unión del conjunto de grupos políticos representados en el Ayuntamiento de Alicante para aprobar la constitución de una comisión de fiscalización sobre el conjunto del expediente de venta de ese solar, y sobre los trámites sucesivos de concesión de licencia y de control de las condiciones incluidas en el contrato. 

De este modo, el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), ha apoyado la propuesta que habían registrado PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem de forma conjunta, con el fin de que se acordase la creación de esa comisión que, además, también ha contado con el respaldo de Vox: el grupo político que ha venido ejerciendo como una suerte de aliado externo al PP para secundar algunas de las votaciones más complejas de los últimos dos mandatos, como la aprobación de los presupuestos.

De este modo, la comisión ha quedado aprobada con la suma de 28 votos: todos los concejales actuales, tras el registro de la dimisión de la exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez, el pasado viernes, después de que trascendiese que es una de las compradoras de uno de los pisos de esa promoción, tras registrarse como socia de la cooperativa que construyó sus 140 inmuebles, cinco años antes de convertirse en concejal. 

En todo caso, el acuerdo no ha estado exento de crítica política por parte de los representantes de los cuatro grupos políticos opositores, que han reclamado la dimisión del alcalde, Luis Barcala, después de que este ofreciese una comparecencia para dar explicaciones sobre el conjunto de la tramitación del expediente de venta del solar municipal y de la concesión de licencia de obra para la construcción del residencial, en respuesta a la solicitud presentada, igualmente, por los tres grupos políticos del eje progresista.

Una comparecencia en la que el primer edil ha asegurado que ese proceso de venta arrancó durante la etapa de gobierno del extinto tripartito de izquierdas (PSOE, Guanyar y Compromís) en 2016; que él no fue conocedor de las posibles irregularidades o indicios delictivos que pueden haberse conocido hasta el momento hasta enero de este año; y que ha comprometido su intención de "llegar hasta el final" para propiciar que se depuren las posibles irregularidades que se hayan podido producir, hasta el punto de anunciar que el Ayuntamiento se personaría como acusación particular en el caso de que las denuncias presentadas en Fiscalía concluyesen en la apertura de diligencias en los juzgados. Incluso ha asegurado que el Ayuntamiento ejecutará las acciones que estén a su alcance -como el derecho de tanteo y retracto- para tratar de recuperar las viviendas que puedan haber quedado en manos de compradores que no reuniesen las condiciones debidas de límite de renta o que dispusiesen de otro piso en propiedad. 

Lo cierto es que sus explicaciones no han hecho más que ampliar las dudas del conjunto de grupos políticos opositores, según han expresado sus portavoces en sus respectivas intervenciones posteriores a la comparecencia de Barcala. En este sentido, la portavoz del PSOE, Ana Barceló, ha asegurado que el discurso del primer edil hacía más necesaria la comisión de investigación porque, a su juicio, no había aclarado nada. "Parece que usted no pinta nada, porque dice que no sabe nada", ha insistido, de forma que ha vuelto a instarle a presentar su dimisión. De igual modo, ha persistido en uno de los mensajes centrales que el PSOE viene defendiendo hasta ahora en relación a la polémica: que no se aplicaron los controles necesarios para garantizar que el solar municipal subastado tuviese el destino pretendido. "Ahora se recurre a la Fiscalía como escudo, cuando debía haber velado por el buen uso de la parcela subastada que debía destinarse a personas con dificultades de acceso a la vivienda en una ciudad en la que se encuentran algunos de los barrios más pobres de España", ha apuntado.

En segundo término, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, también ha reprochado a Barcala que no ejerza sus competencias y que no haya actuado contra los altos cargos o funcionarios implicados en la polémica. "Usted viene aquí a decirnos que no sabía nada cuando en agosto ya se había registrado documentación en la que aparecía la señora Gómez como socia de la cooperativa", ha apuntado. Así, ha vuelto a insistir en que Barcala debía acudir a declarar en los juzgados de forma voluntaria.

En tercer lugar, el portavoz de EU Podem, Manolo Copé, se ha cuestionado irónicamente si existía algún representante de la izquierda entre los beneficiarios de la viviendas, después de las manifestaciones formuladas por el primer edil respecto a que el expediente de enajenación de la parcela se había iniciado bajo el mandato del tripartito. Además, ha considerado que, pese a que el expediente pueda haber sido legal, no es decente. Así, ha recalcado que Barcala debe presentar su dimisión, al margen de que se constituya la comisión de investigación para seguir planteando cuestiones y poder averiguar la verdad. Además, ha insistido en que este episodio debe servir también para confrontar dos modelos de gestión de la vivienda, el que plantea la derecha y el que plantean las formaciones de izquierda.

"Ilegalidades flagrantes"

Como aclaración a las palabras de Copé, Barcala ha intervenido para sostener que, en realidad, él no había dicho que el proceso era legal, sino que veía "ilegalidades flagrantes" por lo que ha justificado su decisión de acudir a Fiscalía, que, como ya ha informado este diario, ha abierto diligencias preliminares de investigación tras acumular las tres denuncias registradas en Alicante por parte de PSOE, de la Conselleria de Vivienda y del propio equipo de gobierno. Se trata de unas indagaciones iniciales que han quedado a cargo provisionalmente de los dos fiscales adscritos a Anticorrupción, Pablo Romero y Francisco José Marco. 

