ALICANTE. La comparecencia ofrecida por el alcalde, Luis Barcala, este jueves para dar explicaciones sobre la polémica suscitada en torno a la promoción de viviendas de protección pública (VPP) construida en un solar municipal situado en el distrito de Playa de San Juan subastada por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022, ha propiciado que el primer edil defendiese su gestión al frente de la corporación municipal y para comprometer su empeño en perseguir cualquier ilegalidad o presunto fraude que pueda haberse cometido. "No voy a parar", ha enfatizado, para insistir en que se actuará "con contundencia, caiga quien caiga". Ese, según ha dicho, será su objetivo a partir de ahora, hasta el punto de anticipar que el Ayuntamiento se personaría como acusación particular en el supuesto de que se acaben abriendo diligencias judiciales a partir de las denuncias ya presentadas en Fiscalía: las promovidas por el PSOE, por la Conselleria de Vivienda y por el propio equipo de gobierno. Una decisión -la de acudir a Fiscalía- que ha justificado al sostener que el Ayuntamiento había llegado hasta donde podía llegar para tratar de esclarecer los hechos, sin tener competencias para investigar cuestiones como el patrimonio de las personas que han comprado esas 140 viviendas, entre otros puntos.

En todo caso, ha sostenido que, según las conclusiones del informe de averiguación de hechos elaborado por el vicesecretario general por encargo de él mismo, ninguno de los cargos públicos o funcionarios que habrían tenido acceso directamente o a través de familiares a esos pisos no habían tenido intervención directa en ninguno de los dos expedientes que dependían del Ayuntamiento: el de la subasta del solar y el de la concesión de licencia.

Al margen de ello, también ha sostenido que él no había tenido conocimiento de las supuestas irregularidades detectadas, ni del hecho de que la ya exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez, fuese compradora de uno de los pisos de la promoción de la controversia, hasta este mes de enero, cuando un informe elaborado por la jefa del área de Patrimonio alertó de la existencia de un posible conflicto de interés o de incompatibilidades en cargos o funcionarios públicos. Pero no solo eso. También ha tirado de historial para asegurar que el inicio del expediente sobre la subasta de la parcela municipal en la que se levantó la promoción se produjo durante la etapa de gobierno del extinto tripartito, compuesto por PSOE, Guanyar y Compromís, en el año 2016.

Por partes. En primer término, el primer edil ha mostrado su indignación y su repugnancia respecto a los hechos conocidos a través de los medios de comunicación a partir de la semana pasada. Ha llegado a reconocer que se trataba de un "escándalo" relacionado con suelo municipal por lo que ha insistido en que se debe perseguir a quien haya podido dar un destino distinto al previsto a ese suelo, que sería el de facilitar el acceso a la vivienda. "Estoy representando a todos los alicantinos y pido disculpas a los que se sientan preocupados, inquietos y quieran respuestas", ha dicho, aunque ha apuntado que posiblemente no podría dar respuesta a todas. De ahí que haya defendido la decisión de trasladar el asunto a la Fiscalía para que se dilucide todo aquello que escapa de las competencias municipales. En todo caso, se ha comprometido a ir dando respuesta "a todas las preguntas que se han planteado" en cuanto se conozca la contestación.

Acto seguido, ha insistido en explicar cuál había sido el papel del Ayuntamiento en la promoción de la controversia. "Estamos hablando de una promoción de 140 viviendas de protección pública de iniciativa privada por el que la contratación de las obras y la adjudicación de las viviendas es responsabilidad de la cooperativa" que impulsó la promoción, ha explicado. Así, ha insistido en subrayar que el Ayuntamiento solo había sido responsable de la enajenación del suelo y de conceder la licencia de obra. A partir de ahí, solo le competía recabar información de los compradores para certificar que las viviendas se habían entregado, mientras que la Conselleria de Vivienda es quien debía comprobar que cumplen las condiciones requeridas para poder acceder a ellas.

