CALP. Sorpresa en Calp con la investigación realizada por la Guardia Civil sobre los trabajadores de la concesionaria de la zona azul y las supuestas irregularidades en la interposición de denuncias sin seguir el protocolo establecido para tramitarlas. Desde el pasado martes, hay una investigación abierta, primero por la Guardia Civil, y después por un juzgados de Dénia, que se ha saldó, en su momento, con dos detenciones, y la declaraciones de los nueve operarios que la firma que prestan el servicio en el municipio. A los presuntos autores se les imputan los delitos continuados de falsedad documental y estafa.
La investigación arrancó a principios de marzo cuando se tuvo conocimiento de varias irregularidades cometidas, presuntamente, por parte de algunos empleados de la concesionaria. Al parecer, las irregularidades afectaban al control de los vehículos y a la confección de las denuncias, bien por carecer del tique de estacionamiento o por haber sobrepasado el tiempo.
Los agentes comprobaron que muchas de las denuncias interpuestas por estos empleados investigados solamente habían sido supervisadas o comprobadas por un solo controlador, cuando el requisito indispensable para que la infracción debe ser corroborada in situ por, al menos, dos. Sin embargo, la investigación ha podido saber, de forma fehaciente, que estas comprobaciones no se hacían siguiendo la normativa legal vigente, ya que ambos controladores se alertaban telefónicamente para que, así, uno de ellos pudiera ahorrarse el desplazamiento y poder cubrir más extensión del municipio. Otro extremo que pudo acreditarse, según la Guardia Civil, fue que estos trabajadores muchas de las veces en las que confeccionaban una denuncia no dejaban el boletín-denuncia físico en el parabrisas del vehículo denunciado, con lo que provocaban que la denuncia llegase directamente a través de SUMA, es decir, siendo su pago obligatorio. Con esto, se supone que los empleados pretendían aleccionar a los usuarios, para que se acostumbrasen a poner el tique.
En declaraciones a Alicante Plaza, la empresa asegura que desconoce las irregularidades que la Guardia Civil afirma haberse cometido en la confección de las denuncias. Sostiene que "todos los vehículos denunciados habían infringido la ordenanza municipal de movilidad" y que "la empresa ha aportado a la Administración la documentación gráfica acreditativa de dicha infracción”. “Es la Administración quien percibe el importe de la sanción de los vehículos denunciados. La empresa no percibe cantidad alguna de las sanciones que impone el Ayuntamiento de Calp, ni se ha beneficiado de las mismas”, defienden desde la concesionaria.
“La empresa confía en la profesionalidad y buen hacer de sus empleados y espera que puedan despejarse las sospechas de la Guardia Civil sobre la actuación seguida. Durante el proceso de investigación la empresa ha colaborado en todo momento con el Ayuntamiento de Calp y con la Guardia Civil”, ha concluido la empresa.
La actual prestataria del servicio de control del establecimiento regulado ganó la concesión en mayo de 2015. Actualmente, presta el servicio de manera prorrogada. La concesión finaliza el próximo 25 de octubre y durante los últimos cuatros años ha pagado un cánon anual de 170.000 euros anuales.
Desde el Ayuntamiento de Calp han asegurado que cuando finalice el actual contrato, se licitará el nuevo y mientras dura el trámite, en los meses de invierno, lo más seguro es que la zona azul no sea operativa.
Investigan a nueve empleados de la Zona Azul de Calp: imponían sanciones sin cumplir el protocolo
