ALICANTE. La situación de "acoso" denunciada por los vecinos de la promoción de vivienda de protección pública (VPP) de iniciativa privada de Playa de San Juan, construido sobre un solar municipal subastado entre 2018 y 2022, prosigue a partir de la controversia generada después de que trascendiese que la ya exconcejal de Urbanismo, dos hijos y un sobrino de la exdirectora general de Organización Interna, y dos arquitectos municipales figuren entre los compradores adjudicatarios de esos pisos, al figurar como socios de la cooperativa que los ejecutó.
Esa situación se agravado durante la madrugada de este jueves con el hallazgo de pintadas con insultos y mensajes ofensivos registradas en distintos muros del interior de la urbanización, lo que conllevaría que se habría producido la entrada indebida de sus autores. En esas pintadas puede leerse palabras como "corruptos" o "free Palestina", entre distintos símbolos sin significado evidente.
Los propietarios del residencial habían expresado su temor, este miércoles, a que pudiesen producirse ese tipo de incidentes dado el clima de tensión que consideran que se ha venido alentando en la última semana por parte de distintas formaciones políticas. Así, habían manifestado su intención de acelerar la instalación de cámaras de vigilancia (un acuerdo ya adoptado con anterioridad al estallido de la polémica), además de la posibilidad de contratar un servicio de vigilancia privada con el propósito de evitar que pudiese producirse el acceso ilegal de personas ajenas a la urbanización.
En esta línea, los vecinos habían exigido respeto frente a comportamientos que calificaron de acoso, como el hecho de que se les increpase en la calle y se les señalase como "chorizos" o como "corruptos" ante la presencia de sus propios hijos, a pesar de haberse convertido en propietarios de la urbanización de VPP cumpliendo los requisitos establecidos, al inscribirse como socios de la cooperativa Residencial Les Naus. Así, instaron a los partidos políticos a "que nos dejen en paz", sin menoscabo de solicitar que se depuren posibles responsabilidades en los casos en los que pueda demostrarse posibles anomalías en la adquisición de los pisos.
"Pedimos respeto; si alguien ha hecho algo ilícito, que caiga sobre él todo el peso de la ley, pero no podemos tolerar que se publiquen nombres y apellidos, que se nos fotografíe o que incluso se haya colado gente para tomar imágenes de la urbanización", apuntaron en una comparecencia ofrecida este miércoles.
Así, como informó este diario, los propietarios apuntaron que tuvieron que realizar "un esfuerzo" para poder cumplir con los compromisos de construcción de sus casas, solicitando las correspondientes hipotecas. "Hemos pagado seis millones por la compra del solar, que era público, y no hemos recibido ninguna subvención; pagamos la construcción del edificio nosotros mismos soportando costes adicionales por el incremento de costes del material de construcción al tener que enfrentarnos a varios retrasos", apuntaron. "Se tiene que defender la presunción de inocencia. Quien lo haya hecho mal, que lo pague, pero que no se generalice", abundaron.
Como ya ha informado este diario, la controversia suscitada en torno a la identidad de los compradores de los pisos ha propiciado que se registren hasta cuatro denuncias en Fiscalía para que se dilucide la posible existencia de algún tipo de delito. Se trata de los escritos presentados por el grupo municipal del PSOE, por el equipo de gobierno, del Partido Popular, y de la Conselleria de Vivienda, que ya han motivado la apertura de diligencias preliminares de investigación. A esas tres denuncias se suma la presentada por la plataforma Sumar ante la Fiscalía Anticorrupción en Madrid, así como la denuncia trasladada por la misma plataforma a la Agencia Valenciana Antifraude.
Comparecencia del alcalde en pleno
Esta tarde se celebrará una sesión plenaria de carácter extraordinario en el Ayuntamiento de Alicante, a instancias de la solicitud registrada por PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem con el fin de que el alcalde, Luis Barcala, compareza y ofrezca explicaciones respecto al expediente de venta del solar municipal y el destino final de las viviendas construidas por la cooperativa Residencial Les Naus. Al tiempo, en esa sesión se debatirá la propuesta formulada por los mismos tres grupos políticos para que se constituya una comisión de investigación que permita determinar cómo se desarrolló ese proceso.
En concreto, en la solicitud de comparecencia del primer edil, se pretende que dé cuenta "de su actuación en relación a la enajenación de la parcela de suelo urbano sita entre la avenida del Historiador Vicente Ramos y otras perteneciente al patrimonio municipal para la construcción de vivienda de protección pública y que fue adjudicada a Residencial les Naus cooperativa Valenciana'". Que se explique "¿qué controles municipales se han aplicado dentro del ámbito de competencia de este ayuntamiento en el procedimiento seguido" para la enajenación de dicha parcela, así como "qué actuaciones municipales y mecanismos de control han sido aplicados o se aplican en relación con la participación de cargos públicos, personal directivo y técnicos municipales en procedimientos de promoción de vivienda pública sobre suelo municipal".
Además, la solicitud emplaza a Barcala a precisar si "existen más concejales o concejalas del equipo de gobierno o familiares directos o indirectos que han conseguido ser adjudicatarios de las viviendas de protección pública en la citada promoción de vivienda pública" y, por último, "cuántos trabajadores, independientemente de su relación funcionarial o no han conseguido ser adjudicatarios de las viviendas de protección pública" en esa promoción.