Después, se ha referido a los inicios del expediente para apuntar que, en realidad, el plan para promover vivienda protegida en esa parcela en cuestión, situada entre la avenida Historiador Vicente Ramos y las calles Las Redes y Asunción Valdés, databa del año 2007, a partir de una primera propuesta que debía liderar el Patronato Municipal de la Vivienda. Así, ha explicado que en 2008 se publicó que la parcela en cuestión se iba a destinar a la promoción de viviendas de protección oficial y que, dos años más tarde, se habló de la posibilidad de que pudiese albergar un nuevo conservatorio de música que no se acabó construyendo. De ahí, ha llegado hasta el año 2016 como año de inicio del expediente de enajenación, entonces bajo el mandato de la alianza compuesta por PSOE, Guanyar y Compromís. Es decir, antes de que él se convirtiese en alcalde, en abril de 2018.
Así, ha asegurado que fue hace diez años cuando la Concejalía de Urbanismo -dirigida entonces por Miguel Ángel Pavón (Guanyar)- aprobó la calificación del solar para que admitiese la construcción de vivienda protegida. Poco después, según ha explicado, fue la concejala de Hacienda por el PSOE de la época, Sofía Morales, quien inició el proceso de la subasta pública. Para entonces, según ha sostenido Barcala, ya se había decidido que la parcela en cuestión "se dedicase a VPO de iniciativa privada", ha dicho, lo que quitaría responsabilidad al PP sobre esa decisión. Además, ha apuntado que el pliego de condiciones de la subasta lo redactaron dos funcionarios ya jubilados José Luis Ortuño y Elpidio Vázquez.

Después, ha apuntado que el concejal de Contratación del momento, Natxo Bellido (Compromís), promovió la paralización del expediente "sin que conste motivación por escrito", según Barcala. Después, cuando el tripartito se deshizo, y el PSOE se quedó en solitario en el gobierno, fue Morales quien volvió a solicitar la reactivación del expediente al entonces concejal de Contratación, Carlos Giménez, aunque el alcalde Gabriel Echávarri volvió a paralizarlo sin que tampoco se aportase más motivación, según Barcala. Finalmente, según ha añadido, Morales volvió a instar la reanudación del expediente que ya estaba activo cuando se precipitó la dimisión de Echávarri -envuelto en dos causas judiciales por los contratos del caso comercio y por el despido de la cuñada de Barcala- y se produjese la elección de Barcala como nuevo alcalde. Así, ha resumido que el expediente ya estaba en marcha cuando él tomó la Alcaldía y que el nuevo concejal de Contratación, Carlos Castillo (PP), mantuvo en marcha ese procedimiento "que ya estaba muy maduro". "Decidimos aprovechar que ya estaba iniciado" a pesar de que se les criticó por ello, ha señalado.

Paralización y sentencia

Barcala ha proseguido con su relato sobre los pormenores de la subasta de la parcela para añadir que, después de que se planteasen dudas técnicas sobre la valoración del suelo, se acabó aprobando la licitción en julio de 2018. No obstante, el concurso suscitó la interposición de un recurso por parte de la asociación de promotores Provía, como informó este diario entonces, al considerar inadecuada la cláusula de desempate incorporada en el pliego, por la que se primaba la primera oferta registrada (primus in tempore) en el caso de que dos ofertas sumasen la misma puntuación. Ese recurso fue estimado y la subasta quedó paralizada, de forma que se promovió la modificación del pliego con una nueva cláusula de desempate: la del sorteo. A partir de ahí, la cooperativa Residencial Les Naus presentó un contencioso que fue desestimado en primera instancia, pero aceptado después por el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV), que mantuvo las condiciones de la subasta, lo que propició que Residencial Les Naus fuese finalmente la adjudicataria del solar, puesto que había sido la que recabó mayor puntuación, por la inclusión de más plazas para bicicletas eléctricas que el segundo competidor. Además, se daba la circunstancia de que fue la que había registrado oferta en primer lugar. 

