El jardín de Gabriel Miró, una de las zonas verdes más reconocibles de la ciudad de Alicante. ALICANTE. El nuevo concurso para la contratación del mantenimiento y conservación de zonas verdes de Alicante tendrá que esperar. La primera gran licitación de un servicio municipal puesta en marcha por el equipo de Gobierno del PP desde su llegada al poder, el pasado abril, queda paralizada como consecuencia del recurso presentado por una empresa (a priori, un posible licitador) contra las condiciones del pliego. Así, todo el procedimiento queda en suspenso hasta que el Tribunal Central de Recursos Contractuales, adscrito al Ministerio de Hacienda, resuelva sobre el fondo de esa impugnación.
La resolución de ese tipo de recursos suelen resolverse en un plazo de entre dos y tres meses. Al menos, así ha sucedido en otros concursos similares impulsados por el Ayuntamiento de Alicante durante la etapa reciente, bajo el mandato del ya extinto tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís) que se configuró en junio de 2015 y en el periodo en el que los socialistas pasaron a gestionar en solitario (desde noviembre de 2017 hasta abril de 2018).
El concurso para la conservación de las zonas verdes se había convocado dividido en tres lotes con un presupuesto global de 22 millones de euros, 7,5 millones más que el último contrato. El servicio se viene prestando ahora fuera de su plazo de vigencia, ya que su duración terminó el pasado mes de de junio. Desde entonces, los populares se ven obligados a aprobar reconocimientos extrajudiciales de crédito para pagar el desarrollo de los trabajos (podas, reparaciones, reposiciones, etc.)
Por el momento, no han trascendido los motivos de impugnación del nuevo concurso, aunque sí se ha conocido, al menos, una anomalía que ya habría sido corregida a instancias del informe de fiscalización del interventor municipal. Se trata de la inclusión, en este contrato, del servicio de mantenimiento de las zonas ajardinadas de las Escuelas del Patronato de Educación Infantil, que se licitó por separado el pasado mes de marzo y que ya dispone de un concesionario, tras su adjudicación aprobada el 5 de octubre de 2018. Se trata, precisamente, del concurso que precipitó el cese de uno de los cargos de confianza del PP, Jorge Crespo, después de que se constatase que pudo incurrir en un supuesto de incompatibilidad: una de sus empresas se había convertido en preadjudicataria de ese servicio en el momento en el que él mismo acababa de ser contratado como asesor municipal.
En su informe del pasado diciembre, el interventor municipal había señalado la existencia de ese contrato específico sobre los jardines de las Escuelas Infantiles y había advertido de que la prestación de ese servicio "no puede ser objeto de duplicidad en el contrato de conservación y mantenimiento de zonas verdes de la ciudad". Según fuentes municipales, esa advertencia motivó su exclusión, a instancias del Servicio de Contratación.