En todo caso, también ha sido contundente la posición de Vox. Su portavoz, Carmen Robledillo, ha señalado que su partido apoyaría la constitución de la comisión, aunque ha apuntado que "no servirá de mucho puesto que el asunto ya está judicializado y, además, no podrá funcionar como una comisión de investigación como tal". Así, ha señalado que el grupo parlamentario de Vox había registrado una propuesta en les Corts para que sí se constituya una comisión de investigación que permita esclarecer el fondo del asunto.  

Por último, por el PP, su portavoz municipal, Mari Carmen de España, ha tirado de crítica al Gobierno central para reprochar que los representantes del eje progresista están sustentando su gestión en casos como el accidente ferroviario de Adamuz, por ejemplo. Además, ha considerado que el objetivo con el que se había promovido la constitución de la comisión sobre las viviendas de VPP no era velar por los intereses de los ciudadanos, sino que constituía "un intento a la desesperada para que quienes no habían construido ni una sola vivienda pública puedan paralizar a los que sí lo están haciendo", en alusión a su propio partido y al desarrollo del Plan Vive. "A ustedes las viviendas les importa entre cero y la nada; solo les interesa sacar rédito político y retorcer", ha señalado, para insistir en que no se había construido ni una vivienda protegida en ocho años de mandato del Consell del Botànic, "como tampoco las ha construido el Gobierno de Pedro Sánchez". "Su objetivo es evidente, intentan vincular al PP con un asunto que está en Fiscalía y en el que se están revisando todas las posibles irregularidades", ha incidido. Por ello, ha insistido en que la izquierda solo trata de "sembrar sospechas". En todo caso, ha apuntado que el PP también manifestaría su apoyo a la comisión. 

Ya en el turno de réplica, Copé ha apuntado que prefería "cero viviendas decentes a 136 indecentes". Después, ha insistido en que la comisión resulta imprescindible para esclarecer las dudas pendientes e investigar lo que ha sucedido. "Esto es un escándalo democrático y tenemos una herramienta para poder solucionarlo", ha señalado. Después, ha cargado contra Vox para sostener que "ustedes han apoyado las iniciativas desarrolladas por el Consell del PP", en alusión al Plan Vive. "No vamos a permitir que la vivienda pública sea el botín de los amigos del poder", ha concluido.

Mas también ha cargado contra Vox por respaldar al gobierno del PP para sostener que la "corruptela en Urbanismo venía de atrás" en alusión a la tramitación del hospital de Vistahermosa "que ustedes no han querido investigar". De igual modo, ha sostenido que el desarrollo del Plan Vive "se frenará en los municipios" tras asegurar que se trata del mismo sistema "que hemos visto en este caso", por el que se ceden solares a la iniciativa privada para que construyan viviendas y "las repartan entre ustedes", en alusión al PP.

Robledillo ha respondido a las críticas de la izquierda para insistir en que Vox había pedido la dimisión del alcalde al coincidir en los errores en su gestión. Y Barceló ha negado que el objetivo de la comisión sea extraer rédito político para apuntar que "quien dice eso, lo dice porque no tiene ni idea de lo que es defender el interés público". Además, ha vuelto a incidir en que no se han ejercido los controles necesarios respecto a las viviendas construidas en suelo municipal y se ha referido a los intentos de reventa con dinero negro de los pisos de VPP. "Son viviendas que no las quieren para vivir, sino para revender y sacar su parte del pastel; esto es lo que ha hecho usted, propiciarlo", le ha espetado a Barcala. Así, ha asegurado que la comisión "hará su trabajo y depurará su responsabilidad en este pelotazo".

Por último, la portavoz del PP, De España, ha insistido en que el objetivo es llegar hasta el final "caiga quien caiga" y ha insistido en que el objetivo de la izquierda con la constitución de la comisión era sacar rédito político, tras asegurar que el PSOE ya actuó con esa intención en los casos de la plaza Séneca o en el del hospital de Vistahermosa, "ya archivados", ha dicho. En esta línea, ha reiterado que el asunto ya está en Fiscalía y ha vuelto a defender la honorabilidad del alcalde que, según ha recalcado, no está en entredicho. "Este equipo de gobierno actuará con contundencia", ha concluido. 

Así, en el momento de la votación, la propuesta ha quedado aprobada por unanimidad de los 28 concejales de la corporación. Finalmente, el alcalde ha vuelto a tomar la palabra para agradecer el tono de las intervenciones e insistir en su indignación respecto a los hechos conocidos. "Tenemos la oportunidad de dar respuesta a un problema a un escándalo que no puede quedar sin respuesta", ha señalado. En este sentido, ha instado al conjunto de partidos a contribuir para que se haga justicia. Entre tanto, en la Plaza del Ayuntamiento se había producido una concentración de cerca de un centenar de personas en señal de protesta por la polémica en la que se ha visto envuelta la promoción de VPP de Playa de San Juan: que pasa por ser una de las únicas que se ha ejecutado en la ciudad en los últimos 10 años, según los informes encargados con motivo de la redacción del Plan General Estructural (PGE) de la ciudad.