Con ese discurso ha dado por cerrado la explicación de los antecedentes y de la adjudicación del suelo para pasar a referirse a las cuestiones formuladas por PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem respecto a la participación de cargos públicos y funcionarios en el expediente. Al respecto, Barcala ha señalado que la ya exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez (quien presentó su dimisión el pasado viernes, tras el estallido de la polémica) no participó en ninguna decisión respecto al expediente de contratación, ni tampoco sobre la concesión de licencia (se concedió en 2022, cuando todavía no había tomado posesión del acta de concejal), aunque el primer edil sí ha admitido que participó en una reunión de la Junta de Gobierno en la que se aprobó el cambio del técnico responsable del seguimiento del contrato de enajenación del solar por jubilación del anterior. En ese momento, según detalla el informe de averiguación de hechos elaborado por el vicesecretario, se había llegado a plantear que ese puesto fuese asignado al arquitecto municipal que también había comprado un piso de la cooperativa, y que había participado de las negociaciones en torno al seguimiento del contrato, aunque finalmente se optó por otro técnico. En todo caso, Barcala ha sostenido que la decisión del nombramiento del técnico supervisor del contrato carecía de relevancia respecto a la adjudicación del suelo o a la concesión de licencia. Además, ha señalado que el expediente de enajenación del solar se produjo el pasado 15 de enero con la emisión del informe de Patrimonio, en el que se debía certificar que las viviendas se habían construido según las condiciones previstas, que se habían entregado, pero que, además, alertó de la existencia de un posible conflicto de interés o de incompatibilidad por parte de cargos electos o funcionarios. Ese fue el informe que activó todo el proceso de averiguaciones posteriores.

Sea como fuere, Barcala se ha referido también a los controles aplicados por el Ayuntamiento para insistir en que solo era competente sobre la venta del suelo y sobre la concesión de licencias, pero no podía "saber de antemano a quién se le adjudican los pisos ni si esos compradores cumplen los requisitos" puesto que no es una cuestión que quede bajo su competencia, sino que se trata de prerrogativas de la cooperativa promotora y de la Conselleria de Vivienda, respectivamente. De igual modo, ha recalcado que, en cuanto tuvo conocimiento de la identidad de algunos de los adquirientes, a partir de ese informe de Patrimonio, ordenó la apertura de "un expediente de averiguación en el que se concluye que ninguno de los cargos públicos beneficiarios de esas viviendas intervinieron en decisiones relacionadas con la venta de la parcela o con la concesión de la licencia".

En todo caso, Barcala ha explicado que la jefa de Patrimonio informó el 15 de enero a la edil del área, Nayma Beldjilali, de la posible existencia de incompatibilidades, lo que propició que la regidora le solicitase la emisión de un segundo informe al respecto, que fue remitido el 27 de enero a la secretaría general, quien lo puso en su conocimiento. A partir de ahí, según Barcala, Patrimonio también emitió un nuevo informe en el que no constaba fecha, pero que, según Barcala, se había elaborado el 28 de enero, en el que se ponía de manifiesto las mismas supuestas incompatibilidades. Para entonces, ya se había difundido en los medios de comunicación que Gómez, la ya exdirectora general de Organización Interna y el citado arquitecto municipal figuraban entre los compradores de los pisos. 

Respecto a qué cargos públicos, funcionarios o familiares habían accedido a uno de esos 140 pisos, y si conocía si cumplían las condiciones para acceder a una VPP, Barcala ha señalado que esa era parte de la información a la que no podía tener acceso y por lo que se había tomado la decisión de acudir a Fiscalía. Así, ha sostenido que no podía conocer el contenido concreto de las declaraciones de bienes presentadas por todos los cargos públicos al tomar posesión, de forma que debía ser la Fiscalía quien lo indagase al tener mecanismos a su alcance. En todo caso, sí ha señalado que, al margen de la exconcejala Gómez, también se había tenido constancia de que otros dos familiares suyos (uno de ellos, su suegra) también eran cooperativistas. Además, también se ha referido al caso de la vivienda vinculada al hasta ahora jefe de gabinete de la Conselleria de Innovación, Miguel Ángel Sánchez (que ya ha presentado su dimisión).

