ALICANTE. Pues no, no estaba decidido. El descenso en los despachos del Elche CF no estaba escrito. La deuda con la Agencia Tributaria estaba ahí y se había originado con el anterior consejo de administración que tenía a José Sepulcre al frente, pero el de Juan Anguix, apadrinado por la entonces alcaldesa de Elche, Mercedes Alonso, tuvo la oportunidad de pagar y con ello hacer que el expediente disciplinario 28/2014-15 que se había incoado al club tuviera consecuencias bien distintas, el primer equipo franjiverde siguiera compitiendo donde se lo había ganado deportivamente, en Primera División.

La tercera sesión del juicio que se sigue en la Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Alicante sobre el “pagaré trucho” (procedimiento abreviado 420/2022), ese documento que alguien falsificó y que concentró buena parte de la polémica ligada al citado descenso administrativo a LaLiga Hypermotion del primer equipo franjiverde en 2015, servía para confirmar la línea de defensa de los ya solo cuatro acusados de falsedad documental (como avanzó Plaza la semana pasada, la renuncia como acusación de José Sepulcre comportaba un cambio de la situación procesal de Jerónimo Pardo, quien esta miércoles declaraba en calidad de testigo y no acusado) y que el franjiverdismo sepa que si el consejo de administración que encabezaba Juan Anguix hubiese pagado (los 3,5 millones de euros que exigía la Agencia Tributaria para alcanzar un acuerdo de aplazamiento del resto de la deuda y la emisión del ansiado certificado positivo), el expediente disciplinario abierto el 16 de abril por la deuda en situación irregular con el fisco no habría terminado en una sanción de descenso. Vaya que, en contra de lo que muchos han sostenido estos 11 años, el citado castigo no estaba decidido de antemano, al ser reincidente el Elche en la desatención de sus obligaciones tributarias (era el tercer expediente que se le abría por ese motivo). Lo anterior quedó clarinete con la declaración del instructor del citado expediente, el letrado Javier Carneros, que recordaba que en los estatutos de LaLiga se contempla como agravante la reincidencia, pero que también hubiese sido una atenuante pagar en aquellos nefastos días, hasta el punto de decir que su pliego de cargos del 14 de mayo, al que quedaba vinculado el Juez Disciplinario, no hubiese contemplado el descenso de categoría (decretado por este último el 5 de junio). 

Huelga decir que coincidiendo con la declaración por videoconferencia de este abogado madrileño, la defensa de Anguix se esforzó una vez más en trasladar el mensaje de que la crisis económica en la que se hallaba instalada la entidad (se adeudaban, por ejemplo, el pago de hasta cuatro nóminas a los trabajadores, empezando por los futbolistas) no era achacable a su patrocinado, que la deuda no era ni por asomo la que se les había dicho y que, en consecuencia, "desconocía que el Elche estuviera en situación de preconcurso". También que las gestiones para conseguir el ansiado certificado positivo de la Agencia Tributaria, es decir, saldar la deuda inaplazable y alcanzar a continuación un acuerdo de aplazamiento respecto de la que sí lo era, fue lo único que movió a Anguix en el mes y medio en que trató de tender puentes con LaLiga y la Agencia Tributaria y contactó con Luis Sans y José María Garrido, ejecutivos de la consultora Weston Hill, para que le buscasen financiación.

El problema es que lo anterior se intentó hacer de una manera tan 'peculiar' (perdón por el eufemismo) que ha llevado al banquillo de los acusados para responder de la acusación de la comisión de un delito de falsedad documental a Anguix y a las personas que le acompañaron tanto al despacho de Javier Tebas como a las dependencias de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria a finales de mayo de 2015.