El secretario junto a Pérez en una imagen de archivo. Foto: RAFA MOLINA. BENIDORM. Que el departamento de Intervención del Ayuntamiento de Benidorm y el de la Secretaría General han tenido sus más y sus menos es sabido por los diferentes informes que se hido cruzando en los últimos años. Pero parece que las discrepancias no son cosa del pasado y el análisis del área de control económico municipal ha vuelto ha levantar ampollas. Entre otras cuestiones, en él denunciaban las diferentes actuaciones y formas de gestionar cuya tesis parte de no estar beneficiando al interés general, sino que el resultado podría haber favorecido a empresas. El secretario municipal ha respondido: mienten.
Como ya explicara este diario, un día después de pasar por pleno el análisis de Intervención, el alcalde, Toni Pérez, pidió a la Secretaría General que les informara sobre cómo actuar en función de lo descrito por ese documento, firmado por el interventor municipal, jubilado el pasado mes de agosto, y el interventor accidental, que ha sido el encargado de terminar el estudio que inició el primero.
Alicante Plaza ha tenido acceso a la contestación emitida el 11 de noviembre y que en su primer párrafo advierte que no va a entrar a valorar, "de momento, los errores, falsedades, mentiras e ilegalidades propuestas y contenidas con plena conciencia de las mismas por los funcionarios de Intervención".
Donde sí entra en materia es en los términos generales del análisis del control financiero, apuntando que el intereventor no lo entregó a tiempo ya que está estipulado que sea antes del 30 de abril. Además de que tiene que enviarlo a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Asimismo, y tal y como defendió en el pleno la edil de Hacienda, Aida García Mayor, señala que los aludidos en el texto no han podido responder a las valoraciones del interventor.
El PP de Benidorm encarga a Secretaría General un informe sobre las acusaciones de Intervención
"Uno de los principios fundamentales de todo sistema de control interno de legalidad presupuestaria, y del gasto e ingreso público, es el de contradicción", explica el secretario municipal. Así, reseña que el análisis son valoraciones extensas de una sola parte y puede confundir a la IGAE "si no se acompaña de las opiniones de los afectados". Por ello, una de las recomendaciones que plantea al alcalde es que requiera la contestación de "las personas y órganos citados, aludidos o imputados en el informe". Además, sentencia que hay que facilitar el acceso a la información de los que lo pidan ante "las graves imputaciones y acusaciones concretas". Menciona en concreto a los puestos vinculados a las áreas de Contratación, Recursos Humanos, Ingeniería, letrados municipales, Secretaría, Aguas y Residuos, Tesorería y Seguridad Ciudadana.
Asimismo, el texto pone énfasis en que el informe está firmado el pasado 5 de octubre de 2022, pasando por pleno el 9 de noviembre, habiendo sido remitido a la Secretaría General un día antes. "Todo sin audiencia de los órganos y personas afectadas", apostilla.
Con todo, informa que el alcalde tiene que elaborar un Plan de Acción para "corregir las deficiencias puestas de manifiesto en el Informe resumen y adoptar los medios y responsables encargados de ello" en un plazo de tres meses desde su aprobación en el pleno. Además, se le tiene que informar a Intervención sobre estas medidas, a la corporación y finalmente a la IGAE.
Al mismo tiempo, entiende la necesidad de encargar auditorías e informes sobre los aspectos "que han levantado el interés de los distintos grupos políticos, sindicatos del Ayuntamiento y de los medios de comunicación y por tanto de la ciudadanía a la que hay que informar con la máxima transparencia y prontitud en favor de los intereses públicos municipales". Así, considera que esto último lo han ido defendiendo desde Intervención "nefastamente" y "con errores y confusiones en los informes y reparos injustificados e ilegales a los órganos competentes con perjuicios multimillonarios".