Al margen de ello, ha insistido en que también había ordenado a Recursos Humanos que cruzase los datos del conjunto de funcionarios para que se determinase si podría existir algún otro beneficiario de viviendas entre ellos, o familiares suyos. Así, ha señalado que, al no tener acceso a parte de esa información, se decidió presentar denuncia a la Fiscalía para que llegue "allí donde nosotros no podemos llegar". De igual modo, ha señalado que el Ayuntamiento está cooperando con la Conselleria de Vivienda para saber si existen más cargos electos o funcionarios que hayan resultado beneficiarios de pisos. "No vamos a parar hasta que se sepa todo", ha asegurado.

Sin constancia de nada

Es más, después de contestar al menos a parte de las preguntas formuladas por los grupos de la oposición, Barcala ha señalado que se pensaba llevar a los juzgados a cualquiera que hubiese cometido una irregularidad. También ha señalado que se había abierto un expediente informativo a dos técnicos de Urbanismo beneficiarios de pisos (en principio, el arquitecto municipal ya citado, y una segunda arquitecta, esposa del técnico de la Conselleria de Vivienda que visó los contratos de compra de los pisos) para que se determine si existe alguna anomalía por su parte. Estas medidas, ha dicho, se suman a la dimisión de Gómez y a la renuncia de la exdirectora general de Organización Interna, que sigue ahora en su plaza original como jefa del área de Contratación.

En cualquier caso, también se ha referido a otra de las cuestiones más controvertidas de la polémica: si él era conocedor de que Gómez había sido adjudicataria de una vivienda. Barcala ha asegurado que él no tenía constancia de ello, ni tampoco respecto al resto de los implicados. "Lo he conocido a raíz del informe de Patrimonio", ha asegurado. Así, ha negado que él tuviese conocimiento de nada hasta ese momento, a pesar de las "insinuaciones o las acusaciones veladas que se han estado haciendo", ha dicho. "A mí esto me resulta indignante y repugnante; estoy decidido a llegar hasta el final, caiga quien caiga; queremos que se aclare si se ha falseado documentos, saber si se ha manipulado los ingresos declarados", ha insistido. Incluso, ha añadido, que también se pretende desentrañar si ha habido "pases" de los derechos de adjudicación de un piso, así como si se ha producido ventas o alquileres fraudulentos. "Que se aplique la ley con la máxima contundencia posible", ha señalado. En esta línea, también ha asegurado que el Ayuntamiento ejercería las posibilidades en las que esté habilitado, "con la Generalitat o solos, para recuperar las viviendas que estén en manos de gente que no le corresponda", ha apuntado. Así, ha señalado que se ejercería el derecho de tanteo y retracto para comprar esos pisos: una pretensión que también anticipó este miércoles la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, respecto a las viviendas que pudiesen tratarse de vender, tras la solicitud de la correspondiente autorización que resulta imprescindible para ello.

Las críticas previas

Antes de que el primer edil haya tomado el uso de la palabra, había tenido que escuchar la retahíla de reproches, críticas y exigencias de dimisión planteadas por los representantes de los cuatro grupos que ejercen funciones de oposición: PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem. El turno de intervenciones para secundar la solicitud de comparecencia de Barcala lo ha abierto la portavoz del PSOE, Ana Barceló, quien ha sido especialmente dura a la hora de exigir la renuncia del primer edil al considerar que su gobierno "está bajo sospecha". "Lo sucedido es de tal gravedad que no puede seguir al frente del ayuntamiento ni un minuto más", ha señalado. Así, se ha referido a la existencia de "una trama" que, a su juicio, comenzó con el primer gobierno de Barcala al poner en marcha el proceso de subasta de la parcela municipal sin los controles debidos, tras su llegada al poder, en 2018.

