ALICANTE. Los vecinos de la promoción de vivienda de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidos sobre un solar municipal del distrito de Playa de San Juan subastado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022 toman la palabra para defender la legalidad del proceso de adquisición de sus pisos y reivindicar el esfuerzo que han tenido que asumir para poder disponer de ellos. "Somos familias que pagamos hipotecas", apuntan representantes de la comunidad de propietarios del edificio, que toma el mismo nombre que la cooperativa que lo promovió (Residencial Les Naus), "Algunos nos inscribimos en la cooperativa en 2018 y hemos tenido que esperar siete años para tener las viviendas", recalcan.

De ahí que muestren su indignación por el contexto de "instigación al odio" que se ha generado después de que trascendiese que la ya exedil de Urbanismo, dos hijos y un sobrino de la exdirectora general de Organización Interna, y dos arquitectos municipales resultasen adjudicatarios compradores de viviendas en ese complejo como socios cooperativistas, y de que también se haya podido trasladar la idea de que ha existido una manipulación en las condiciones de compra de esos inmuebles. "Queremos expresar el rechazo a la situación que se está dando; somos los primeros que pedimos que se depuren responsabilidades en los casos en los que se demuestre que se ha podido hacer algo mal, pero el resto somos propietarios de forma legal", insisten. 

Así, denuncian que se ha llegado a generar un clima de "acoso" en torno al edificio como consecuencia de la controversia política desencadenada. "Lo que queremos es que nos dejen en paz y que no nos metan en guerras entre partidos", añaden, para denunciar que, en las dos últimas semanas, han tenido que soportar la presencia constante de medios de comunicación de ámbito nacional, de activistas políticos y de ciudadanos posiblemente condicionados por la manipulación en los alrededores de la urbanización. "Nos han llamado hasta corruptos", recalcan, cuando aseguran que accedieron a la cooperativa en los cauces en los que prevé la ley. "En algunos casos nos enteramos por el boca a boca de que se iba a construir la promoción, o por lo que salió publicado en los periódicos cuando se anunció la subasta del solar, o incluso por los carteles publicitarios que se colocaron", explican.

Así que insisten en que debe separarse a los compradores que cumplen los requisitos de acceso a una VPP de los casos que no lo hayan hecho. "Pedimos respeto; si alguien ha hecho algo ilícito, que caiga sobre él todo el peso de la ley, pero no podemos tolerar que se publiquen nombres y apellidos, que se nos fotografíe o que incluso se haya colado gente para tomar imágenes de la urbanización", han incidido. Ese cúmulo de circunstancias es el que ha propiciado que se aceleren los planes para implantar el sistema de cámaras de vigilancia que ya se había acordado en asamblea. Y que incluso se haya planteado la posibilidad de contratar un servicio de vigilancia privada. Todo, al margen de que la asociación de vecinos Juntos Avanzamos, que agrupa a residentes y comerciantes del distrito de Playa de San Juan, también pretenda solicitar al Ayuntamiento que se refuerce la presencia de la Policía Local en la zona.

'Provocando el odio'

"Mucho nos tememos que esto no va a parar aquí, y que pronto vendrán las pintadas en las fachadas o cosas así", lamentan, después de revelar que han llegado a comprobar comentarios en redes sociales en los que se plantea formar piquetes junto al edificio o animando a ocupar las viviendas. Se trataría, según sostienen, de una situación alimentada por los partidos políticos que estarían "provocando que la gente nos odie". "Hemos visto comentarios ofensivos que no tenemos por qué tolerar", insisten, para recalcar que son ajenos a todo tipo de conducta irregular. "Hemos pagado seis millones por la compra del solar, que era público, y no hemos recibido ninguna subvención; pagamos la construcción del edificio nosotros mismos soportando costes adicionales por el incremento de costes del material de construcción al tener que enfrentarnos a varios retrasos", apuntan. "Se tiene que defender la presunción de inocencia. Quien lo haya hecho mal, que lo pague, pero que no se generalice", abundan.

Sobre los anuncios de venta o de alquiler de pisos del edificio a través de portales inmobiliarios, apuntan que "hemos visto algunos" sobre los que no se ha llegado a tomar ninguna decisión, puesto que existe la posibilidad legal de venderlos, siempre que se cuente con autorización de la Conselleria de Vivienda. Y, además, señalan que "la protección se extiende a la vivienda, al trastero y a una plaza de garaje, y la mayoría tenemos dos, por lo que la otra es libre y se puede vender y alquilar sin problema". Es una situación que también concurre en lo que respecta a los tres locales comerciales distribuidos en los bajos del edificio, que ya se han ocupado con la implantación de una sucursal bancaria, una herbolistería y una clínica estética.

En todo caso, admiten su miedo a que el edificio acabe convirtiéndose en una especie de "símbolo" de un supuesto fraude en la gestión de la vivienda de protección pública. "Aquí parece que todos tengamos carnet del PP y que nos hayan regalado los pisos", exponen para criticar que se haya tratado de sacar rédito político de unas presuntas irregularidades que todavía están en fase de comprobación. De hecho, así lo ha manifestado la propia vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, este miércoles, al detallar que la segunda comprobación de los expedientes visados por el técnico ya expedientado por validar presuntamente de forma irregular el contrato de compra de una VPP adquirida por su mujer ha permitido detectar la "falta de información" económica y patrimonial en otros casos, por lo que se había solicitado que se requiera su entrega para comprobar si han podido existir más anomalías.