ALICANTE. El segundo informe de comprobación encargado por la Secretaría Autonómica de Vivienda sobre el visado de las 140 viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas en un solar situado en el distrito de Playa de San Juan subastado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022 avanza con el hallazgo de anomalías adicionales. Se trata de la omisión de documentación de los compradores de los pisos de esa promoción, impulsada por la cooperativa Residencial Les Naus, a la hora de avalar que esos adquirientes sí cumplían las condiciones de renta establecidas para poder acceder a una VPP. Así lo ha apuntado este miércoles la propia vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, antes de participar en un encuentro con la Junta Directiva de CEV en Alicante. 

Camarero ha detallado que, hasta el momento, esa segunda revisión de los visados ha permitido constatar que el técnico del departamento autonómico expedientado por visar de manera presuntamente fraudulenta el contrato de compra de una de esas viviendas por parte de su esposa se encargó de tramitar y supervisar el conjunto de los 140 contratos de las viviendas de Residencial Les Naus. En este sentido, ha señalado que tras la revisión de parte de esos expedientes, se ha detectado que en algunos de ellos no se analizaban los datos económicos de las parejas de los adquirientes. 

La vicepresidenta ha incidido en que, en esos casos, concurría la misma supuesta anomalía hallada que en el caso de la propia esposa del funcionario expedientado, en la medida en que se hacía constar que existía separación de bienes para no computar los ingresos de los cónyuges, con lo que no quedaba constancia del nivel de renta del conjunto de la unidad familiar con el fin de no superar el límite máximo de 6,5 veces el IPREM. "En ese expediente, figuraban en separación de bienes y no se había aportado información respecto al cónyuge, que es el propio funcionario que acredita como válido ese visado", ha apuntado.

En esta línea, la vicepresidenta primera ha incidido en que su departamento actuó con contundencia respecto a ese técnico al tener constancia de la primera anomalía, lo que supuso la apertura de un expediente disciplinario con suspensión de empleo y sueldo, además del registro de una denuncia en Fiscalía contra él, que ya ha sido asumida junto a las interpuestas por el grupo municipal del PSOE y la presentada por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP). Camarero ha insistido de nuevo en que dicho técnico trabajaba en el departamento autonómico desde hacía años y que "había sido promocionado" durante la etapa del Consell del Botànic.

Y ha continuado explicando que, tras la revisión del resto de contratos, se ha podido determinar que en algunos de los expedientes "falta información". Según ha detallado, en algunos casos en los que el solicitante aseguraba estar en régimen de separación de bienes, faltaría información económica o de propiedades de los respectivos cónyuges, puesto que no se había aportado datos sobre sus rentas o no habían certificado que no tuviese otra vivienda en propiedad: otro de los requisitos que regula el acceso a una VPP. "Lo que hemos hecho ahora es solicitar a la Dirección Territorial para que, en esos casos, requiera de oficio la información que falta para comprobar si, efectivamente, esas personas reúnen las condiciones para poder comprar esa vivienda o no las reúne, y por tanto, los visados no están correctamente realizados", ha añadido.

Así, ha avanzado que, en función de cómo avancen esas averiguaciones, se dará traslado a la Fiscalía para contribuir al esclarecimiento de los hechos "caiga quien caiga para que la ley actúe en los supuestos en los que se haya podido cometer algún tipo de delito". Con todo, no ha llegado a precisar cuántos expedientes se encontrarían ahora en esa fase de solicitud de información adicional de oficio hasta poder cotejar esa nueva documentación requerida. "No queremos alarmar", ha dicho, facilitando una cifra de expedientes que podría variar si se comprueba con la nueva información que la solicitud es correcta. 

Las viviendas con incumplimientos

¿Qué decisiones se prevé adoptar respecto a los casos en los que se haya producido un visado de manera incorrecta? Camarero ha indicado que es una circunstancia que "será la justicia la que lo deberá determinar", después de que se dé traslado del conjunto de expedientes en los que se constaten incumplimientos. "Lo pondremos en conocimiento de Fiscalía; la justicia nos tendrá que decir qué pasos dar a partir de ahí", ha apuntado. Eso sí, ha señalado que, en principio, la Generalitat no tendría la capacidad de revocar esos contratos de adjudicación. "En este momento, lo desconocemos", ha dicho, para añadir que "nosotros no adjudicamos, por tanto, no podemos revocar un hecho que no hemos realizado nosotros", ha apuntado.