Además, ha considerado que no se ha procurado condiciones de igualdad para el acceso a las VPP y "sí espacio para el negocio", para señalar que "amigos y conocidos han podido acceder a viviendas por poco más de 215.000 euros cuando en esa zona se pueden adquirir por medio millón". "Usted dijo que esta iba a ser la legislatura de la vivienda, pero no dijo que iba a ser la legislatura del pelotazo", ha insistido. Además, ha considerado que existen muchas incógnitas por responder, como si hubo información privilegiada, cómo se ordenó el listado de solicitantes, quién lo configuró o si sabía que la exconcejal de Urbanismo iba a recibir una vivienda. Al tiempo, ha considerado que Barcala sabía que Gómez iba a ser propietaria de uno de los pisos y que por eso le retiró las competencias de Patrimonio en julio de 2024. Y ha recalcado que, tras tener acceso al expediente completo, "ahora sabemos que la empresa gestora de la cooperativa solicitó dos millones de compensación por los retrasos en la ejecución de la subasta o, en su defecto, la entrega de otras dos parcelas como compensación".

De igual modo, ha insistido en que el actual equipo de gobierno modificó el contrato de compra de esa parcela en 2025 para ampliar el plazo de ejecución y ha insinuado que pudo ser para que a la promoción se le aplicase el nuevo decreto con las nuevas condiciones de renta para acceder a una VPP que aprobó el Consell, ya bajo la etapa de mandato de Carlos Mazón. De igual modo, ha extendido la sospecha a todo el Consell después de que el president Juanfran Pérez Llorca manifestase en un principio que todo estaba correcto y que luego comenzase a reconocerse que había un caso anómalo, "a los que se ha sabido ahora que existen más casos, incluida la sospecha sobre el ya exjefe de gabinete de la Conselleria de Innovación". Por ello, ha terminado su intervención instando a Barcala a dimitir.

Una línea similar ha planteado el portavoz de Compromís, Rafa Mas, quien también ha reclamado la dimisión del primer edil y le ha instado a acudir a los juzgados a declarar de forma voluntaria. En esta línea, ha considerado que "ahora sabemos por qué no ha avanzado el PGOU o el acuerdo de la cesión de las vías de Benalúa; porque estaban preocupados por elegir las calidades de estas viviendas a ver si les tocaba alguna", ha dicho. En su discurso, también ha sostenido que los informes aportados hasta ahora están incompletos y no resuelven dudas, y ha aludido tanto a la posible intervención supuestamente irregular de la exdirectora general de Organización Interna, ahora de nuevo en su plaza de jefa del área de Contratación, o al papel del arquitecto municipal que también compró una vivienda en la promoción que intervino en la tramitación del contrato. Además, ha instado a promover la expropiación de las viviendas, y ha cuestionado a Barcala cuándo supo que existían posibles conflictos de interés en los compradores de los pisos. De igual modo, ha cuestionado qué méritos tenía Gómez para nombrarla concejal y ha cuestionado si existía información privilegiada para que comenzase a distribuirse los pisos a partir de 2018. "No han hecho nada en esta ciudad, y mientras ustedes, y ustedes", en alusión a Vox, "conocían esta trama", ha concluido.

El portavoz de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha considerado que lo que hoy conocemos es el resultado de una cadena de decisiones políticas en desarrollo de una política de vivienda concreta. "Esto es un caso muy claro de corrupción", ha apuntado, para hacer alusión a los mandatos precedentes de Díaz Alperi y Castedo. Al tiempo, se ha referido a la modificación del decreto que eleva el límite de renta para acceder a una VPP hasta los 66.000 euros y ha apuntado que "esto no es un fallo del sistema, es un fallo del modelo que ustedes tienen". Así, también ha considerado que Barcala debía presentar su dimisión, porque o era partícipe de lo que sucedía o no se había enterado de nada. "Lo que estamos haciendo es que la vivienda pública esté beneficiando al entorno del poder, y eso no es un accidente", ha apuntado. De igual modo, ha considerado que en el expediente existen contradicciones muy graves, puesto que se recogía que la concejal no había tenido intervención relacionada con el contrato, cuando sí estuvo en al menos una de las reuniones de la Junta de Gobierno en las que se nombró al nuevo técnico responsable de su control. Además, ha incidido en que se decidió sacar a subasta un solar municipal para el que había un proyecto municipal de promoción de vivienda protegida por parte del Patronato de Vivienda disponible desde 2007 para esa misma parcela, como informó este diario en su momento.

