ALICANTE. De la negación, a la colaboración. Representantes de Fraorgi, la sociedad que actuó como entidad gestora de la cooperativa Residencial Les Naus, responsable de la construcción de las 140 viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada sobre un solar municipal de Playa de San Juan subastado entre 2018 y 2022, descartan la existencia de cualquier tipo de irregularidad en el desarrollo de esa urbanización, así como en la participación de los socios cooperativistas que adquirieron los pisos. "No hay nada que rascar; esto es un edificio de VPP de promoción privada impulsado por una cooperativa que adjudica los pisos entre sus socios, pero que nos pidan lo que necesiten", aseguran, a colación de las diligencias preliminares iniciadas por la Fiscalía, tras la acumulación de las tres denuncias presentadas en torno a ese proyecto: la del grupo municipal del PSOE; la del equipo de gobierno, del Partido Popular (PP); y la de la Conselleria de Vivienda.
En realidad, los representantes de dicha entidad incluso estarían interesados en que se requiera lo antes posible la documentación que se considere oportuna para que se realicen las comprobaciones correspondientes y se demuestre que el procedimiento se ha ajustado a ley "para que todo esto acabe". "Nos han metido en un lío por cuestiones políticas que nos está perjudicando", aseguran. "Nosotros no miramos si los socios podían ser hijos o primos de nadie, eso no lo podemos saber", añaden. Así, inciden en que, tras la experiencia de Residencial Les Naus, ya se ha desistido de la posibilidad de concurrir en otros procesos de subasta de suelo público para construir VPP, como la de dos parcelas municipales cedidas por el Ayuntamiento a la Generalitat en el marco del Plan Vive sobre las que se tenía interés en optar también en régimen de cooperativa. "Hemos dado órdenes a los proyectistas de que paralicen el diseño de las propuestas", señalan.
Eso sí, respecto al proyecto de la controversia, desarrollado en Playa de San Juan, apuntan que, a lo sumo, podría darse la circunstancia de que algún socio cooperativista no haya aportado toda la información requerida respecto a sus condiciones económicas, o respecto a la disponibilidad de otras propiedades, pero insisten en que "eso ya es una cuestión que no nos compete a nosotros, porque quien revisa todo eso es la propia Conselleria de Vivienda". Es más, las mismas fuentes explican que en el proceso de configuración del listado de socios compradores de los 140 pisos se descartó a algunos de los inscritos "porque al informarles de cuáles eran las condiciones, algunos dijeron que no las cumplían y se retiraron".
En total, según apuntan se sustituyó a cerca de 20 cooperativistas. "Hubo gente que nos pidió la baja porque se había trasladado a vivir a otro sitio, o porque sus condiciones habían cambiado a lo largo del proceso", explican. En todo caso, insistieron en que "nosotros no controlamos los datos de nadie, solo pedimos una declaración responsable en las que los socios asumían el compromiso de cumplir los requisitos, pero luego es la conselleria la que realiza las comprobaciones".
En este sentido, los responsables de Fraorgi consultados recalcan que, de hecho, hubo algún caso que quedó rechazado en ese proceso de supervisión por parte de Vivienda, "sobre el que se nos dijo que no se cumplía y entonces lo sustituimos por otros", con la particularidad de que, en ese momento, el nuevo socio "tenía que ponerse al día" igualando la cantidad que hubiese aportado el socio descartado, al que se le devolvía su propia aportación, según detallan. Así, una vez que se devolvían los contratos visados se procedía a la firma de las escrituras.
En concreto, la mayor parte de las escrituras -en torno a un centenar- se firmaron entre el 31 de julio y el 14 de agosto. Y prácticamente todas las restantes -salvo alguna excepción que se retrasó hasta noviembre- se firmaron entre septiembre y octubre. "Cerramos el año con las 140 viviendas entregadas", detallan las mismas fuentes. De este modo, gran parte de los socios compradores comenzaron a disponer de sus pisos a partir del pasado verano, "después de que se nos respondiese en el ayuntamiento que, al haber obtenido la certificación como VPP, no resultaba necesario que se expidiese la licencia de primera ocupación".
Zona verde y más plazo
De igual modo, indican que la promoción se desarrolló con las aportaciones de los socios compradores a precio de coste, por un importe medio de cerca de 215.000 euros, después de tener que sufrir el incremento del precio de los materiales como consecuencia de la demora en el proceso de subasta, que quedó suspendido en 2018 tras el registro de varias impugnaciones, y no se retomó hasta 2021, cuando el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) conminó a reactivar el proceso con las mismas condiciones tras admitir el recurso presentado por la propia cooperativa.
Al tiempo, explican que, a principios de 2025 se aprobaron modificaciones del contrato de adjudicación con el fin de que pudiesen cumplirse las condiciones del pliego, toda vez que se detectó que en el ordenamiento urbanístico municipal se delimitaba que en el solar subastado debía garantizarse que el 50% del espacio libre de edificación debía quedar reservado para zona verde, lo que llevó a reducir la superficie del vaso de la piscina. Además, también se acordó la ampliación del plazo para la finalización del proyecto, a la vista de los problemas de retraso que se produjeron como consecuencia de la escasez de mano de obra y del encarecimiento del precio del acero que obligó a reformular partes del proyecto para sustituirlo por el hormigón.
Por último, respecto a la posibilidad de que algunos de los socios compradores pudiesen estar tratando de vender las viviendas a través de portales inmobiliarios, recalcan, en primer término, que se trata de una opción contemplada por ley siempre que se cuente con autorización de la Conselleria de Vivienda, que es la que, además, marca el precio y las condiciones de venta. No obstante, insisten en que ese aspecto -y la posibilidad de que pudiese estar solicitándose pagos no declarados- escaparía a la posibilidad de control de la cooperativa, una vez entregadas las viviendas.