Sostiene que la conselleria no puede revocar adjudicaciones de viviendas que no ha adjudicado

¿Se prevé adoptar algún tipo de medida respecto a los intentos de venta de los pisos de VPP de Residencial Les Naus que se han difundido a través de portales inmobiliarios? La vicepresidenta ha explicado que la venta o alquiler de una VPP es legal, siempre que se solicite una autorización previa a la conselleria. En este sentido, ha apuntado que se tiene constancia de un propietario que ha pedido esa autorización, aunque ha apuntado que su departamento tiene la posibilidad de ejercer el derecho de tanteo y retracto, y ese es el camino que se pretende emprender en ese caso y en otros posibles que puedan plantearse en el futuro. "No vamos a tolerar que haya ningún agujero y no vamos a permitir que se especule con una VPP", ha recalcado. Además, ha señalado que cualquier posible comprador de esos pisos también debe reunir los mismos requisitos establecidos para acceder a una VPP. "No podemos estar detrás de los portales inmobiliarios, pero cualquiera que quiera vender una VPP tiene que pedirnos autorización y, además, la tienen que vender con el mismo precio por el que la han comprado", ha abundado.

"No hemos recibido ninguna otra petición, y entiendo que cuando vas a hacer una compraventa, igual que nosotros tenemos que supervisar los requisitos para ver si un comprador cumple, el notario también tiene que supervisar esas condiciones, por lo que no creo que se haya producido ninguna venta porque no se ha solicitado", ha insistido. Respecto a los casos en los que se trate de poner en alquiler esos pisos, Camarero también ha explicado que la ley sí permite esa circunstancia siempre que se cumplan "una serie de excepcionalidades", como tener un contrato en el extranjero o tener que cuidar a una persona dependiente en otra ubicación geográfica. Así, ha señalado que se han recibido tres solicitudes de autorización para alquilar viviendas de la promoción de Residencial Les Naus y que se está estudiando si se cumplen las condiciones indicadas. 

"Bulos" de la izquierda y Plan Vive

Al margen de ello, Camarero ha acusado de "hipocresía" al PSPV-PSOE y Compromís y también de manipular los hechos y bulos falseando parte de la información, tras asegurar que estaban confundiendo intencionadamente VPP con vivienda social, de las que ha recordado que el Botànic construyó "cero" en ocho años de mandato. Tras opinar que esta falta de política en la etapa socialista causa las actuales listas de espera y el incremento del 50% del precio en el caso de las ventas y del 90 en el alquiler, ha culpado al anterior ejecutivo de cambiar los márgenes de renta para los solicitantes y se ha comprometido a impulsar cambios para estrechar la vigilancia para la limpieza del proceso, en la línea ya adelantada el lunes.

Es decir, mediante la constitución de una mesa técnica a modo de órgano colegiado, de forma que sea una comisión de evaluación y no solamente un funcionario, quien supervise la comprobación de los requisitos de ingresos y propiedades de los compradores de VPP. Al tiempo, también ha incidido en que se prevé obligar a las promotoras que construyan VPP la implantación de un registro de solicitantes particular para cada promoción con el fin de procurar mayor publicidad y transparencia. Además, ha señalado que se prevé implantar el registro electrónico de solicitudes para facilitar las comprobaciones, para volver a reiterar que la Generalitat no tuvo ningún tipo de participación en la adjudicación de esas viviendas, puesto que depende de la propia cooperativa. Y, de nuevo, ha recalcado que la promoción de Residencial Les Naus no forma parte del Plan Vive impulsado por la Generalitat para construir hasta 10.000 viviendas en el conjunto de la legislatura, para resaltar que ya están en distinta fase de tramitación unas 4.800. 

Respecto al Plan Vive, ha señalado que la controversia con la promoción de VPP de Residencial Les Naus ha coincidido en pleno debate sobre las condiciones en las que se regirá la oferta de las viviendas que se encuadren en ese programa para señalar que se prevé crear una comisión de seguimiento de cada promoción y que, al margen de la exigencia de un registro de solicitantes específicos, y que se aporte mayor transparencia y publicidad en su construcción, también ha señalado que se está perfilando qué mecanismos definitivos se van a implementar para regular el acceso a esas viviendas, bien si es por orden de presentación de la solicitud o bien por un sistema de sorteo, más allá de que se pueda establecer el "requisito de vecindad que nos plantean los alcaldes adheridos al Plan Vive", según ha apuntado.