Además, también ha considerado que, a su juicio, corresponde aplicar sanciones a los funcionarios que se han visto salpicados por la polémica, en alusión a la exdirectora general de Organización Interna, para la que ha solicitado que se le aparte de esa responsabilidad. De igual modo, ha apuntado que la vivienda pública debe ser accesible por lo que ha considerado que debe fijarse las condiciones adecuadas para ello. "Han convertido la vivienda pública en un negocio", ha apuntado, y ha instado a Barcala a dimitir.

La portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha abundado en las dificultades de acceso a la vivienda pública y se ha cuestionado cuántas personas más puede haber que puedan haberse beneficiado de una vivienda pública de manera indebida. Así, se ha preguntado quién redactó el pliego de subasta del solar, quien fijó las condiciones, por qué se desistió del procedimiento meses después o si se mantuvieron reuniones con los responsables de la cooperativa, entre otros puntos. Robledillo también ha señalado que la jefa del área de Patrimonio alertó a la concejala de Patrimonio de la existencia de un posible conflicto de interés, para señalar que, en realidad, a partir de agosto de 2025 ya se facilitó un primer listado registrado por la cooperativa por el que se trataba de promover la liquidación del impuesto de plusvalía en el que se aportaban los nombres de los compradores entre los que ya figuraba la exconcejal Gómez. Con ello, ha deslizado que en ese momento el ayuntamiento ya era conocedor de esa circunstancia. Además, ha apuntado que la ya exedil no modificó su relación de bienes para apuntar que era cooperativista de Residencial Les Naus y que participó en al menos una reunión de la Junta de Gobierno en la que se plantearon acuerdos relacionados con la cooperativa. Por último, también ha aludido a la existencia de dos informes sin fechar y sin firmar en los que ya se apuntaban posibles anomalías antes de que figurasen los informes fechados en enero. En esta línea, también se ha sumado a la petición de dimisión de Barcala.

Por el PP, su portavoz, Mari Carmen de España, ha sostenido que el equipo de gobierno ha actuado de forma rápida con el registro de hasta dos dimisiones en las primeras horas, después de haber considerado que se había utilizado la polémica de modo oportunista. Así, ha sostenido que fue el alcalde quien ordenó la apertura de un expediente de averiguación de hechos y que se actuaría con contundencia, como se ha hecho con el registro de una denuncia en Fiscalía. Además, ha sostenido que fue la actuación del equipo de gobierno la que permitió constatar posibles anomalías y ha incidido en aclarar que el ayuntamiento no adjudica las viviendas, sino que las entrega la cooperativa. De igual modo, ha sostenido que el expediente de venta de la parcela municipal se inició en 2016 bajo la etapa de la edil socialista Sofía Morales como responsable de Hacienda. También ha enumerado las decisiones adoptadas por la Conselleria de Vivienda como la sanción impuesta al funcionario que visó los contratos y "trampeó" la situación de su propia esposa y ha sostenido que fue el Consell del Botànic quien elevó el nivel de renta desde 4,5 a 6,5 veces el IPREM, de forma que la única decisión que adoptó el PP de Mazón fue el de pasar de 12 a 14 pagas respecto a ese límite, en función de la petición trasladada por el Consejo Valenciano de la Juventud. Así, ha defendido la honorabilidad del equipo de gobierno y del alcalde.